Los hermanos quechuas Quinto y Manuel Inuma Alvarado, junto con un grupo de ronderos indígenas, se topan con un enorme tronco caído en el bosque de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, San Martín, en la Amazonía norte del Perú. El ejemplar tiene más de 200 años, 40 metros de largo y con una base del grosor de ocho personas juntas. Ha sido cortado por taladores ilegales en una zona que los comuneros llaman Puca Quebrada. Pocos días antes, ahí mismo, la misma patrulla indígena había decomisado otros 18.8 m3 de la misma especie, derribados ilegalmente dentro de las 23 mil hectáreas en su territorio.

“Este árbol es el único que está quedando porque los demás los taladores ya los han robado”, explica visiblemente enojado Quinto Inuma, apu [en quechua “espíritu tutelar] de la comunidad. De acuerdo con este líder quechua, ya se hicieron las denuncias necesarias ante la Fiscalía Ambiental, la Autoridad Regional Ambiental de San Martín y la Policía Ecológica. Pero no ha sido de mucha ayuda. Los árboles caídos siguen apareciendo con frecuencia, aunque las autoridades ya han verificado la zona depredada y levantaron actas.

En los últimos 20 años (2002-2021) la región San Martín ha perdido más de 394 mil hectáreas de bosque húmedo primario, de acuerdo con datos de Global Forest Watch. Si bien el pico de deforestación se registró en 2012, con 37.9 mil hectáreas arrasadas, desde entonces las pérdidas anuales han oscilado entre las 14 mil y las 21 mil hectáreas. La cifra del 2021 es de 17.500 hectáreas. Según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la extracción ilegal de la madera genera una pérdida económica para el Perú por encima de los 200 millones de dólares al año.

La depredación ilícita es constante, pero también planificada. Así lo demuestran las fotografías tomadas en la selva por este medio. En el bosque de Santa Rosillo se pueden ver árboles con marcas de pintura roja: es el anuncio de su próximo derribo. Algunos dibujos representan la forma de unas amenazantes pistolas.

“Durante los patrullajes que hacemos encontramos dos letras de color rojo, la V y la H, junto a la figura de una pistola en el tallo de un árbol. Es un mensaje para no ingresar a una zona deforestada. Eso significa que podrían atentar contra nosotros. Pero no tenemos miedo y vamos a seguir vigilando nuestro bosque para asegurar nuestras futuras generaciones”, dice Quinto Inuma.

Los ronderos suelen encontrar árboles marcados con dibujos de armas de fuego. Aseguran que son advertencias de los taladores ilegales. Foto: Hugo Anteparra.

¿Cuánta madera legal e ilegal se está moviendo hoy en San Martín? El número es incierto. Pero hay algunos indicios que se pueden encontrar en las cifras oficiales. Un dato concreto es que, en la región, al menos desde 2019, existe una correlación entre las mencionadas pérdidas anuales de bosques primarios y las autorizaciones de transporte de cargamentos de madera.

Luego de hacer distintos pedidos de información, Convoca.pe y CONNECTAS accedieron a los datos de las guías de transporte forestal emitidas por el Gobierno Regional de San Martín entre enero de 2019 y julio de 2022. Estos documentos sirven para movilizar cargamentos de madera, desde las zonas de extracción autorizadas en los bosques hasta los mercados, y certificar su supuesto origen legal. En el 2019 se registraron cargamentos provenientes de los bosques de San Martín por 7,334 m3. Pero en el 2020, año del inicio de la pandemia de la COVID-19, se registró la mayor cantidad de traslados de madera, a pesar de que hubo dos meses enteros de inmovilidad social obligatoria. Ese año se contabilizaron 30,588 m3 de este material forestal.

En 2021 el número fue de 29,730 m3 y en 2022, solo entre enero y julio, la cifra autorizada alcanzaba los 14,614 m3.

La especie forestal que más se extrae de los bosques de toda la región San Martín, año tras año, es la Cedrelinga cateniformis, más conocida como tornillo. Esta es, precisamente, la misma madera que los quechuas encontraron talada en su territorio. De acuerdo con los mismos documentos, el Gobierno Regional de San Martín autorizó el traslado de 28,291 m3 de este recurso. La higuerilla (Micrandra spruceana), con 14,30 m3 extraídos en el mismo período, es la siguiente especie más explotada.

Sin embargo, la información contenida en las guías de transporte muchas veces es falseada y los troncos de especies protegidas viajan burlando varios controles de la autoridad durante su trayecto.

