Una historia de:
La estructura liderada por militares y altos funcionarios cubanos, que maneja sectores importantes de la economía en la isla, se expande dentro del país y en el resto del mundo en negocios que sirven para evadir las sanciones estadounidenses y mover el dinero sin rendir cuentas a la ciudadanía.
urante los últimos 26 años, el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), un megaconglomerado de empresas pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, tuvo un solo líder: su presidente ejecutivo, el general de división Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Tras su muerte, el primero de julio de 2022, el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC) publicó: «Nos deja como legado un modelo de sistema empresarial que sirve de ejemplo al país, por haber demostrado su eficiencia».
Oficial de la Contrainteligencia Militar y exyerno de Raúl Castro. Era uno de los catorce miembros del Buró Político del Comité Central del PCC, diputado a la Asamblea Nacional y asesor del presidente Miguel Díaz-Canel. En 2020 fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Al momento de su repentino fallecimiento, Rodríguez López-Calleja, de 62 años, decidía y controlaba operaciones en el turismo, transportación marítima, fabricación de explosivos, agencias de viajes, inversiones inmobiliarias, administración de supermercados y tiendas minoristas, estaciones de gasolina, servicios financieros y de telecomunicaciones.
En Cuba, las decisiones políticas y económicas de mayor impacto son tomadas por un reducido grupo de dirigentes del Estado, y mantenidas en secreto incluso para la prensa, que es controlada por el Partido Comunista. Por eso, solo el círculo más cercano a la cúpula del poder sabe quién será la persona responsable de ocupar de manera definitiva el puesto de Rodríguez López-Calleja dentro del emporio.
La presencia y operaciones de Gaesa parecen no estar limitadas a las actividades comerciales al interior de la isla. Existen indicios de que se extienden al menos a once países. De acuerdo con los datos rastreados por esta investigación de elTOQUE y CONNECTAS, en bases de datos como las del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, OpenCorporates, Monetas, Dateas y los registros mercantiles de esas naciones, al menos 42 compañías que han sido creadas en las últimas décadas están representadas/dirigidas por funcionarios cubanos (o familiares de estos) con cargos o vínculos con el conglomerado empresarial militar.
Aunque no se sabe con exactitud la cantidad de dinero que controla Gaesa y cuál ha sido su impacto en el desarrollo económico de la isla, el porcentaje de su participación en la economía nacional podría llegar al 40 % del PIB, según el empresario y analista cubanoamericano Emilio Morales, autor de varias investigaciones que alertan sobre el desmedido poder económico del grupo empresarial. Morales también ha estimado que Gaesa, al menos cinco años atrás, tenía una participación del 90 % en el mercado minorista que operaba en dólares.
Desde su creación en 1995, las cabezas de Gaesa han buscado consolidar bajo un único paraguas el manejo de sectores claves para Cuba. Un buen ejemplo es el turismo, de donde provenían gran parte de los ingresos del país caribeño hasta el inicio de la pandemia de la COVID-19. En las últimas décadas, el conglomerado de los militares ha monopolizado las zonas de mayor rentabilidad y potencial turístico, y se ha garantizado el predominio del segmento de lujo con la absorción de hoteles como los de la extinta Habaguanex S.A., en La Habana Vieja, y el control de empresas que se encargan de la construcción de instalaciones turísticas.
Hoteles: punta de lanza en la apuesta económica de Gaesa en la isla
El 6 de mayo de 2022, a las 10:45 a.m., La Habana Vieja se estremeció tras un fuerte estruendo. Diagonal al Capitolio, en el hotel Saratoga, que se preparaba para reanudar operaciones tras la COVID-19, hubo una violenta explosión que ocasionó el derrumbe de gran parte del edificio, apenas cuatro días antes de la fecha pautada para su reapertura. Reportes oficiales indican que fue una fuga de gas la que causó la muerte de 47 personas y dejó lesionadas a otras 99, más afectaciones en 23 edificaciones y 37 familias que habitaban viviendas colindantes; se trata de la peor tragedia humana provocada por un accidente en el país desde la caída de un avión de Cubana de Aviación en 2018.
El hotel Saratoga parece ser una metáfora de la concentración del poder empresarial en manos del Gobierno cubano. Fue construido en el siglo XIX y se convirtió en uno de los hoteles más famosos de La Habana durante las primeras décadas del XX. Después de 1959, fue intervenido y pasó a manos del Estado. A principios de los 2000, el Gobierno de Fidel Castro se asoció con la compañía británica Coral Capital Group LTD. para transformar la edificación en un hotel cinco estrellas y reabrir al público en 2005.
