La jueza Sara Cockerill rechazó autorizar el recurso de apelación que presentó el Banco Nacional de Cuba (BNC) en su disputa legal con el fondo inversor CRF I Limited (CRF I Ltd). 

Según un comunicado que emitió el fondo inversor —publicado en el sitio de análisis Cuba Trade—, la decisión representa un gran avance para CRF I Ltd y limita las opciones defensivas de Cuba en el caso.

Pero, ¿por qué la jueza que resolvió el litigio en enero de 2023 puede negar la apelación de Cuba? ¿Qué significa la decisión para los efectos prácticos?

Por regla general, es un derecho de los litigantes acceder a una segunda instancia que reconsidere y reevalúe la decisión de un Tribunal inferior. No obstante, el derecho no es ilimitado en la totalidad de las jurisdicciones y en algunas, como en la inglesa (escogida por CRF I Ltd para litigar el asunto), tiene reglas especiales.

En primer lugar, la ley inglesa reconoce que quien pretenda apelar una decisión de un juez de un High Court (como es Sara Cockerill) deberá —salvo algunas excepciones no aplicables en este caso— pedir permiso para que la apelación sea escuchada por un Tribunal superior. O sea, de acuerdo con la ley inglesa, las apelaciones no son resueltas de manera automática por una Corte superior luego de ser presentadas, sino que requieren un análisis de mérito previo para decidir si existen argumentos sólidos para que una Corte de mayor jerarquía dedique tiempo a analizar el caso.

La ley inglesa reconoce, además, que la solicitud de apelación puede presentarse ante el Tribunal que tomó la decisión que se pretende apelar o directamente ante el Tribunal superior mediante un «aviso de apelación». De acuerdo con la nota de prensa que liberó CRF I Ltd, los representantes del Banco Nacional de Cuba decidieron presentar la solicitud de apelación ante la Corte que resolvió el asunto; por esa razón, es Sara Cockerill quien ha negado la solicitud de apelación formulada por los representantes cubanos.

¿QUÉ VIENE AHORA?

A pesar de que, como afirma CRF I Ltd en su comunicado, la decisión de Cockerill «significa un importante paso adelante para CRF I Ltd que limita las opciones defensivas de Cuba y mejora de manera significativa la posición de CRF I Ltd en el caso», no necesariamente significa un bloqueo absoluto de la posibilidad del BNC para lograr que su apelación sea escuchada en una Corte de mayor jerarquía.

El ordenamiento procesal inglés permite que cuando una solicitud de permiso de apelación sea rechazada por el Tribunal inferior, el interesado presente una solicitud adicional de permiso para apelar directamente ante el Tribunal superior.

Se trata de una opción que todavía le resta por explorar a Cuba, aunque hasta la fecha no hay confirmación de que lo hará. El impulso de cualquier acción legal de este tipo es costoso. Mediante el comunicado de CRF I Ltd también se conoció que la parte cubana ha pagado al fondo los costos relacionados con el proceso, los cuales superan los tres millones de dólares, de acuerdo con la sentencia derivada del juicio que se celebró en Londres entre el 23 de enero y el 2 de febrero de 2023.

No obstante, la decisión de Cockerill de negar la apelación de Cuba es otra muestra de su convencimiento de que el fallo que tomó es ajustado a Derecho. La ley inglesa reconoce que solo se podrá otorgar derecho a una apelación cuando tenga reales posibilidades de éxito o exista alguna otra razón convincente. La ausencia de ambos elementos fue ratificada categóricamente por Cockerill cuando tomó la decisión que ha sido publicada en las últimas horas.

Juicio contra Cuba en Londres: ¿qué implica el fallo de la jueza y qué viene ahora?

La jueza británica Sara Cockerill dio a conocer el 4 de abril de 2023 su decisión sobre el juicio celebrado contra Cuba en Londres. Al comunicar el fallo dijo: «CRF ha ganado contra el BNC, pero al mismo tiempo ha perdido contra Cuba».

El bloqueo de la posibilidad de apelación a la parte cubana podría acelerar el inicio de un proceso de ejecución de la sentencia o de cobro de la suma adeudada. El proceso de ejecución podría ser tortuoso, en tanto implicaría negociar con un banco carente de recursos (como el Banco Nacional de Cuba) o señalar los bienes que posea y que puedan ser susceptibles para que una Corte inglesa los embargue.

En cualquier caso, la decisión implica otro revés en el afán del Banco Nacional de Cuba de librarse de una deuda evidente y acumulada a partir de la decisión de las altas autoridades cubanas de declararse en default por más de 20 años. El proceso judicial, iniciado hace algunos años por CRF I Ltd en contra del Estado cubano y su Banco Nacional, también ha demostrado ser una especie de muestrario o experimentación para guiar otros casos judiciales futuros dirigidos a litigar o reclamar la billonaria deuda externa cubana.

Una muestra de lo anterior es que en el comunicado de CRF I Ltd también se insiste en la idea de que el Banco Industrial y Comercial de China (a través del ICBC Standard Bank), que es el custodio de los activos cubanos de CFR I Ltd, ha emprendido una acción legal sin precedentes contra Cuba por un valor aproximado de 1 100 millones de euros con el objetivo de proteger los intereses del fondo inversor.

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