Patrullando el bosque

Mientras que los funcionarios, los legisladores, los agentes policiales y fiscalizadores fallan en su misión de proteger la Amazonía, los comuneros de Santa Rosillo de Yanayacu asumen esta función en medio de amenazas y atentados contra su vida.

Para patrullar en este lugar donde pocas veces llegan los representantes del Estado, los hermanos Inuma y el grupo de ronderos de la comunidad nativa de Santa Rosillo usan uniforme con colores militares. Quienes sí arriban con frecuencia son los “mestizos”. Así llaman los nativos a los migrantes que, sin compartir el mismo pasado ancestral ni la cultura de los quechuas, se han instalado en sus territorios para hacer agricultura y ya empiezan a imponer sus normas. Los comuneros advierten que son ellos quienes talan y permiten la entrada en el bosque de otros taladores ilegales foráneos, sobre todo de Loreto, que buscan nuevas áreas para seguir extrayendo recursos forestales.

La comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu ha visto aumentar la deforestación justamente con la llegada de los “mestizos” que se dedican a tomar en el bosque parcelas de cultivo. Un informe del Gobierno Regional de San Martín determina que solo entre enero de 2020 y enero 2021 la deforestación en los bosques de la comunidad fue de 139.19 hectáreas, atribuida al inicio de actividades agrícolas. Según los quechuas, buena parte de estas nuevas chacras sobre predios arrasados están destinadas al cultivo ilícito de coca.

“Se evidenció una excesiva deforestación, ya que de acuerdo al análisis en el 2019 hubo una deforestación de 36.91 hectáreas y en el 2020 de 73.84 hectáreas”, advierte el informe oficial. Asimismo, el documento señala que se puede visualizar la aparición de una pista de aterrizaje clandestina en el bosque, que ha sido construida entre octubre de 2020 y agosto de 2021. Es así como los narcotraficantes ingresan al lugar.

Para este reportaje, llegamos hasta esta zona olvidada por las autoridades, asediada tanto por los madereros como por los narcotraficantes. De hecho, fuimos testigos de la violencia que sufren los quechuas a diario.

La mañana del pasado 10 de octubre, después de varias horas de patrullaje, en el campamento de los ronderos liderados por los hermanos Inuma Alvarado, se escucharon los estruendos de varios disparos de arma de fuego. Tras comprobar que nadie había sido herido, Quinto supo que se trataba de otra amenaza. El apu pronto fue advertido por una llamada telefónica de que eran seguidos por alrededor de 25 “mestizos”, enfurecidos luego de enterarse de que la comitiva indígena se dirigía a inspeccionar un área en proceso de depredación. Los ronderos quechuas tuvieron que recoger rápidamente los implementos de patrulla e iniciar la retirada por razones de seguridad física.

El aplicativo de monitoreo satelital Geobosques identificó una pérdida de bosque en el mismo lugar patrullado. Foto: Geobosques.

Quinto Inuma pidió a su patrulla abrir camino en el bosque virgen para evitar ser alcanzados y propiciar un enfrentamiento peligroso. Después de una hora de trabajo físico, a una temperatura de 35 grados centígrados, la comitiva pudo descansar y abastecerse de agua. Al regreso a Santa Rosillo, uno de los agricultores mestizos y vecino del lugar insultó a los quechuas y les dio una advertencia para que no volvieran a ingresar a los territorios deforestados. “El pueblo debe saber por qué están tomando fotografías en las parcelas. El territorio es de todos nosotros. Ustedes no son los dueños. Que sea la última vez que se metan con nosotros”, dijo. El morador fue identificado como Manuel Pezo Villacrez.

Días después, el aplicativo de monitoreo satelital Geobosques, del Ministerio del Ambiente, confirmó que 20 hectáreas de árboles habían sido taladas ilegalmente en dicha zona, entre la última semana de septiembre y la primera de octubre del 2022.

No es la primera vez que ocurren episodios violentos. Los hermanos Quinto y Manuel Inuma, así como otros miembros de Santa Rosillo, ya han sufrido ataques físicos y amenazas de muerte, tal como consta en las denuncias que han presentado ante el Ministerio Público. Y a pesar de que los riesgos persisten, los quechuas afirman que seguirán defendiendo su territorio.

