Para una parte de la opinión pública nacional e internacional, la crisis económica y humanitaria en la isla no tiene precedentes. Con ello coinciden organizaciones estadounidenses que demandan al Gobierno de Estados Unidos nuevas acciones o el cumplimiento de anteriores medidas para apoyar con carácter urgente al pueblo cubano.
El Centro para la Democracia en las Américas (CDA), el Cuba Study Group y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) publicaron el 5 de junio de 2023 una declaración conjunta sobre la profunda crisis de Cuba y la urgencia de una respuesta más integral por parte de Estados Unidos.
Las organizaciones solicitaron a la Administración del presidente Joe Biden que adopte nuevas medidas para mejorar la situación humanitaria en la isla, más allá de las proclamadas en mayo de 2022. En ese momento, se anunció la autorización otra vez de vuelos comerciales a provincias fuera de La Habana, la reanudación del Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano, el cese de trabas para el flujo de remesas y la ampliación del apoyo a empresarios y a viajes educativos.
Si bien las organizaciones señalan que el Gobierno de Cuba «es el principal responsable de la mala gestión económica y de las prácticas opresivas que han contribuido a esta crisis», también reconocen que el Gobierno estadounidense puede desempeñar un papel más constructivo en la mejora de la situación humanitaria en la isla.
Teniendo en cuenta la urgencia de la situación, CDA, Cuba Study Group y WOLA recomiendan aplicar soluciones políticas que garanticen una migración regional segura y ordenada, así como implementar las medidas anunciadas hace un año para aumentar el apoyo al sector privado.
En el área de migración, aconsejan reabrir la sección de refugiados de la Embajada estadounidense en La Habana y restablecer los visados de entrada múltiple de cinco años para no inmigrantes. «Una crisis de tal calado exige abordar tanto las deficiencias de la actual política de inmigración estadounidense como la promoción de medidas basadas en los derechos, incluido el acceso al asilo y la ampliación de otras vías legales de migración para las personas con necesidades de protección», apunta la declaración conjunta.
Sobre el apoyo al sector privado cubano, las tres asociaciones solicitan al presidente Biden aplicar en su totalidad las medidas anunciadas en mayo de 2022 que aún no se han concretado. Tal es el caso del acceso autorizado a tecnología en la nube ampliada, interfaces de programación de aplicaciones y plataformas de comercio electrónico; opciones de pago adicionales para actividades basadas en Internet y pagos electrónicos; negocios con empresarios cubanos independientes; así como microfinanciación y formación.
A pesar de que el Gobierno cubano ha emprendido reformas económicas como la legalización de pequeñas y medianas empresas privadas y la ampliación del abanico de actividades económicas para trabajadores por cuenta propia, las organizaciones denuncian que siguen vigentes numerosas restricciones a los vínculos entre empresas estadounidenses y cubanas.
También expresaron preocupación por la decisión de Estados Unidos de mantener a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. A inicios de mayo de 2023, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, descartó retirar a Cuba de la lista porque, dijo: «el régimen tiene una larga trayectoria de represión contra la sociedad civil y otros factores que hacen que siga dentro».
Sin embargo, las organizaciones señalan los obstáculos que conlleva la designación para el envío y entrega de ayuda humanitaria a la isla y para que los emprendimientos cubanos independientes puedan acceder a los servicios bancarios internacionales.
Otra limitante que resulta de la presencia de Cuba en la lista es la restricción para que ciudadanos extranjeros visiten el país sin perder su exención de visado estadounidense en virtud del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés). «Esta limitación afecta a los viajeros a Cuba procedentes de más de 40 países, incluidos Japón y todos los países de la Unión Europea, restringiendo los viajes y los intercambios con la isla. La Administración tiene la oportunidad de cumplir la promesa de iniciar una revisión oportuna de esta designación», agregaron.
La Declaración hace un llamado de atención a que, solo en los dos últimos años, alrededor del 3 % de la población cubana ha buscado refugio en Estados Unidos, fenómeno que continuará mientras la crisis siga sin resolverse. En vista de ello, consideran que la política estadounidense hacia Cuba debe contribuir a mejorar las condiciones sobre el terreno y evitar la aplicación de medidas restrictivas que aíslen e impongan una pesada carga a las familias cubanas sin abordar de manera eficaz la situación ni promover reformas democráticas.
«Los logros de la distensión de 2014 – 2017 bajo la presidencia de Barack Obama demostraron que Estados Unidos puede abordar las preocupaciones en torno a los derechos humanos, las condiciones humanitarias y las prácticas democráticas [y, a la vez,] apoyar al pueblo de Cuba mediante políticas, diplomacia y diálogo efectivo», afirma el texto.
En ocasiones anteriores, el Centro para la Democracia en las Américas, Cuba Study Group y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos se han pronunciado en conjunto sobre la situación de Cuba. En agosto de 2022, luego de la explosión de la Base de Supertanqueros en Matanzas, solicitaron al Gobierno estadounidense en un comunicado firmado junto a otras doce organizaciones «ayuda inmediata en caso de desastre, mayor cooperación bilateral y suspensión de las sanciones para apoyar al pueblo cubano».
Antes, en diciembre de 2021, WOLA y CDA publicaron el estudio «The United States and Cuba: A New Policy of Engagement», el cual proponía un relanzamiento en tres fases de los nexos entre ambas naciones que concluiría en una eventual normalización en todos los ámbitos.
A partir de un balance de los pasos dados por las Administraciones de Obama y Trump, se instó a que Washington tomara, de modo inicial y unilateral, una serie de acciones para disminuir —y más adelante eliminar— las sanciones económicas, mejorar las relaciones bilaterales y ampliar el intercambio turístico, cultural y estudiantil. Ambas asociaciones consideraban que una eventual normalización a través del compromiso alejaría al Gobierno de Cuba de la influencia y presencia de China y Rusia, promovería la realización de reformas internas y mejoraría la situación de la población cubana.
