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La Habana vista desde la calle Paseo. Foto: Jessica Dominguez
Arquitectos cubanos defienden el ejercicio de su profesión en el sector privado
18 / febrero / 2021
Desde 2015 comenzaron a surgir, sobre todo en La Habana, estudios independientes de arquitectura, sin amparo legal propio, pero que respondían a una demanda social del emergente sector privado y a los aires de bonanza que trajeron las relaciones Cuba-Estados Unidos. Estos estudios daban soluciones a las necesidades de quienes apostaban por una arquitectura de autor para sus proyectos constructivos. Mientras, mantenían una guerra silenciosa por su reconocimiento legal, que este 10 de febrero de 2021 tuvo un punto de retroceso cuando el Gobierno cubano publicó la lista de actividades prohibidas para su ejercicio por cuenta propia.
Entre las 124 actividades identificadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se prohíben de forma explícita las relacionadas con la arquitectura y la ingeniería. Según el Clasificador Nacional de Actividades Económicas (CNAE) en su apartado 7110, no se podrán ejercer de forma privada:
-las actividades de consultoría de arquitectura que incluye diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajista;
-el diseño de ingeniería que incluye proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación hídrica, proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica, mecánica, industrial y de sistemas, ni la gestión de proyectos relacionados con la construcción.
También se prohíben las asociaciones de profesionales (9412), entre ellas las de arquitectos e ingenieros.
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El documento del MTSS, que no es un texto jurídico pues aún está pendiente la publicación de la norma, establece las actividades prohibidas dentro del sector por cuenta propia, en lugar de las permitidas, como ocurría hasta el momento. Además de arquitectos e ingenieros, la lista excluye otras profesiones (juristas, periodistas, economistas, contadores, médicos) que solo se pueden ejercer si están vinculados al sector estatal.
De implementarse esta medida, la realización de proyectos y soluciones arquitectónicas queda reservada exclusivamente para instituciones estatales como empresas de proyectos. Sin embargo, el ejercicio privado de otros oficios vinculados a la construcción, como albañilería, plomería y electricidad, sí fue reconocido. También se incluye el ejercicio del diseño.
«Esta prohibición dejaría un vacío dentro de la ciudad, donde los constructores tomarían decisiones que corresponden a arquitectos e ingenieros, lo cual afecta no solo estos espacios, sino la imagen de la ciudad. La figura del arquitecto es imprescindible en la reconstrucción de viviendas y otros inmuebles, y el sector privado representa una fuerza clave si queremos ciudades prósperas» dice Gabriela García, arquitecta y co-coordinadora del evento internacional Our city, our space.
El arquitecto matancero Nelson Palomino, a quien le gustaría tener su propio estudio, dice que este listado expresa con todas las letras la prohibición para arquitectos e ingenieros. Quienes hoy ejercen detrás de una fachada ilógica de otra actividad se enfrentan a la posibilidad de ser investigados y que su trabajo se considere como una actividad económica ilícita. De ser así, será el sector privado el que se vea más afectado al no poder recibir un servicio para el cual el Estado no tiene una estructura que satisfaga esta demanda. Las empresas estatales necesitan de grandes presupuestos para ser eficientes en su objeto social y solo realizan proyectos a gran escala arquitectónica.
Antes de esta regulación tampoco estaba permitido trabajar como arquitecto privado en Cuba, lo que no impidió que algunos profesionales buscaran brechas legales y crearan estudios independientes para ejercer como arquitectos fuera del Estado. Hoy se contabilizan, con un trabajo serio y sostenido, aproximadamente treinta, conformados por profesionales, en su mayoría jóvenes y egresados de las universidades cubanas.
A Fernando Martirena, arquitecto socio de Infraestudio, la nueva lista lo tomó por sorpresa. «Esta labor transitaba antes por un área gris, no estaba ni prohibida ni aprobada; ahora queda claramente prohibida. Por tanto, deja sin trabajo a un grupo de profesionales que decidieron quedarse en su país trabajando para el sector no estatal. Como las Empresas de Proyecto Estatales y las Oficinas de los Arquitectos de la Comunidad no tienen infraestructura para responder a los encargos del sector privado, imagino que ahora este sector dependerá de Pinterest y de la improvisación. Será un gran reto para la arquitectura popular sin autor, con el que la ciudad y sus habitantes pueden tener mucho que perder», dice.
Las alternativas legales utilizadas hasta ahora para ejercer la arquitectura dentro del sector privado pasan por las licencias de decorador de fiestas y espacios o de albañil, en función del tipo de actividad que se fuera a hacer, si realizan o no la ejecución de la obra. Esto solo incluye proyectos de ideas preliminares y no pueden hacer, «teóricamente», ni proyectos de ingeniería básica ni de ejecución. Tampoco pueden llevar un registro o control de autor.