“La selva es nuestra fuente de vida y riquezas”, dice Manuel Inuma, exjefe de la comunidad. “Los árboles son talados casi todos los días. Y, con ello, la flora y la fauna silvestres del área que protegemos se van extinguiendo. En el futuro, ¿de qué se van a alimentar nuestros hijos? Es por esa razón que estamos luchando contra los deforestadores”, asegura.

Fuera de lugar

El negocio de la tala es tan boyante —y el Estado tan ausente— que las mafias de madereros han empezado a construir su propia infraestructura para facilitar el movimiento de la mercancía ilegal. Este año los traficantes están utilizando, en el valle del río Chipurana, una trocha carrozable que va desde San José de Yanayacu, en el noreste de San Martín, hasta Tierra Blanca, en la región Loreto. Según los lugareños, la vía fue construida hace pocos meses por los extractores ilegales de madera.

Las imágenes satelitales del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) confirman la corta existencia de esta vía que, por supuesto, no existe en los mapas de carreteras del Perú. De hecho, al ser alertado por este medio, el ingeniero Gerardo Cáceres Bardález, gerente de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de San Martín durante la gestión 2018-2022, dijo desconocer dicha ruta.

“No autorizamos construir carreteras. En esa zona tenemos problemas de límites territoriales con Loreto y, si existe, fue construida de manera ilegal”, apunta.

¿Qué sucede en las rutas que deben monitorearse? La madera que es transportada a través de San Martín pasa por hasta seis dependencias policiales y tres puestos de control forestal. Sin embargo, es en las carreteras de esta región donde existe una clara falta de supervisión. Muchas veces no se encuentra suficiente presencia de fiscalizadores y funcionarios regionales para verificar si las especies movilizadas en camiones coinciden con las reportadas en las guías de transporte forestal.

Por ejemplo, en el puesto de control de Corral Quemado en la región Amazonas, que se encuentra al noroeste de la región San Martín, solo este año las autoridades intervinieron, en tres operativos de fiscalización distintos, tres camiones cargados de especies forestales ilegales que pasaron previamente por San Martín. Esto demuestra que en San Martín todos los puestos de control que se encontraban en la ruta de estos vehículos de carga fallaron.

Los hechos demuestran que la fiscalización de la madera ilegal en esta región es más pasiva que activa. Solicitamos el reporte de intervenciones efectuadas por el Gobierno regional entre los años 2017 y 2022. La información remitida solo dio cuenta de operativos realizados por hallazgos de “abandonos”, es decir, aserraderos con mercadería dejada a su suerte, no en actividad. En total se registraron 495 hallazgos de cargamentos ilegales. Los años con mayor cantidad fueron 2019 (150) y 2020 (107).

Las guías de transporte no son los únicos documentos falseados en este sistema de blanqueo de mercadería ilegal. De hecho, la corrupción empieza en los propios inventarios de las concesiones maderables y otras autorizaciones de extracción, al interior del bosque amazónico. Un centro de estudios legales y ambiente, Center for International Environmental Law (CIEL), determinó en 2019 que las inspecciones efectuadas por regentes forestales en estas zonas de extracción legal han servido para que algunos de estos funcionarios aprueben datos falsos sobre las cantidades de los recursos forestales disponibles. Los regentes son funcionarios designados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), una entidad adscrita al Gobierno nacional que se encarga de fiscalizar el aprovechamiento sostenible de estos recursos naturales.

La revisión hecha por CIEL sobre los Planes de Manejo Forestal, documentos entregados por los concesionarios y avalados por los regentes, evidenció que en 2017 al menos 13 regentes de 162 habían firmado documentos que inflaban hasta en 40 % la cantidad verdadera de árboles disponibles.

Los ronderos de Santa Rosillo incautaron 18.8 m3 de madera tornillo en octubre de 2022. Foto: Hugo Anteparra.

Falsear el número de árboles en los Planes de Manejo Forestal permite que luego se utilicen guías de transporte forestal para movilizar mayores cantidades que las que tiene en realidad la concesión. Y ese excedente proviene de otro lado. Así es como la madera ilegal también entra en el circuito legal, confundida en estos cargamentos que están respaldados con documentos de una concesión formal. Cuando un agente policial o un fiscalizador solicita estas guías a los transportistas, no hay forma de corroborar a primera vista que la información de las guías es falsa.