El temor sobre un mayor acercamiento chino y ruso por parte de las organizaciones ha cobrado fundamento en el actual contexto. La alianza económica y política de Cuba con Rusia se ha afianzado de manera considerable mediante una multiplicidad de convenios y acuerdos en diversas esferas.
Por otro lado, un artículo publicado en The Wall Street Journal el 8 de junio de 2023 asegura que China y Cuba han llegado a un acuerdo secreto para que la nación asiática establezca una instalación de escuchas electrónicas a Estados Unidos en la isla, según funcionarios estadounidenses familiarizados con información de inteligencia altamente clasificada. El viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, ha negado la veracidad de la noticia y la ha calificado de «información totalmente mendaz e infundada». La Administración de Joe Biden también aseguró que no tiene información de que Cuba haya acordado abrir un centro de espionaje chino en su territorio.
Pymes cubanas, entre tirios y troyanos
La declaración conjunta de las tres organizaciones estadounidenses publicada el 5 de junio de 2023 llega en medio de un contexto en el que actores de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba clasifican como falso sector privado al emergente conjunto de pymes que aprobara el Gobierno.
Un documento de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), la Liga de Campesinos Independientes y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur) señala que el poder en Cuba niega libertades económicas a quienes desean emprender negocios, a la vez que potencia a sus acólitos como propietarios de mipymes para «esquivar las sanciones internacionales al Estado cubano».
Las organizaciones independientes emplazan a la empresa Gaesa, que «consume la mayor parte del presupuesto en inversiones turísticas en medio de pandemias y hambrunas, pero no rinde cuentas por su gestión». También cuestionan al Gobierno por haber otorgado tierras en usufructo por 30 años a los rusos, según declararon altos funcionarios de Rusia, antes que liberar a los campesinos cubanos del acopio, el acoso fiscal y la prohibición de recibir inversiones o de comerciar sin intermediarios nacional e internacionalmente.
Varios activistas consideran socios y parte de la cúpula del poder cubano a los dueños y administradores de los nuevos negocios. Algunos casos expuestos han sido el de la primera pyme de Matanzas, Alimentos Alelí, apoyada por Gerardo Hernández, quien compartió la noticia en sus redes sociales y fotografías con sus dueños.
También se dio a conocer la existencia de una pyme de calzado en Camajuaní, Villa Clara, propiedad de Yoandy Riverón, conocido como el oficial Cristian de la Policía política. Riverón fue señalado por el periodista y activista cubano José Raúl Gallego como uno de los responsables del hostigamiento, acoso y expulsión de varios estudiantes y profesores de la Universidad Central de las Villas; entre ellos Karla Pérez González (2017), Dalila Rodríguez (2016-2017) y Javier Larrea (2018-2020).
Un artículo de ADN expone la existencia de vínculos estrechos entre pymes y entidades estatales cubanas como el Grupo Empresarial Flora y Fauna, que dirige el comandante de la Revolución Guillermo García Frías y su hija Loretta García; la presentación como emprendedores del oficial de la Seguridad del Estado Carlos Serpa Maseira y el agente infiltrado Carlos Vázquez González, conocido como Fernando; además del negocio Pepa by Pepa Blasco, una marca de moda infantil y prendas para adultos creada por Lourdes Dávalos, abogada que fue parte del equipo legal del Gobierno cubano en el juicio de Londres junto a su padre Rodolfo Dávalos.
La inquietud de actores de la sociedad civil incrementó luego de que empresarios y organizaciones económicas de Estados Unidos manifestaran nuevas intenciones de acercamiento comercial con Cuba. El 6 de junio de 2023 empresarios estadounidenses dialogaron en La Habana sobre las opciones para establecer negocios, intercambios científicos y de cooperación e instrucción en la isla.
El presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Antonio Carricarte, resaltó las potencialidades existentes para el empresariado cubano, estatal y privado, a fin de promover la exportación hacia Estados Unidos de productos como miel, café y carbón. Además, apuntó que se contempla recibir misiones comerciales en el futuro y la posibilidad de que las pymes puedan conectar con sus pares estadounidenses.
Por su parte, el representante de la fundación Hope for Cuba, Jorge Ignacio Fernández, dijo que la organización fomenta vínculos con empresarios interesados en comerciar con la isla y trabajar en la energía sostenible; mientras que el empresario estadounidense Mark Baum, vicepresidente sénior de Relaciones con la Industria y director de Colaboración del Instituto de Comercialización de Alimentos, expresó su interés por conocer el mercado cubano para determinar las áreas en las que puede colaborar.
Si bien existen casos de pymes en las que sus dueños son familiares o aliados de militares y élites políticas en Cuba, el economista Pavel Vidal considera que la afirmación de que sea la mayoría resulta una generalización sesgada, en tanto no existen datos ni fuentes de información objetivas que den cuenta de ello.
Las pequeñas empresas han sido objeto de diversas críticas de la ciudadanía por la tendencia a que la principal actividad que realizan en la actualidad sea la importación de productos y su posterior venta. Vidal ha señalado que «el sector de comercio también agrega valor; de hecho, es uno de los sectores que más peso tiene en el PIB de cualquier economía».
El economista advierte que «las pymes no causan la inflación, se tienen que adaptar a ella para poder garantizar la viabilidad financiera de sus balances y operaciones». Además, culpabilizar a las prácticas del sector privado por la descontrolada subida de precios desvía la atención del Gobierno y su desajustado manejo del presupuesto nacional.
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Jose Gonzalez