Seis años más tarde, en 2011, y durante la presidencia de Raúl Castro, dos de los socios de Coral Capital fueron encarcelados por delitos económicos en un proceso poco transparente con incumplimientos a las garantías de los acusados; el Estado confiscó la parte extranjera como sanción accesoria a la privación de libertad. Según reportes de prensa oficial, en 2016, el hotel era administrado por una empresa mixta entre la compañía turística Habaguanex, de la Oficina del Historiador, y la entidad inscrita en Panamá Saratoga Resources S.A. Luego, con la absorción de Habaguanex por Gaesa en 2016, el Saratoga pasó a ser propiedad de Almest S.A. y a ser gerenciado por el Grupo de Turismo Gaviota S.A.
El caso del Saratoga es solo uno de los varios traspasos, compras y adjudicaciones que ha realizado Gaesa. En particular, en el sector turístico, en el cual el gigante cubano cuenta con 105 hoteles y villas por toda Cuba, lo que representa el control sobre el 48 % de las habitaciones que hay en la isla.
Una investigación realizada por elTOQUE y CONNECTAS en 2019 analizó el modelo de Gaesa para construir hoteles, el cual se basa en inversión nacional. Con dinero cubano, la inmobiliaria Almest S.A. construye hoteles y el Grupo de Turismo Gaviota le paga por el arrendamiento y mantenimiento de sus instalaciones. Ambas empresas pertenecen a Gaesa y tienen suscritos contratos de administración y comercialización con cadenas internacionales.
El grupo francés Bouygues Bâtiment International S.A. (BBI) es el principal socio extranjero de las inversiones de Gaesa en el proceso de construcción hotelera. Solo en 2022, la empresa francesa intervino junto con la constructora cubana Unión de Construcciones Militares (UCM) y la inmobiliaria Almest S.A. en más de 22 proyectos en el sector turístico, ubicados en diferentes puntos de la alargada geografía cubana. Según un boletín interno, desde 1999 hasta 2021, BBI entregó 51 hoteles en Cuba.
Durante 2021 las inversiones sobre el sector turístico en el archipiélago fueron de 863 millones 958 mil USD, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Por cada peso asignado a la industria azucarera, por ejemplo, se dispusieron 88 para el desarrollo de instalaciones turísticas. La relación de equivalencia respecto al sector agropecuario, uno de los más críticos en la isla que vive una sistémica crisis de alimentos, fue de 1 a 12.
En 2020, la tendencia fue similar. Mientras el discurso de los ministros y del presidente Miguel Díaz-Canel está repleto de llamados a «incrementar» y «promover» la producción de alimentos, los números ilustran otras prioridades.
Economistas cubanos como Pedro Monreal, consultor de la Unesco, han cuestionado con frecuencia la utilidad de nuevos hoteles y el desbalance en la asignación de presupuestos al turismo; sobre todo en plena pandemia, cuando el número de visitantes extranjeros había caído hasta un registro de 366 mil, apenas el 7.5 % de los que visitaron Cuba en 2018.
Además, Gaesa controla una parte del flujo de dólares por remesas que ingresan a la isla y que representó un 6.8 % del PIB de Cuba entre 2005 y 2020, de acuerdo con estimaciones de Pavel Vidal, doctor en Ciencias Económicas, profesor de Economía en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y exanalista del Banco Central de Cuba. Más allá de los acuerdos comerciales con grandes compañías internacionales, ese rubro es probablemente el que genera un mayor impacto del conglomerado sobre la vida de los cubanos de a pie, muchos de los cuales sobreviven gracias a las remesas que reciben de familiares en el exterior.
El negocio es redondo porque el dinero no llega a Cuba en monedas extranjeras, sino en un soporte electrónico que solo puede ser gastado en las tiendas minoristas, que también conforman el entramado de compañías que centraliza y administra Gaesa. Es decir, se beneficia por su participación intermediaria en la recepción de remesas a través de la Financiera Cimex (Fincimex) y luego por el gasto en la compra de bienes que hacen muchos cubanos con esos ingresos en las tiendas en MLC (moneda libremente convertible).
