Autor
Amalia Pérez
Abogada y socióloga. Cuenta con títulos de Licenciatura en Derecho y de Maestría en Estudios Políticos por la Universidad de La Habana, así como de Maestría en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) y por la Universidad de California, Merced. Es autora del libro La iurisprudentia en el derecho actual ¿todos los caminos conducen a Roma? y de diversos artículos publicados en revistas académicas y volúmenes colectivos. Sus intereses de investigación incluyen el estudio de intersecciones históricas entre derecho, movimientos sociales y revoluciones en América Latina y Cuba. Es estudiante del Doctorado en Sociología de la Universidad de California, Merced.
La Asamblea Nacional del Poder Popular faltó a su deber de dar respuesta «oportuna, pertinente, y fundamentada» a la petición promovida por el 27N. Las respuestas institucionales deben garantizar la certeza legal y priorizar la garantía a la dignidad plena de las personas en condiciones de igualdad y no discriminación.
Hace mal el Gobierno de esta isla en asedio al ignorar o criminalizar la potencia cívica y emancipadora de la movilización colectiva. El discurso estatal de la amenaza del mercenarismo ya no es suficiente ni creíble para muchos de esos jóvenes —y cada vez menos para sus madres y abueles— que hoy sueñan una Cuba nueva.
Cuba no ha declarado formalmente el estado de emergencia reconocido en la Constitución vigente y la Ley de Defensa Nacional; a pesar de esto, diversos entes gubernamentales han hecho uso de poderes excepcionales recurriendo a otras normas legales.
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Autores
Amalia Pérez
Abogada y socióloga. Cuenta con títulos de Licenciatura en Derecho y de Maestría en Estudios Políticos por la Universidad de La Habana, así como de Maestría en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) y por la Universidad de California, Merced. Es autora del libro La iurisprudentia en el derecho actual ¿todos los caminos conducen a Roma? y de diversos artículos publicados en revistas académicas y volúmenes colectivos. Sus intereses de investigación incluyen el estudio de intersecciones históricas entre derecho, movimientos sociales y revoluciones en América Latina y Cuba. Es estudiante del Doctorado en Sociología de la Universidad de California, Merced.
La Asamblea Nacional del Poder Popular faltó a su deber de dar respuesta «oportuna, pertinente, y fundamentada» a la petición promovida por el 27N. Las respuestas institucionales deben garantizar la certeza legal y priorizar la garantía a la dignidad plena de las personas en condiciones de igualdad y no discriminación.
Hace mal el Gobierno de esta isla en asedio al ignorar o criminalizar la potencia cívica y emancipadora de la movilización colectiva. El discurso estatal de la amenaza del mercenarismo ya no es suficiente ni creíble para muchos de esos jóvenes —y cada vez menos para sus madres y abueles— que hoy sueñan una Cuba nueva.
Cuba no ha declarado formalmente el estado de emergencia reconocido en la Constitución vigente y la Ley de Defensa Nacional; a pesar de esto, diversos entes gubernamentales han hecho uso de poderes excepcionales recurriendo a otras normas legales.