Además, hay quienes se han amparado en la figura del creador independiente vinculado a instituciones como el Fondo Cubano de Bienes Culturales (para artistas/artesanos) o a la Oficina Nacional de Diseño (para diseñadores). Estas instituciones intermediarias son una obligación legal y a cambio reciben un porciento del trabajo solo por el acto de representación, lo que ha sido ampliamente criticado.
Al referirse a esto, el presidente Miguel Díaz-Canel expresó en la Clausura del IX Congreso de la UNEAC en junio de 2019: «Algunas instituciones y empresas se han ido quedando atrás. Las industrias culturales pueden aportar al país, y para eso están sus empresas. Los artistas tienen el deber de pagar sus impuestos, pero no deberían tener el deber de abonar a las empresas si estas no han tenido que ver con sus contratos de trabajo, con su promoción ni con su amparo jurídico… Ese parasitismo favorece la corrupción y enmascara el incumplimiento de la función de representación y búsqueda de oportunidad para el creador y su obra».
En las redes sociales y espacios profesionales varios arquitectos han rechazado la inclusión de su profesión en la lista de actividades prohibidas y las consecuencias sociales que esto supone. También han expresado la esperanza de que el Gobierno reevalúe esta decisión.
Nguyen Rodríguez Barrera, arquitecto y docente universitario, comenta que «esta lista tentativa genera tristeza en un gremio que espera la regularización de su actividad productiva para sumarse a la respuesta económica que espera el país con soluciones concretas desde la construcción, la vivienda, los espacios públicos, los servicios, el desarrollo local, etc.; que hoy el sector estatal como único actor no puede cubrir esta demanda».
La arquitectura independiente se articula y propone
Para Orlando Inclán Castaneda, arquitecto y profesor adjunto de la Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE), la arquitectura independiente en Cuba no existe. «No existe legalmente, no existe en las esferas oficiales, no existe desde la crítica especializada ni en las demandas sociales actuales. Sin embargo, existe y coexiste en y con un país, pudiéramos decir una ciudad, que sin reconocerla le permite grietas de subsistencia. Lo que ha estado sucediendo, fundamentalmente en los últimos diez años, deja clara la diferencia entre la construcción con y sin arquitectos, que es lo mismo que decir entre un producto cultural y uno mediocre, uno que rescata la ciudad y la enaltece y otro que la destruye y empobrece».
Con la intención de agrupar las iniciativas profesionales independientes surgió el Grupo de Estudios Cubanos de Arquitectura (GECA), un espacio en el cual colegas y amigos comparten exposiciones, charlas, publicaciones, conferencias, fiestas y visitas a estudios. Han creado una comunidad en torno a intereses profesionales que se articula desde WhatsApp, Facebook e Instagram.
«A partir de 2019 nos integramos en la sección de base 160 de la UNAICC (Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba), y por ahí participamos en las actividades que se promueven para el gremio. Desde la actividad independiente, muchos de los miembros alcanzaron premios nacionales, participamos activamente en la semana de la arquitectura en marzo de 2020, realizamos proyectos e investigaciones sin fines de lucros para el bien social, entre otras actividades que tributan directamente a las ciudades», explica Inclán, presidente de GECA.
Hasta el momento, la principal actuación de los estudios independientes ha estado vinculada al sector no estatal, enfocada en el diseño de viviendas y negocios privados, pero desde una visión profesional, creativa y respetuosa de las normas urbanísticas y patrimoniales de las ciudades; también han apostado por participar en la transformación de los espacios públicos.
Las diferentes alternativas legales encontradas les permitían acceder a trabajos, incluso con el sector estatal, para obras de alcance social. Como ejemplos recientes de proyectos realizados por estudios independientes destacan:
El proyecto de los arquitectos Laura Casanovas, José Luis Alcalá y Víctor Pancorbo —miembros de CAP Estudio— para crear un conjunto habitacional de viviendas sociales usando como lote un solar yermo (aún existente) en la esquina de Hospital y San Rafael, frente al parque Trillo.
- Fotos: Cortesía CAP
Con un discurso propio e identitario, Infraestudio de Arquitectura, creado por Fernando Martirena, Anadis González y David Medina en 2016, ha realizado proyectos que se vinculan con la literatura, las artes visuales y la cultura en general, y trascienden la visión estética.
![Image](https://imagedelivery.net/ue4aG0YFlZz5n2eXb6lOxg/Infraestudio_Propuesta_para_la_Reforestacion_del_Parque_Marti_Proyecto_Jardines_que_No_Existen_en_colaboracion_con_Maria_Kalach_y_Alberto_Kalach_2019_d5df2dcc3b.jpg/width=3840,quality=75)
Propuesta para la Reforestación del Parque Martí. Proyecto Jardines que No existen en colaboración con María Kalach y Alberto Kalach. Cortesía Infraestudio.