Para un universitario residente en La Habana, que prefirió no ser identificado, la situación actual de Cuba se define con dos palabras: precariedad y desesperación. Explica que las tiendas en MLC han profundizado aún más las divisiones de clase y no han suplido las demandas de los productos básicos. «Cada vez es más extrema la separación entre quienes pueden ingresar dinero en divisa y quienes no».
El control del dinero, y sus usos
Entre 2009 y 2010, Cimex —que hasta ese momento respondía al Ministerio del Interior— fue absorbido por Gaesa. En la transacción, también se llevaron consigo a la Financiera de Cimex, S.A. (Fincimex), una gestora que controlaba el procesamiento de las tarjetas internacionales Visa y Mastercard en la isla y que hasta 2020 —año en que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos— sostenía los acuerdos con Western Union para el envío de remesas.
Con ese negocio, Gaesa capturó la recepción de divisas de buena parte de la población por medio de las remesas que entran en moneda dura y se entregan a las personas en monedas locales, y monopolizó los comercios en los que se gastan. Para tener una idea más clara del panorama, Cimex abarca desde establecimientos minoristas (Tiendas Panamericanas) hasta estaciones de gasolina (Servi-Cupet), una red de cafeterías (El Rápido), tiendas fotográficas (Photoservice), una naviera (Melfi Marine), una inmobiliaria (Inmobiliaria Cimex).
Otra pieza valiosa dentro del conglomerado militar es el Banco Financiero Internacional S.A. (BFI) que desde 2016 pasó de forma discreta a manos de Gaesa. De esta manera, se aseguró el control de las transacciones de las empresas y personas jurídicas extranjeras que comercian con Cuba o invierten en negocios en la isla, fuera de la supervisión del Banco Central de Cuba.
Además, al absorber el BFI, Gaesa se aseguró las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones S.A. (Etecsa) que correspondían al banco, controlando el 44.246 % del capital de la compañía de telecomunicaciones. Esta no solo tiene el monopolio sobre los servicios de telefonía e Internet, sino que también controla el negocio de las recargas telefónicas que hacen cubanos en el exterior a sus familiares en la isla.
Al ser un importante accionista de Etecsa, Gaesa continúa controlando una parte y beneficiándose de los millonarios ingresos en dólares que llegan a Cuba por este concepto. No existen cifras oficiales, pero según los cálculos de una investigación de Yucabyte y CONNECTAS, unos 1.440 millones de USD entran cada año al país por envíos de recargas telefónicas.
Pero el dominio de Gaesa no queda allí: se extiende a las actividades relacionadas con la importación y exportación de productos a través de empresas como Tecnotex, Tecnoimport, Cubagro y Ecasol. Por medio de Almacenes Universales S.A. (AUSA), el conglomerado está a cargo de la administración de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), la primera zona en Cuba sujeta a regulación especial para fomentar la inversión extranjera.
En 2011, López-Calleja fue nombrado al frente de la Comisión del Gobierno para la atención a la ZEDM. Este es, presumiblemente, el proyecto de inversión estatal más ambicioso realizado en décadas. Tras la muerte de su exyerno y hombre de confianza para los negocios, el general Raúl Castro recorrió la Zona, y en un claro intento por transmitir tranquilidad a los actuales y potenciales inversores, aseguró que, la Zona Especial: «va caminando, hay mucha más experiencia, va bien y haremos todo el esfuerzo para que siga así». Pero lo cierto es que no han logrado ponerla en marcha por completo.
El negocio enredado de la ZEDM
La construcción de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM) se remonta a 2009, cuando inició la rehabilitación del puerto de Mariel, que cuenta con una extensión de 465 km cuadrados, y que requirió de una inversión inicial de 862 millones de USD. Luego, en 2013, se autorizó la creación de la ZEDM por medio del Decreto Ley 313 aprobado por el Consejo de Ministros.
El objetivo de esta zona era diversificar e impulsar la economía cubana con el aporte del capital extranjero, la sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones. Sin embargo, al día de hoy continúan los retrasos en el inicio de las operaciones de empresas cubanas, extranjeras y de capital mixto. En la actualidad solo operan 36 de los 62 negocios aprobados. El monto total de esas inversiones se calcula en más de 3 mil millones de USD, de los cuales más de mil millones han sido ejecutados. Según las cifras oficiales se han generado 15 mil empleos.
