Tras décadas de que el Gobierno de La Habana desangrara el dinero y la energía de los emigrantes haciéndole pagar precios altísimos por un pasaporte que para poco sirve, ha decidido «hacerse el bueno».

El 16 de mayo de 2023 el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció un paquete de medidas —las cuales, por cierto, no están legisladas— que, dicen, tiene como objetivo facilitar el retorno de cubanos exiliados a Cuba y su participación en la vida socioeconómica y política de la isla.

Los diez años de vigencia que ahora tendrá el pasaporte (para mayores de 16 años), la eliminación del requisito de prórroga cada dos años y la fijación de un arancel único no son bondades ni favores que hace el Gobierno cubano. Además, se trata de modificaciones que siempre estuvieron al alcance de su mano y que fueron exigidas (e ignoradas) durante años.

Aun así, las medidas (que son justas y necesarias para cesar la explotación y la sinvergüenzura) no garantizan ni protegen los derechos de los cubanos emigrados.

Pocos días antes del anuncio de las nuevas medidas migratorias, las autoridades cubanas publicaron la última versión del proyecto de ley de comunicación social. La norma debe aprobarse el 25 de mayo de 2023.

Con la puesta en vigor del proyecto se restringirá (aún más) la facultad de la ciudadanía para exigir información pública; se limitarán (aún más) los contenidos que pueden ser difundidos; y se controlará (aún más) el financiamiento de la prensa estatal. Ah, y pronto en los medios de prensa de la isla pululará una cosa llamada «publicidad socialista».