—Vivirás las consecuencias. Te acusaremos por mercenaria. La próxima vez que nos veamos será para hablar de tu proceso judicial. Todo ese personaje que te estás montando se va a desmoronar y vas a suplicarnos. Tú piensas que esto es un juego. ¿Entendiste en términos legales lo que te dije?
Silencio.
—Como no respondes, voy a tomar tu silencio como un «sí»—, dijo el capitán «Adalberto» de la Seguridad del Estado. Era la tarde del 15 de octubre de 2021.
«Adalberto» también me llamó «tonta útil» y me aclaró que yo no era importante en mi mundo y añadió: «nadie va a recordarte si te sucede algo».
Este «encuentro» ha resultado iniciático en muchos sentidos: mi primer interrogatorio, el primer acercamiento personal y físico a la intimidación que ejerce el poder sobre los periodistas y la primera vez que he decidido guardar silencio ante las ofensas y el maltrato. «No hables con ellos» fue la recomendación legal de varios amigos y la adopté como mantra.
En la estación de la Policía Nacional Revolucionaria ubicada en la calle 62 entre 7ma A y 7ma B, en el municipio Playa, La Habana, «Adalberto», un hombre que no me conoce y que no conozco, me ha gritado.
Ha esperado por mí sentado en una oficina a la que se accede a través de un diminuto pasillo donde varias mujeres vestidas de civil se amontonaban. He bajado una escalera pequeña para llegar a él. A mis espaldas iba el primer teniente «Manuel», nombre que aparece junto a una firma pueril en mi citación, y que no hablará en los 20 minutos que durará el interrogatorio.
«Adalberto» es grueso. Nos separan una mesa desgastada y quizá 200 libras de prepotencia. Debajo de la típica camisa de mangas cortas y cuadritos azules, carmelitas y blancos se esconde un pulóver también blanco con un cuello en «v». En la muñeca derecha lleva un reloj digital negro con la esfera cuadrada que siempre vi apagado. Sobre la mesa, un teléfono y unas llaves. Para intentar intimidarme no necesitaba otros objetos accesorios, ni siquiera un bloc de notas en el que simulara tener algo escrito.
Extendió uno de sus brazos para saludarme con el puño; me negué. Luego, no me permitió replicarle cuando aseguró que los obligué a citarme oficialmente. Solo me dio espacio a decir que para la próxima ocasión acuñaran sus documentos en aras de su veracidad. Me gritó que lo que hicieron fue legal, que pueden incluso citarme por teléfono. Él, yo y el artículo 86 de la Ley de Procedimiento Penal sabemos que, a priori, no es así.
Las citaciones se deben entregar en persona; si esto no ocurriese, el artículo 86 de la mencionada ley establece que se haga por «medio de familiar mayor de dieciséis años que resida en el mismo domicilio, de un vecino o del correspondiente Comité de Defensa de la Revolución».
«De no ser posible la citación en algunas de las formas previstas anteriormente, puede utilizarse el correo, telégrafo, radiotelégrafo, teléfono o cualquier otra vía de comunicación con indicación precisa de los particulares enumerados al inicio de este artículo».
La oficina tiene las ventanas abiertas. Sobre la cabeza de «Adalberto» cuelgan dos cuadros, uno del Che y otro de Raúl Castro. Me he sentado en una silla plástica negra manchada de pintura blanca que me recuerda mis tiempos de estudiante. Durante años me senté en sillas así, más limpias, pero con la misma estructura. Las sillas escolares tienen el fin de no permitirte estar cómodo. Las sillas para «mercenarios» persiguen el mismo objetivo.
Desde el 12 de octubre, día de mi cumpleaños 29, cuando alguien que se identificó como «Pedro» me llamó desde un número privado, la Seguridad del Estado me ha acosado visiblemente. Antes, cuando residía en Cienfuegos, preguntaron por mí, pero nunca fueron frontales. «Pedro» intentó concertar un «encuentro» conmigo para el día siguiente. Con fingido descuido me hizo saber que conocían mi dirección. Propuso, además, recogerme en mi casa y llevarme a un lugar cómodo para ambos.
Tres días y tres llamadas telefónicas después, dos de ellas sin contestar, hicieron que la Seguridad del Estado enviara a un policía a entregarme la cita, casi a las 8 de la noche del 14 de octubre.
Ya no sería cómodo, me harían recorrer 9 kilómetros para estar a las 2 de la tarde en una unidad policial. Ninguna actuación de la Seguridad cubana es fortuita, cada detalle encierra un mensaje.
Solo respondí tres preguntas: ¿En qué año te graduaste? ¿De qué facultad? ¿Entiendes lo que te digo?
Luego de la interrogante sobre la facultad donde estudié, decidí acogerme al derecho de no declarar. «Adalberto» vivió su monólogo. Abrió los ojos varias veces. Me acusó de no sostener la mirada, «como justamente hacen los mercenarios».
Aseguró que escribo para ADN Cuba y elTOQUE. Mencionó las que considera las fuentes de financiamiento de ambos medios. Me acusó de trabajar para el Gobierno de Estados Unidos. También culpó a la Red LATAM de Jóvenes Periodistas, de cuya sexta generación formo parte, de estar financiada por ese país.
«Te recuerdo», era la frase que precedía cada una de sus afirmaciones. «Adalberto» no lograba entender que alguien que hubiese estudiado en la academia pudiera escribir para medios independientes. Le parece vergonzoso.