La promesa incumplida de la ZEDM ha tenido muchos cuestionamientos dentro y fuera de Cuba. Según una investigación de CONNECTAS, la construcción fue posible gracias a la generosidad brasileña con el Gobierno cubano, que entonces mantenía buenas relaciones con su equivalente en el Palacio de Planalto, en Brasilia. De hecho, los recursos provinieron de un cuantioso préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, de naturaleza pública. La construcción estuvo a cargo de la empresa brasileña Odebrecht.
Pero cuando Jair Bolsonaro llegó al poder en 2018 ordenó una investigación sobre el préstamo del BNDES, canceló el programa «Más médicos», a través del cual cerca de 8 000 médicos cubanos prestaban servicios en Brasil. Este negocio representaba un ingreso millonario para el Gobierno de La Habana, que además fue interpelado por los pagos retrasados del préstamo recibido para levantar la ZEDM. Hoy, Cuba debe a Brasil 420 millones de USD.
La falta de transparencia y las restricciones de las instituciones cubanas a los inversionistas, junto con las sanciones de Estados Unidos a Gaesa, han sido parte de los obstáculos para el desarrollo de la ZEDM, que prometía ser uno de los motores de la economía cubana.
Si bien Gaesa desde su constitución ha tenido control sobre sectores importantes de la economía, fue en 2009 cuando el conglomerado recibió una sustancial inyección, en el marco de una serie de reformas económicas y sociales impulsadas por Raúl Castro —quien había sustituido a su hermano Fidel en la presidencia, de manera oficial, un año antes—. Mientras, en la isla comenzaron a experimentarse aperturas en el sector no estatal y los cubanos fueron autorizados a comprar y vender casas, entrar en hoteles y poseer teléfonos celulares —aspectos de la vida cotidiana hasta entonces prohibidos—,Gaesa se repartía los restos de la disuelta Corporación de Comercio y Servicios Cubalse S.A. El «botín» incluía comercios minoristas y mayoristas, infraestructura de compras, transporte e, incluso, las oficinas de Cubalse en el extranjero.
«El monopolio económico que han logrado a través de la formación del conglomerado Gaesa los ha convertido en personajes que se ocultan y se diferencian, cada vez más, del pueblo cubano», opinan vía correo electrónico las politólogas Laura Tedesco, profesora de la Universidad de San Luis, Campus Madrid, y Rut Diamint, de la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires.
Las expertas explican que la concentración de poder económico de Gaesa comenzó cuando Fidel Castro otorgó a los militares de las Fuerzas Armadas el poder sobre el comercio o las inversiones relacionadas con la entrada de divisas, durante la crisis ocasionada por el derrumbe de la Unión Soviética llamada «Período Especial». En ese momento, Raúl Castro era el ministro de las FAR.
«Parte de la producción agrícola y los sectores económicos que garantizaban la entrada de divisas fueron transferidos a las FAR, mientras su presupuesto estrictamente militar se reducía en un 60 %». A partir del Período Especial, pasaron a administrar sectores como el turismo y el mercado interno de divisas (las tiendas de recaudación de divisas y las casas de cambio), agregan las estudiosas de las fuerzas armadas latinoamericanas.
A mitad de 2016,El Nuevo Herald identificó al menos 25 compañías vinculadas con el Gobierno cubano y registradas en refugios fiscales de países como Bahamas, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. El nacimiento de algunas de estas empresas se remontaba a inicios de los años noventa. Aparecieron varios nombres vinculados con la alta esfera del Partido Comunista y la familia de los Castro. Entre ellos, Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, hermano del recién fallecido presidente de Gaesa, quien figuraba en el registro de siete compañías.
Si bien en aquel entonces parecía que una buena parte del entramado de offshore vinculadas —directa o indirectamente— con el Gobierno cubano había quedado expuesta, lo cierto es que la filtración de 2016, solo fue «la punta del iceberg». El Nuevo Herald y otros medios han visibilizado en los últimos años otro grupo de empresas offshore.
elTOQUE y CONNECTAS sistematizan en esta investigación las empresas registradas en el exterior de la isla y vinculadas de algún modo a Gaesa, varias dirigidas por funcionarios cubanos, entre quienes resaltan un coronel y una viceministra. Estas compañías se caracterizan por estar registradas en países con normas flexibles en materia tributaria y mercantil; en algunos casos las denominaciones son similares y la información pública sobre sus propietarios y gestión financiera es casi nula. Como generalidad no poseen sitios web ni redes sociales. El entramado parece soportarse en dos razones: el control de la economía al interior de Cuba y la evasión de las sanciones estadounidenses, que superan las cinco décadas.