Según versión de Mario Torres, quien era jefe de planeamiento en la oficina de Operaciones de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de San Martín durante el 2022, y responsable de la emisión de las guías y de las fiscalizaciones, señala que la falta de presupuesto no les permite ejecutar estos operativos en las rutas. De acuerdo con el funcionario, entre enero y agosto de 2022, su entidad solo recibió 100 mil soles (USD 26,300) para realizar operativos contra la tala ilegal de madera en aserraderos ilegales y en carreteras. El dinero no alcanza, asegura, pues cada intervención cuesta un promedio de 15 mil soles (USD 3,900).

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, desde 2022 el Gobierno Regional de San Martín tiene una partida presupuestal llamada “Bosques con control y vigilancia efectivos”. A pesar de que se le han asignado 1 millón 686 mil soles (USD 443,000 mil) para el 2022, la entidad solo había ejecutado el 24,3 % de dicho monto hasta el último 16 de noviembre. Pero debieron haberse apresurado, pues al cierre del año la ejecución llegó a 81,2 %.

Intentamos comunicarnos de nuevo con Mario Torres, quien trabajó en el Gobierno regional hasta el 31 de diciembre de 2022, para conocer en qué se gastó el dinero público con tanta velocidad, pero mientras ostentó el cargo se excusó de no poder atendernos. Con el inicio de 2023, que coincide con el cambio de gestión política en el Gobierno regional que ocurre cada cuatro años, la nueva administración tampoco ha podido dar explicaciones, pues los funcionarios consultados señalan que aún no tiene acceso al sistema informático.

Al respecto, José Anicama, asesor de la alta dirección del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), entidad fiscalizadora del Gobierno central, comenta que si bien los Gobiernos regionales pueden tener dificultades presupuestales, también existe un problema en sus capacidades de gestión. En los últimos años los presupuestos de estas entidades han aumentado considerablemente de manera general, pero no los destinados a las luchas ambientales. “Si bien les han dado mucho más presupuesto cada año, hay un serio problema de gestión que impide que ese presupuesto se maneje estratégicamente y que el Gobierno regional dirija los presupuestos que correspondan al área de recursos forestales y fauna”, señala.

En efecto, mientras que el presupuesto total asignado en 2017 para el Gobierno regional de San Martín fue de 1,334 millones de soles (351 millones de dólares), este creció año a año hasta registrar 2,033 millones de soles en 2022 (535 millones de dólares). Sin embargo, la partida presupuestal llamada “competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y fauna silvestre” ha tenido cifras que no han seguido la misma tendencia progresiva. Y de hecho, para mediados de noviembre del 2022 solo se había ejecutado el 48 % de los 6,9 millones de soles (1,8 millones de dólares) asignados. No obstante, en tan solo seis semanas experimentó una celeridad inusitada, pues el 31 de diciembre ya había casi duplicado los gastos reportados en los primeros 11 meses del año y cerró el 2022 con 88 % de ejecución.

Los nuevos funcionarios del Gobierno regional, que ingresaron con el cambio de administración política el último 1 de enero, explican que efectuarán una auditoría a todas las contrataciones hechas por la anterior gestión. No es para menos. El último gobernador regional Pedro Bogarín Vargas (2018-2022) fue capturado hace tres semanas por la Policía Nacional, pues enfrenta una investigación por integrar una presunta organización criminal y haber cometido supuestos actos de corrupción.

Pero la falta de presupuesto no solo se evidencia en el Gobierno regional, sino también en la precariedad logística de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de San Martín. Convoca.pe y CONNECTAS accedieron a un oficio firmado por el fiscal provincial Héctor Jesús Vera Santa María el último 21 de noviembre, con el que solicita al ecologista y empresario Iván Rojas García un “apoyo” para que provea un conductor y un vehículo para acudir a una constatación fiscal en la provincia de Bellavista. Las coordinaciones estuvieron a cargo del fiscal Nilton Ventura Castillo.

Este medio conversó con Rojas, quien aseguró que había prestado su vehículo en otras 23 ocasiones, de manera gratuita, en lo que va del año.

¿Por qué la Fiscalía no utiliza sus propios presupuestos para costear sus operativos? Consultada para este reportaje, la Fiscalía envió una breve respuesta por escrito sobre lo sucedido. No comentó si carecía de recursos y se ajustó a la versión del fiscal Nilton Ventura. Sin embargo, señaló que “esta situación no era ilegal” y que no era cierto lo enunciado por Rojas sobre la cantidad de veces que se le había solicitado este apoyo. La Fiscalía aseguró que el de 21 de noviembre de 2022 había sido el único pedido que había hecho, “dada la imposibilidad de contar en ese momento con apoyo de la municipalidad de la zona”.

