Julio Antonio Fernández Estrada ha creado una obra sin precedentes para quienes deseen conocer el sistema jurídico cubano. Le tomó más de un año de trabajo y jornadas de hasta 14 horas elaborar el Glosario de los términos jurídicos más usados en el país. El material de consulta aparece en Legalis, una herramienta de acceso fácil a la legislación de Cuba.

La manera en que el compilador describe el deleite y la dedicación con que releyó la normativa vigente para seleccionar los conceptos y elaborar otros da fe de su vocación humanista y su ahínco por ofrecer un trabajo que aporte conocimiento y orientación a la ciudadanía.

Al concebir el «catálogo de palabras de una misma disciplina» —según la definición de glosario de la Real Academia Española—, el profesor y jurista partió de la premisa de que el Derecho debe ser público: «no existe Derecho secreto ni la posibilidad de que una normativa sea válida si no es conocida por todos». En un Estado burócrata y autoritario como el cubano, en el que la ley ha sido violada y manipulada, el conocimiento es el primer paso para el cambio.

De acuerdo con su experiencia de búsqueda de información en el campo, Fernández Estrada reconoce que ha encontrado obstáculos para acceder a la legislación cubana de los años sesenta, setenta y de otras épocas en que se publicaban anuarios y resúmenes legislativos útiles para los estudiosos del Derecho y que poco a poco se hicieron inaccesibles.

«Hubo un reto adicional, que es menos conocido —cuenta—. Hay mucha normativa en Cuba que no se sabe de qué trata. Es difícil para los juristas identificar la rama del Derecho a la que pertenece; por ejemplo, si es derecho administrativo, si es específicamente de vivienda o si es un tema de derecho civil. Eso es un problema».

La distinción del Glosario de Legalis

Otros glosarios preceden la obra de Julio Antonio Fernández. Uno realizado por Yamila González Ferrer e Ivonne Pérez Gutiérrez en el sitio V/Lex; el Glosario de términos jurídicos y económicos del periódico Trabajadores (que es doctrinal y no reproduce el Derecho vigente); y la compilación de términos jurídicos de la doctora Noris Tamayo Pineda, publicada como libro por la editorial de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos en 2012 (también se trata de una obra teórico-doctrinal).

Algunas normas jurídicas contienen glosarios de sus propios términos, como sucedió con el proyecto de la Constitución de 2019. Cada uno de esos referentes fueron consultados y algunos de sus términos se encuentran también en Legalis.

«No existe normalmente una relación entre glosario y Derecho positivo, Derecho vigente, porque la intención de los glosarios hasta ahora ha sido teórica o doctrinal. Por tanto, para lo que quiere Legalis, para lo que necesitamos resolver en Cuba hoy, no hacía falta más acumulación de teoría, sino una herramienta que sirviera para guiar, ayudar a zanjar dudas», reconoce Fernández Estrada.

La novedad del Glosario es su vigencia y carácter práctico. Cuando los usuarios lean, por ejemplo, qué es compraventa, deben saber que el concepto se extrajo del Código Civil cubano, por tanto, está en la ley y es norma vigente, no es solo una definición.

Luego de la revisión, el doctor en Ciencias Jurídicas también concluyó que muchas instituciones jurídicas cubanas son exclusivas del país. Debido a la simbiosis entre Derecho romano francés y Derecho socialista, el ordenamiento jurídico cubano tiene conceptos y soluciones autóctonos que se distancian de normas de otros países donde no ha habido impronta jurídica socialista.

Legalis: nueva plataforma para entender las leyes cubanas

El servicio ofrece un rápido acceso a la normativa jurídica de Cuba, un glosario de los términos de este ámbito más usados en el país y un chat para hacer preguntas al equipo de juristas.

Sin prejuicio ni vergüenza el profesor compiló a través de conceptos soluciones jurídicas que en muchas partes del mundo se consideran mal concebidas; pero por encima de los señalamientos mantuvo el criterio de recopilar lo que en realidad compone y distingue el Derecho del archipiélago.

«Compilar términos jurídicos en un escenario como el cubano implica explicar qué es un “convalidable” o una “zona de alta significación para el turismo”. Implica explicar que la “repatriación” se refiere a la recuperación de derechos que el Estado ha decidido que caducan no solo por el paso del tiempo, sino también por el espacio que se crea con la emigración», ejemplifica el jurista Eloy Viera Cañive.

Las cualidades del Glosario facilitarán, además, información concreta a cualquier operador del derecho internacional que necesite conocer cómo funciona el sistema jurídico cubano. La jueza que debe solucionar el caso de la deuda cubana en Londres, por ejemplo, podría hallar utilidad en el Glosario.

Julio Antonio Fernández revisó cerca de 400 referencias bibliográficas para su elaboración y algunos conceptos los creó a partir de su conocimiento del Derecho cubano, porque no estaban claros en la legislación.

«Cuando empecé a buscar me di cuenta de que había mucha normativa que no aportaba conceptos. Por la falta de abstracciones, por errores o ambigüedades o por el tipo de redacción. Algunos casos eran completamente inapropiados para extraer conceptos o eran fallidos desde el punto de vista técnico», explica Julio Antonio.

El desafío de realizar el Glosario ha sido descrito por Eloy Viera como el «esfuerzo por explicar lo inexplicable y por intentar darle sentido a lo que cada vez tiene menos». Compilar términos jurídicos cubanos, agrega Viera, se traduce como un esfuerzo para entender el sentido que los reguladores quisieron darle a la normativa, para distinguir el uso práctico y comprender que «un concepto jurídico antológico puede ser redimensionado o desprovisto de su contenido original» con la intención de construir el modelo de Derecho socialista. Lo anterior «en un país en el que la legalidad ha sustituido al Derecho y en el que un Partido ha suplantado al Estado».

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