Funcionarios cubanos, empresarios globales
Algunas de las compañías presuntamente vinculadas con Gaesa en el exterior son lideradas por altos funcionarios y militares cubanos. De acuerdo con la base de datos de OpenCorporates, la Corporación Cimex fue registrada en Panamá como sociedad anónima el 17 de mayo de 1979. Sumando directores, suscriptores, apoderados y secretarios, la compañía, aún activa, cuenta con más de una docena de representantes en su mesa directiva. Entre ellos, destacan tres altos funcionarios del Gobierno cubano: Héctor Oroza Busutil, coronel y presidente de Cimex; Leticia Morales González, viceministra primera de Economía y Planificación; y Mali Suris Valmaña, directora de Asistencia Legal de la corporación. En la lista de directivos también resaltan Adelina Chavarría de Estribi y Pablo Javier Espino: dos panameños conocidos como empresarios de papel por figurar en miles de registros de compañías en Panamá.
Mali Suris Valmaña, quien comenzó en el puesto directivo en 2012, según una declaración legal enviada a la Corte de los Estados Unidos, está vinculada con el registro de siete empresas en Panamá, una en Malta y una en Curazao. La viceministra Morales, por su parte, ostenta el cargo de presidenta en la compañía Servinaves Panamá, S.A. Héctor Oroza aparece como director, presidente o representante legal de otras seis empresas, además de Cimex, en Panamá, de las cuales una fue disuelta.
Otro nombre que salta es el de Ana Teresa Igarza Martínez, exdirectora jurídica de Gaesa, miembro de las Fuerzas Armadas, diputada a la Asamblea Nacional y directora general de la ZEDM. Igarza fue la directora general de Universal Trade And Management Corporation (Utisa S.A.), una empresa con sede en Panamá y que, en los registros actuales, aparece como «disuelta». Hasta 2013, Utisa era accionista del monopolio de las telecomunicaciones de Cuba, Etecsa.
Guillermo Rodríguez López-Calleja, el hermano del general de división quien dirigía Gaesa, figura como miembro del consejo de administración de Acemex Management Company Limited y de Gilmar Project Finance Establishment; ambas empresas registradas en Liechtenstein en 1984 y activas en la actualidad, según la base de datos suiza sobre empresas y personas.
Acemex y Gilmar realizan negocios marítimos y financieros y tienen licencias en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. Aparecer en esta lista de empresas extranjeras autorizadas para hacer negocios con entidades cubanas evidencia que las compañías mencionadas cuentan con la venia y la aprobación del Gobierno cubano. Sobre todo, cuando ciudadanos cubanos figuran en sus órganos de dirección.
No existen mecanismos transparentes que definan las formas y los requisitos para lograr la inscripción de empresas extranjeras en el Registro. La discrecionalidad impera en ese tipo de decisiones que están transidas, además, por filtros y autorizaciones adicionales de los servicios de contrainteligencia. Tras ser contactada para esta investigación, Gilmar Project Finance Establishment negó estar vinculada con Gaesa.
Guillermo Rodríguez López-Calleja participó también en la creación y tuvo cargos directivos en los registros de otras tres compañías, aún activas, ubicadas en ese Principado, todas suscriben igual dirección fiscal y fueron creadas por el mismo despacho de abogados. Otro factor común entre estas compañías controladas por el hermano de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja es que, en su administración actual o previa, aparece el nombre de Andrés Ernesto Muñoz Campos, un cubano residente en La Habana de quien no existe más información pública, pero quien es representante o directivo de, al menos, otras cuatro empresas inscritas en Panamá e Islas Vírgenes Británicas y relacionadas con el transporte marítimo: navieras o agencias.
López-Calleja y Muñoz Campos también fungieron como directores de otra compañía en Chipre que está inactiva desde 2021, pero mantiene una sucursal con igual nombre en Hong Kong. El hermano del fallecido presidente de Gaesa es beneficiario final de otra empresa en Reino Unido dedicada al negocio naviero, Anglo-Caribbean Shipping Co. Limited. Varias de estas empresas fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Fijos de Estados Unidos por ser titulares de embarcaciones que transportaban petróleo de Venezuela a Cuba.
En su momento, El Nuevo Herald reveló que, Guillermo Rodríguez López-Calleja, encabeza una compleja red de navieras y empresas marítimas offshore. Acemex Management Company Limited es una empresa paraguas que engloba a otras compañías.
