Autor
Raudiel Peña Barrios
Coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana y máster en Derecho Constitucional. Ha publicado artículos sobre varias temáticas jurídicas y políticas en revistas especializadas de Ecuador, Chile, Costa Rica y Alemania.
Contar con la certificación de elector es un requisito necesario para participar políticamente; lo que no quiere decir que los mecanismos de participación política para los cuales es necesaria sean eficaces en el contexto cubano.
Si algo ha caracterizado el cronograma legislativo en Cuba son los cambios discrecionales. ¿Se cumplirá la agenda para 2023-2027? ¿Las leyes que se deben aprobar son las necesarias para la protección del ciudadano?
¿Cuáles son los mecanismos que pueden utilizar los ciudadanos para interactuar con la Asamblea Nacional del Poder Popular y cuáles son los requisitos fundamentales para emplearlos?
Las cifras oficiales sobre la participación de los ciudadanos en elecciones confirman el deterioro de la legitimidad del régimen político en Cuba.
¿Qué funciones cumple la participación política institucionalizada en un régimen político con sistema de partido único? El jurista Raudiel Peña expone cuáles son esas funciones y cómo se comportan en el caso cubano.
Una de las enseñanzas del caso de Fernando Bécquer es que la diversidad de fuentes de información forma parte de las garantías institucionales de una poliarquía. Está claro que el régimen político cubano no es poliárquico.
El referendo para la ratificación del Código de las Familias evidenció los déficits de legitimidad y la cada vez más debilitada capacidad de movilización del Gobierno cubano. ¿Qué otras conclusiones se extraen de los resultados del referendo? El siguiente texto las devela.
El referendo del Código de las Familias cubano, convocado para el 25 de septiembre de 2022, genera las más variadas polémicas. El jurista Raudiel Peña ofrece sus puntos de vista al respecto.
La invasión rusa a Ucrania supone una amenaza para la paz y seguridad del orbe. El orden internacional posiblemente no será el mismo luego de que este conflicto termine, sea cual sea su desenlace.
Para que las leyes sean a cabalidad garantías jurídicas en Cuba deben responder, al menos, a una lógica que identifique a los derechos como limitantes del poder, contra la arbitrariedad y el descontrol de las actividades del Estado.
En Cuba no se ha declarado el estado de emergencia ni ninguna otra situación excepcional de las previstas en la Constitución. Una pregunta válida, entonces, sería si resulta conveniente o no, considerando la normativa vigente en la materia.
Las recientes disposiciones normativas sobre las cooperativas no agropecuarias dejan claro que están dirigidas a ponerle las cosas más difíciles a los mencionados sujetos económicos.
Luego de aprobada la Constitución, inicia una etapa signada por la adopción de todas las leyes a las que la carta magna remite. Una de ellas será el nuevo Código de Familia, el cual contará con un proceso de adopción muy particular y en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio.
El establecimiento de los derechos humanos como irrenunciables, imprescriptibles, indivisibles, universales e interdependientes, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación (artículo 41), es solo uno e los avances del proyecto de nueva constitución.
El Proyecto de Constitución no reconoce como garantía constitucional la Reserva de Ley, que asegura que desde el texto se obligue a regular determinadas materias exclusivamente por leyes dictadas, en el caso cubano, por la Asamblea Nacional.
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Raudiel Peña Barrios
Coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana y máster en Derecho Constitucional. Ha publicado artículos sobre varias temáticas jurídicas y políticas en revistas especializadas de Ecuador, Chile, Costa Rica y Alemania.
Contar con la certificación de elector es un requisito necesario para participar políticamente; lo que no quiere decir que los mecanismos de participación política para los cuales es necesaria sean eficaces en el contexto cubano.
Las cifras oficiales sobre la participación de los ciudadanos en elecciones confirman el deterioro de la legitimidad del régimen político en Cuba.
El referendo para la ratificación del Código de las Familias evidenció los déficits de legitimidad y la cada vez más debilitada capacidad de movilización del Gobierno cubano. ¿Qué otras conclusiones se extraen de los resultados del referendo? El siguiente texto las devela.
Para que las leyes sean a cabalidad garantías jurídicas en Cuba deben responder, al menos, a una lógica que identifique a los derechos como limitantes del poder, contra la arbitrariedad y el descontrol de las actividades del Estado.
Luego de aprobada la Constitución, inicia una etapa signada por la adopción de todas las leyes a las que la carta magna remite. Una de ellas será el nuevo Código de Familia, el cual contará con un proceso de adopción muy particular y en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio.
Si algo ha caracterizado el cronograma legislativo en Cuba son los cambios discrecionales. ¿Se cumplirá la agenda para 2023-2027? ¿Las leyes que se deben aprobar son las necesarias para la protección del ciudadano?
¿Qué funciones cumple la participación política institucionalizada en un régimen político con sistema de partido único? El jurista Raudiel Peña expone cuáles son esas funciones y cómo se comportan en el caso cubano.
El referendo del Código de las Familias cubano, convocado para el 25 de septiembre de 2022, genera las más variadas polémicas. El jurista Raudiel Peña ofrece sus puntos de vista al respecto.
En Cuba no se ha declarado el estado de emergencia ni ninguna otra situación excepcional de las previstas en la Constitución. Una pregunta válida, entonces, sería si resulta conveniente o no, considerando la normativa vigente en la materia.
El establecimiento de los derechos humanos como irrenunciables, imprescriptibles, indivisibles, universales e interdependientes, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación (artículo 41), es solo uno e los avances del proyecto de nueva constitución.
¿Cuáles son los mecanismos que pueden utilizar los ciudadanos para interactuar con la Asamblea Nacional del Poder Popular y cuáles son los requisitos fundamentales para emplearlos?
Una de las enseñanzas del caso de Fernando Bécquer es que la diversidad de fuentes de información forma parte de las garantías institucionales de una poliarquía. Está claro que el régimen político cubano no es poliárquico.
La invasión rusa a Ucrania supone una amenaza para la paz y seguridad del orbe. El orden internacional posiblemente no será el mismo luego de que este conflicto termine, sea cual sea su desenlace.
Las recientes disposiciones normativas sobre las cooperativas no agropecuarias dejan claro que están dirigidas a ponerle las cosas más difíciles a los mencionados sujetos económicos.
El Proyecto de Constitución no reconoce como garantía constitucional la Reserva de Ley, que asegura que desde el texto se obligue a regular determinadas materias exclusivamente por leyes dictadas, en el caso cubano, por la Asamblea Nacional.