Repitió el mismo discurso herido y gastado de llamar «vulgares» y «vendidos por dos kilos» a quienes ejercen como periodistas sin haberse licenciado de Periodismo. Intentó crear divisiones desde la estigmatización del ejercicio periodístico y recibió mutismo, un mutismo que me recalcó «tendrá consecuencias».
«Adalberto» asume que no podré dormir tranquila. Sabe que tiene a su disposición todo el tiempo y el capital para venir a desordenar mi mundo, como ha devastado otros tantos. Es el poder que le confiere trabajar como pieza de una maquinaria represiva y totalitaria.
«Yo sí duermo tranquilo», añadió. Pero sus somníferos de hoy pueden convertirse en su cafeína de mañana, robarle la calma que debería darle su posición ante alguien que solo mide 155 centímetros y que es mujer. Sé que para Adalberto las mujeres no valemos mucho; se nota en cada segmento de piel que deja escapar la mascarilla azul desechable que usa.
Adalberto encierra en sí la imagen del machista opresor. La esencia del régimen cubano también radica en esa postura de superioridad falocéntrica que dispone que dos hombres interroguen a una mujer, aunque uno no hable.
LA SEGURIDAD DEL ESTADO Y LA CRIMINALIZACIÓN DEL DISENSO
El concepto de «mercenario» ha perdido su carga semántica real en el contexto cubano. Bajo la neolengua del régimen, ser mercenario es sinónimo de «disidente», «gusano», «vendido», «periodista independiente», «activista pro derechos humanos».
El Gobierno del archipiélago criminaliza todo financiamiento externo que apoye a la oposición política y a los medios de prensa no oficiales. A través de ese prisma se sostiene el manido término de «mercenario».
Aun cuando el artículo 31 de la Constitución de la República considera que el trabajo remunerado es un derecho y un deber social, quienes gobiernan se oponen a que la remuneración sirva para sustentar narrativas disidentes.
El dinero, incluso el proveniente desde Estados Unidos, no es satanizado cuando organizaciones ligadas al aparato estatal se nutren de él. La demonización ocurre cuando las ideas sustentadas por ese dinero son contrarias al poder.
Gran parte de la oposición cubana sufre amenazas con la apertura de procesos judiciales por «mercenarismo». En la práctica, ningún activista o periodista ha sido procesado por este delito, contenido en el Código Penal (CP) vigente, porque no es aplicable en estos casos.
El «mercenarismo» es uno de los delitos contra la paz y el derecho internacional incluidos en el CP cubano y quienes sean procesados por ello deben tener al menos formación militar y operar en un conflicto bélico.
El artículo 119.1 dispone que el ciudadano que, «con el fin de obtener el pago de un sueldo u otro tipo de retribución material, se incorpore a formaciones militares integradas total o parcialmente por individuos que no son ciudadanos del Estado en cuyo territorio se proponen actuar incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte».
Su apartado 2 explica que igual pena se le atribuye a quien «colabore o ejecute cualquier otro hecho encaminado directa o indirectamente a lograr el objetivo señalado en el apartado anterior».
Cuba fue signataria y ratificó la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios de las Naciones Unidas.
Según este documento de 1989, se considera «mercenario» a toda persona:
- que haya sido reclutada, en territorio nacional o extranjero, para combatir en un conflicto armado.
- que pelee con el objetivo de obtener provecho personal y retribución monetaria.
- que no sea nacional ni residente de las partes en conflicto, ni pertenezca a las fuerzas armadas de una de esas partes.
También se incluyen en el concepto quienes sean reclutados para participar en actos de violencia con el fin de derrocar un Gobierno o «socavar de alguna otra manera el orden constitucional de un Estado» y que formen parte de estos actos motivados por una retribución material.
La Convención obliga a los Estados firmantes a extraditar o procesar a los mercenarios que encuentre en su territorio, con independencia de que el delito se haya cometido en su suelo o fuera de este.
Así, «El Estado que procesa al mercenario debe notificar al Secretario General de las Naciones Unidas el resultado del proceso. El Secretario General debe transmitir la información a los demás Estados interesados».
La legislación que sí ha empleado el régimen cubano contra periodistas y activistas fue la Ley 88 de «Protección de la independencia nacional y la economía de Cuba», conocida como Ley Mordaza.
En la historia de Cuba se conoce como Primavera Negra a los arrestos que practicó el Gobierno en marzo de 2003 contra 75 opositores que fueron procesados bajo la Ley 88 de 1999, sancionados con penas de entre 6 y 28 años de privación de libertad.
La Ley 88 no ha vuelto a ser desempolvada desde entonces. Actualmente, los disidentes son llevados a la cárcel bajo figuras delictivas comunes como desacato, desorden público, instigación a delinquir.
El «mercenarismo» solo cobra vida como acusación en los interrogatorios de la Seguridad del Estado. En la amenaza de «Adalberto» se vislumbra el mensaje: «Tenemos los ojos sobre ti». Es un recordatorio de que todo acto contestatario conlleva represalias cuando habitas en un régimen totalitario.
De vuelta a casa, un policía caminó detrás de mí por más de cinco cuadras, hasta que me detuve y él siguió su camino. Quizá fue una casualidad o tal vez otro mensaje.
La Seguridad del Estado cubana tiene muchos rostros y este 15 de octubre me tocó mirar directamente a los ojos de uno de ellos. Lo que vi no lo soporta esta narración.
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Padilla