Más allá del vínculo familiar, el exagente de la Contrainteligencia cubana, Delfín Hernández, declaró a El Nuevo Herald que Guillermo [Rodríguez López-Calleja] manejaba «todo lo que tiene que ver con la marina mercante, el transporte marítimo y la carga para las compañías de Luis [Alberto Rodríguez López-Calleja]».
De acuerdo con una publicación de ADN Cuba, Ania Guillermina Lastres Morera, coronel de las Fuerzas Armadas, vicepresidenta primera de Gaesa, diputada y miembro del Comité Central del Partido Comunista, quien ha tenido propiedades y cargos en empresas de Panamá y Reino Unido, tiene «un significativo control» y es poseedora del 75 % de las acciones de la compañía Allicom Limited, según la Declaración de capital. Se trata de una sociedad anónima privada dedicada a las telecomunicaciones constituida en Londres en 2019, cuando iniciaban las nuevas sanciones de Estados Unidos. Allicom, además, es dirigida por Yoel Calzadilla, un alto funcionario en el monopolio estatal Etecsa, del que Gaesa participa como accionista.
Los directivos de compañías extraterritoriales vinculadas a Gaesa, que a su vez ocupan cargos gubernamentales o en empresas estatales cubanas, no son del conocimiento público. Sus nombramientos en empresas offshore a lo largo de varios años, no aparecen en los medios de prensa controlados por el Partido Comunista.
De acuerdo con el profesor y jurista Jorge Picón, «el ocultamiento de la identidad de funcionarios públicos o de empresas estatales mediante el uso de estructuras offshore, no solo es malo para un país, sino para la persecución de la corrupción en todo el mundo».
Gaesa en Angola y China
La presencia offshore de Gaesa supera los límites de Occidente. A través de Antex S.A., Cuba ofrece servicios turísticos con una agencia de viajes en Luanda y exporta mano de obra científica y académica a Angola desde hace 32 años.
Varias notas de prensa de la Cancillería cubana confirman que Antex cuenta con la venia del Gobierno cubano y que sus representantes en el país africano son frecuentes en los intercambios diplomáticos y comerciales. La construcción civil y las obras públicas, incluida la rehabilitación de la red vial y edificios, y la construcción de fábricas en la Zona Económica de Luanda son otras vertientes de las relaciones mercantiles entre ambos países.
Sin embargo, en 2021 Angola canceló el contrato de 77 millones de USD con la filial de Antex y su empresa Imbondex Construcciones y Materiales de Construcción S.A. por incumplir un acuerdo: nunca inició la construcción de 283 km de carreteras y 375 metros de puentes en la provincia Bengo. En declaraciones a la prensa local, el presidente João Lourenço habló de favoritismo en ese negocio y lanzó de inmediato a concurso público las obras. De acuerdo con registros de Import Genius, Imbondex compra mercancías en Rusia, pero a través de la figura jurídica registrada en Luanda como Antex Angola Prestación de Servicios S.A., con oficina en el norte de la capital angolana.
Las filiales de Gaesa habían obtenido el contrato para la construcción de carreteras en Bengo en 2017 por una orden presidencial de José Dos Santos, viejo aliado de los cubanos desde que sucedió a Agostinho Neto en 1979. Este había sido beneficiado por la intervención de Fidel Castro en la guerra civil angolana a favor del Movimiento Popular de Liberación de Angola. Tras 38 años en el Gobierno, la familia Dos Santos era una de las más ricas de África; el recientemente fallecido expresidente dimitió en 2017 en medio de un escándalo de corrupción, protagonizado por su hija, quien fue acusada por presuntos delitos de fraude, desvío de fondos públicos y blanqueo de dinero.
En fechas más cercanas, las visitas de diplomáticos de ambos países demuestran que las relaciones económicas continúan. Con Antex como intermediario, Cuba ha invertido en la Zona Económica Especial Luanda-Bengo, sobre todo en una fábrica de helado y yogur que comercializa la marca cubana Coppelia. En febrero de 2022, el ministro de Estado de Angola, Adao de Almeida, en una visita a la isla recorrió la Zona Especial de Desarrollo Mariel y fue recibido por la directora, Ana Teresa Igarza.