La propuesta de rediseño del parque La Pera, actualmente en ejecución por el Gobierno de Centro Habana, responde a un proyecto realizado por H[r]G_arquitectura. El estudio fue fundado en 2011 entre varios profesionales del gremio que eran parte del proyecto Habana Regeneración, un grupo de investigación que trabaja en el área costera de La Habana Vieja.
- Fotos: Cortesía H[r]G_
Otros nombres como Nivel 4, Pino Estudio, Albor Arquitectos, OPV Arquitectura, PRIMARIO Arquitectura y Diseño también destacan en el escenario independiente.
Fernando Martirena, también coordinador de GECA, cree que la arquitectura cubana debería ser un acto colectivo e inclusivo. «La arquitectura cubana de la década del 60 fue un inteligente reflejo del discurso social de la época. Edificios como las Escuelas de Arte, la Cujae, el Edificio Girón o el Pabellón Cuba son símbolos de una época y de una idea de país, hoy admirados fuera y dentro de Cuba. Me preocupa cuál es la idea de sociedad que estamos proyectando al futuro de la nación con la arquitectura que se ha construido en las últimas décadas, más aún si todo el trabajo ahora solo depende de las inversiones estatales».
En el texto De qué hablamos cuando hablamos de arquitectura cubana contemporánea, este joven explica que «de 1971 a 2011 existe una especie de vacío en nuestra historia de la arquitectura que tuvo su espejo en el papel del arquitecto en la sociedad. En ese entonces no eran precisamente necesarios, la arquitectura de autor era considerada un residuo burgués de mal gusto». Una visión que pareciera que aún no hemos superado.
En un país con necesidades históricas de viviendas, con ciudades cuyo estado habitacional es muy antiguo y deficiente, este no es un tema menor. Según la política general de la vivienda, hasta junio de 2017 existían en el país un total de 3 millones 824 861 viviendas; de ellas, el 39 % se encontraba en regular y mal estado técnico y 849 753 personas vivían en condiciones precarias. El déficit en el fondo habitacional ascendía a 929 695 viviendas y quedaban pendientes a rehabilitar o a construir totalmente 209 861 por afectaciones climatológicas. El Gobierno proyecta resolverlo con la edificación de 68 590 nuevos inmuebles para 2029. Además, los derrumbes son realidades diarias y solo en La Habana hay 104 comunidades de tránsito donde las personas esperan poder tener una vivienda propia.
A estos elementos habría que sumar la realización de obras públicas y los proyectos de desarrollo de las ciudades, para lo que es necesario contar con personal calificado. En las últimas décadas, la construcción de comunidades de viviendas sociales con un diseño arquitectónico homogéneo y escaso desarrollo urbanístico y el poco acceso del ciudadano común a una arquitectura de autor ha provocado que se construya con muy poco valor, con consecuencias estéticas y funcionales para las ciudades.
Gabriela García considera que «la aprobación de los arquitectos e ingenieros como trabajadores por cuenta propia no solo reduciría el crecimiento informal que existe dentro del sector privado hoy en día; sino que se pudieran crear alianzas con Gobiernos locales y empresas donde exista una retroalimentación que enriquezca los planes de desarrollo. De igual forma, las obras públicas deberían ser sometidas a concursos en los cuales puedan participar tanto prácticas públicas como privadas, lo que mejoraría notablemente la calidad de diseño de la arquitectura cubana contemporánea».
Nguyen Rodríguez resume el cambio positivo que supondría dar vuelta atrás a esta regulación. «Permitir el trabajo de arquitectos en el sector del trabajo por cuenta propia aumentaría las capacidades de desarrollo y crecimiento de las urbes cubanas. Los profesionales, que han sido preparados por el sistema educativo nacional, tienen amplia experiencia en el sector estatal, institucional y en el privado; y podrían participar del desarrollo de los diferentes procesos constructivos y urbanos que se acometen hoy en las ciudades. Se ocuparían de una escala de proyectos más amplios, unido a la labor de las empresas estatales en temas como la vivienda, la autoconstrucción, el desarrollo urbano, el espacio público, los servicios, etc. Contribuiría a capacitar la mano de obra que hoy opera y que no siempre presenta el adecuado nivel técnico, con garantías para el cumplimiento de las normativas urbanas implementadas por Instituto de Planificación Física, las oficinas del historiador o conservador de las ciudades, así como la aplicación de la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas. Aumentaría las oportunidades de trabajo de arquitectos e ingenieros y posibilitaría reforzar las alianzas entre diversos sectores productivos y la academia. Además, de alguna forma ayudaría a detener la fuga de capital humano».
Muchas podrían ser las formas en que arquitectos y urbanistas acompañaran el crecimiento y la consolidación de la ciudad. Lo más fácil es negar ese aporte, también lo más peligroso y destructivo para con nuestro entorno, concluye Orlando Inclán.
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