No obstante, pudimos comprobar que Rojas tiene en su poder otras cartas que asegura que le fueron remitidas por la Fiscalía. La segunda más reciente tiene fecha 15 de noviembre de 2022, también con carácter de “muy urgente”.

Peligro constante

Los líderes indígenas de Santa Rosillo ya están reconocidos como beneficiarios del Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que opera desde 2019. El sistema está enfocado en proteger la vida y la integridad de las personas cuya situación de riesgo ha sido corroborada por esta entidad, como es el caso de Manuel y Quinto Inuma. El primero fue golpeado y secuestrado en un calabozo en 2018. El segundo también fue dejado malherido, con lesiones en la cabeza y el cuerpo, en 2021. Con su incorporación al mecanismo, debieron recibir garantías para proteger su integridad, pero las cosas no han cambiado de manera significativa.

Los comuneros se quejan de que continúe la falta de seguridad en la zona, a pesar de que ya se ha reconocido su situación de riesgo de manera oficial. No es raro que los defensores ambientales de todo el país carezcan de las garantías prometidas, a pesar de que sus vidas corren peligro. En el 2022, el Ministerio de Justicia solo destinó 40 mil soles (USD 10,500) para ejecutar este sistema, dinero que se agotó rápidamente en consultorías. Es decir, no se cuenta con un presupuesto adecuado y realista para asegurar la integridad de los individuos a los que se espera proteger.

“Actualmente ya tenemos siete familias de la sierra que se han apoderado para hacer sus casas”, advierte el líder quechua Quinto Inuma. El defensor señala que los principales responsables de estas invasiones son las autoridades municipales, pues no han apoyado su pedido para que las tierras de la comunidad cuenten con un título de propiedad. “Para anular a la comunidad, están poniendo a más migrantes. Pero nosotros estamos haciendo frente a estos invasores”.

La abogada Cristina Gavancho León, asesora legal de la comunidad nativa de Santa Rosillo, asegura que han solicitado, en varias oportunidades, a la Policía Nacional hacer inspecciones en las áreas afectadas. Sin embargo, según relata, los agentes le responden que no pueden ir porque es una zona muy peligrosa, donde no hay seguridad para ellos, pues está tomada por el narcotráfico.

El monitoreo de MAAP confirma la existencia de la trocha carrozable denunciada por los habitantes de la zona. Imagen: MAAP.

“Si la Policía y los fiscales no quieren ir, imaginemos el estado de riesgo en el que se encuentran los apus, que todos los días luchan con eso”, dice Gavancho.

¿Por qué demoran las garantías para los líderes de Santa Rosillo? Buscamos la versión de Edgardo Rodríguez, director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, a través de la oficina de prensa de dicha entidad. Al cierre de este reportaje, no recibimos una respuesta a nuestra solicitud de entrevista.

“Al parecer no lo están tomando en cuenta”, dice Gavancho, en referencia al cumplimiento del protocolo de protección.

Por otro lado, si las autoridades siguen de brazos cruzados, el daño también seguirá registrándose en los ecosistemas. “La ausencia de políticas de control y fiscalización, la presencia de funcionarios corruptos y la escasa promoción de alternativas económicas permiten que las actividades ilegales se realicen de una manera cotidiana, perjudicando la riqueza natural y los servicios ecosistémicos que nos brindan los bosques”, dice el ingeniero agrónomo Marco Isminio, especialista en aprovechamiento de recursos naturales de San Martín.

Por ejemplo, en los constantes patrullajes comunales que realizan los quechua, estos han descubierto que las cabeceras de cuenca de los ríos y quebradas que abastecen de agua a la Reserva Nacional Pacaya Samiria, una de las áreas más biodiversas del mundo, ubicada en la vecina región de Loreto, están en zonas de San Martín que vienen siendo arrasadas.

“Las cabeceras de cuenca hidrográficas, que nacen en el Parque Nacional Cordillera Azul, en los siguientes años podrían secarse y eso ocasionará un daño irreversible en la Amazonía. Esperamos que las autoridades tomen en cuenta esta advertencia para evitar que los migrantes sigan depredando nuestros bosques”, advierte el apu Quinto Inuma.