En China, el emporio cubano tiene presencia a través de una oficina de representación de Almacenes Universales S.A. en el Shenzhen International Trade Center, del conocido distrito comercial Luo Hu, en la ciudad de Shenzhen, Guangdong. La web Made-in-china.com, destinada a conectar vendedores con proveedores en el mercado chino, documenta que la subsidiaria de Gaesa «tiene la representación oficial de Cuba en China para comprar todo tipo de productos que le interese al Ministerio de las Fuerzas Armadas y [el Ministerio] del Interior».
La estrategia es igual a la que han utilizado conglomerados en todo el mundo para ocultar capitales. Así lo explica Graham Barrow, investigador británico y director del proyecto The Dark Money Files. «Es posible encontrar compañías que parecen estar vinculadas en muchas ubicaciones diferentes, porque desde el punto de vista de la aplicación de la ley, cuantos más países hay en la red, más difícil es para cualquier agencia, en cualquier parte del mundo, investigar. Se necesitaría la cooperación con otras agencias de aplicación y muy a menudo estos países no siempre se llevan bien entre sí. Así que se dificulta la cooperación».
El abogado e investigador de paraísos fiscales Jorge Picón explica que, si bien las compañías extraterritoriales tienen diversos usos lícitos —debido a «la falta de transparencia» en muchas de las jurisdicciones—, estas «han sido utilizadas durante décadas para ocultar la identidad de los dueños y, a la vez, el origen ilícito (corrupción, narcotráfico, entre otros) del dinero».
Para la historiadora cubana y doctora en Ciencias Filosóficas, Alina López Hernández, aunque Gaesa tuvo su origen dentro de la vida militar, se han ido creando estrategias, a través de legislaciones internas, para no tener siquiera que responder ante el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior (Minint) o ante la presión popular.
La falta de transparencia en altos niveles, así como la opacidad con la cual se manejan propiedades presuntamente públicas, promueve la corrupción y sirve a los intereses muy particulares de una élite o petit comité, como diría López Hernández. Un grupo selecto dentro del Partido Comunista que se está blindando para, llegado un futuro cambio, estar presente en las instituciones que, en teoría, dirigen al país.
«Para la sociedad civil cubana es básico desarmar el oscuro sistema de control de la economía en manos de Gaesa», agrega la también ensayista Alina López Hernández, quien lo define como un megamonopolio que no tiene sentido en un país que se dice socialista.
elTOQUE y CONNECTAS enviaron 68 solicitudes de entrevista, vía correo electrónico o a través de formularios en sitios web, a las compañías y funcionarios mencionados en este reportaje. Hasta la fecha de publicación del especial, solo cuatro de las comunicaciones fueron contestadas.
Gaesa se reinventa
Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017, se dio marcha atrás al período de flexibilización de las sanciones a Cuba tomadas durante el Gobierno de Barack Obama. A lo largo de los cuatro años del mandato de Trump se cancelaron cruceros, restringieron vuelos comerciales, se sancionó a una extensa lista de entidades hoteleras, restaurantes y empresas estatales vinculadas con Gaesa.
Sin embargo, pese a las medidas de Washington, el dominio de Gaesa continúa, se reinventa en cada uno de los sectores que controla y los negocios siguen en expansión.
En el sector turístico, la construcción de hoteles bajo su control no ha parado, a pesar de la caída del turismo por las medidas globales debido a la COVID-19. Aunque las proyecciones de visitantes internacionales que ha hecho el Gobierno cubano para 2022 se cumplieran,más del 50 % de las habitaciones hoteleras existentes en la isla quedarían vacías. Incluso ante este panorama, la construcción de nuevas habitaciones continúa. A finales de mayo, Bouygues Bâtiment, la compañía francesa y partner de Gaesa para la construcción de instalaciones en Cuba, entregó un nuevo hotel cinco estrellas llamado «Regis», en La Habana Vieja.
Lo mismo ocurre con el sector portuario y la apuesta de la ZEDM. A pesar de que aún no cumple con los objetivos planteados, Gaesa sigue apostando por los negocios en la zona. También, de la mano de la Bouygues, levantan allí la Cervecería Bavaria. La obra contará con cuatro edificios y producirá 100 millones de litros de cerveza al año, según un boletín interno de la compañía.
Gaesa mantiene además el control del ingreso de las remesas en Cuba, ahora en forma de dólar bancario. Luego de la prohibición en 2020 del envío de remesas a través de la plataforma estadounidense Western Union a la isla con su equivalente cubana Fincimex —una de las filiales de Gaesa que fue sancionada—, la plataforma digital AIS Remesas, que hasta ese momento servía para depositar remesas en tarjetas en moneda libremente convertible —la que desde 2019 se usa en Cuba para adquirir productos en las tiendas controladas por los militares—, comenzó a redirigir a los clientes a la plataforma Tocopay, que pertenece a la empresa MAF SERVICIOS INTEGRALES SL domiciliada en Bilbao, España.
Aunque no se conocen los detalles del vínculo entre Tocopay y Fincimex, publicaciones en las redes sociales de Fincimex, en las cuales promocionan nuevas ofertas y responden a dudas de usuarios de Tocopay, demuestran una relación comercial entre Gaesa y esta nueva vía para el envío de remesas a Cuba.
Así, con la entrada en vigor de las nuevas medidas por parte de la Administración Biden, el pasado 9 de junio de 2022, entre ellas la que elimina el límite trimestral de 1 000 USD en el monto de remesas que pueden enviar familiares y amigos a cubanos desde Estados Unidos, los militares continuarán el llenado de sus arcas.
El emporio también sigue expandiéndose fuera de Cuba. Un ejemplo de sus actividades extraterritoriales fue el registro en Reino Unido en 2019, año de las más recientes sanciones estadounidenses, de la empresa de telecomunicaciones Allicom Limited, en cuya acta constitutiva aparece una actual funcionaria de Gaesa.
En 2020, dos nuevas empresas con directivos que poseen vínculos con Gaesa fueron creadas en el Principado de Liechtenstein. Cada una contó con un capital de 50 000 EUR, según las bases de datos Moneyhouse y Monetas. En el Consejo de Administración actual o fundacional de ambas, aparecen ciudadanos cubanos que han dirigido empresas navieras en el extranjero junto a Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, graduado de la Academia Naval de Cuba y hermano del expresidente del emporio militar. En particular, una de estas compañías, Aquarius Bulkcarrier Shipping Co. Ltd., comenzó a administrar en 2021 buques que antes pertenecían a otra naviera cubana registrada en ese principado.
Pero la opacidad sigue siendo la pauta en todo este entramado comercial fuera de la isla. Tras la publicación de los «Papeles de Panamá», una fuente anónima citada por El Nuevo Herald aseguró que «el Gobierno cubano comenzó la incorporación de empresas, barcos y aviones en Panamá y otros países para evitar reclamaciones por juicios en cortes estadounidenses y burlar el embargo». Es decir, utilizaban las offshores para realizar transacciones internacionales en dólares, prohibidas hasta marzo de 2016, cuando bajo la presidencia de Barack Obama se permitió a ciudadanos e instituciones cubanas usar el dólar estadounidense en transacciones internacionales a través de bancos de ese país.
Para el experto Jorge Picón, no existen condiciones que justifiquen la falta de transparencia de un Gobierno en cuanto a la creación y funcionamiento de compañías extraterritoriales del Estado o sus funcionarios. «Un Gobierno no debe ocultarse a través de estructuras offshore y, ciertamente, las jurisdicciones utilizadas para estos fines deben tomar medidas para develar el potencial uso ilícito de sus estructuras», dice.
Tampoco es clara la influencia de este entramado empresarial internacional en el crecimiento económico de la isla ni sus empresas logran garantizar que gran parte de la población disfrute de bienes y servicios básicos. Para el economista Miguel Hayes, por el contrario, con la existencia de Gaesa y las condiciones en las que opera «se está deformando más una economía deformada, en cuanto a estructuras y prioridades de inversión».
«En vez de invertir en infraestructura e, incluso, capacitación en el sector agrícola, por ejemplo, modernización de la producción de alimentos, importación de insumos…; mientras se deja de invertir en todo eso para destinar el dinero a infraestructura hotelera, básicamente, se crean condiciones para un proceso inflacionario», agrega Hayes, miembro del Consejo Deliberativo del think tank Cuba Próxima.
Por esa razón, algunos especialistas expresan dudas respecto al manejo de la economía que hacen los militares cubanos. Pero en muchos sentidos, como con la muerte de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, el presidente ejecutivo de Gaesa, es difícil conocer a ciencia cierta si es apropiado el manejo que se da a los millones de dólares que mueven, o si la intrincada «matrioshka» de empresas al interior y exterior está pensada solo para circunnavegar las sanciones de Estados Unidos o tiene otros fines más turbios, como ocultar el origen del dinero y su verdadero destino.
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