Y no es solo una apreciación empírica. Jaime Huamanchumo, ingeniero experto en recursos hídricos, confirma que la deforestación influye de forma directa en la disminución del agua en los ríos. “Es importante evitarla y empezar a reforestar las áreas que están desérticas para generar condiciones para que haya mayor cantidad de agua”, comenta. Según el especialista, un mayor número de árboles genera mejores condiciones de lluvia y reservas de agua.

De hecho, una de las zonas que más está siendo afectada es el valle del río Chipurana, donde ha aparecido la nueva carretera artesanal por donde los madereros están transportando sus productos. Esta cuenca es la principal fuente de agua en esta parte de la Amazonía peruana. Huamanchumo advierte que, si no se toman medidas, en poco tiempo habrá problemas hídricos en la Reserva Nacional Pacaya Samiria.

“El río estaba antes lleno. Tú puedes observar que ahora se seca a causa de la madera que depredan en la cabecera, los tornillos, nuestros inmensos árboles”, se lamenta el líder Manuel Inuma, quien ha visto cómo se han perdido año tras año los recursos boscosos de Santa Rosillo.

“Queremos dejar un buen recuerdo para estos niños que están naciendo. Si nosotros no defendemos y el Estado no nos escucha, ¿entonces dónde nos vamos a quedar?”, dice Manuel. “¿Nuestros hijos qué piden? Quieren comer, quieren tomar, quieren vestirse. Por eso luchamos. Nuestro bosque es el mercado, es la farmacia, es nuestra casa. De eso vivimos y aquí vivimos”.

Papel

Los ataques llegan por distintos frentes, incluido el Congreso de la República. Al interior del Parlamento se viene impulsando un proyecto para cambiar la Ley Forestal. De aprobarse estas propuestas, que ya pasaron el primer filtro de la Comisión Agraria, el Ministerio del Ambiente dejaría de tener competencia en el proceso para establecer zonificaciones forestales (áreas en que se pueden explotar los recursos maderables, hacer agricultura, etcétera). El nuevo ente zonificador sería el Ministerio de Desarrollo Agrario. Distintas instituciones nacionales e internacionales han advertido que estas modificaciones, que permitirán convertir bosques en zonas agrícolas, incrementarán los riesgos de deforestación en la Amazonía peruana.

“Requerimos que la autoridad ambiental, que tiene un enfoque de conservación, también tenga la posibilidad de decir algo en ese proceso”, dice César Ipenza, experto en derecho ambiental y políticas públicas. “La Comisión Agraria sigue insistiendo en decir ‘borrón y cuenta nueva’ y en quitar al Ministerio del Ambiente y tener un rol dentro la zonificación, sino también en la definición de bosques de producción permanente”, advierte.

El proyecto de ley, que es impulsado por las bancadas políticas de los partidos Perú Libre, Alianza para el Progreso y Acción Popular, aún debe pasar por el visto bueno de la Comisión de Pueblos Andinos e Indígenas antes de ser debatida en el Pleno del Congreso.

Quinto Inuma no cree en ninguna de las autoridades, incluidas las regionales. Dice que el Gobierno regional se ha acercado alguna vez a la comunidad, pero que los documentos presentados y las denuncias interpuestas han sido archivados. “El Estado no nos está ayudando. Ayuda a la parte ilegal más que a la legalidad”, lamenta.

Su abogada, Cristina Gavancho León, anota que hasta la fecha la Autoridad Regional Ambiental de San Martín tampoco ha realizado ninguna denuncia a nivel administrativo contra quienes están talando de manera indiscriminada los bosques de Santa Rosillo. Es algo que a los quechua los preocupa sobremanera.

“Osinfor nunca ha venido, a pesar de que seguimos dando nuestra información por todos los medios haciendo nuestros informes físicos, radiales, por internet, pero nadie dice nada. Eso es lo que nos molesta. No tenemos ayuda. Necesitamos que nos ayuden a titular este territorio de 23 mil hectáreas”, agrega Quinto Inuma. Un título de propiedad sobre el bosque permitiría a la comunidad también defender sus terrenos por la vía legal.

¿Y la Policía y la Fiscalía? Ha habido tres decomisos recientes de madera en la zona, asegura el apu, pero nunca han notificado a la comunidad como agraviada para que rindan su manifestación y prosigan con las denuncias contra los depredadores, que hasta ahora salen bien librados. “Ellos por eso se ríen de nosotros, porque la autoridad no trabaja debidamente”.

Esta historia fue publicada originalmente en Convoca (Perú), y es republicada dentro del Programa Red de Periodismo Humano, apoyado por el ICFJ, International Center for Journalists.