La Fiscalía considera a Andy García responsable de los delitos de desórdenes públicos y desacato simple y agravado. Diseño: elTOQUE.
Rostros de los presos políticos: Andy García
12 / enero / 2022
Andy Dunier García Lorenzo cumplió sus 24 años en prisión. Fue detenido sobre las cinco de la tarde en las cercanías del parque de la Audiencia, en Santa Clara. Era 11 de julio de 2021. Andy se entregó: levantó las manos, se acostó en el piso. Un policía, luego de esposarlo, lo golpeó brutalmente dentro de una patrulla —contó más tarde a su familia—. «Me estás lastimando», dijo Andy al oficial, pero este solo reía y lo golpeaba más fuerte.
Durante dos días, tras el 11J, la familia de Andy no supo en lo absoluto de él. Dos días desaparecido. «Preguntamos en todas las unidades y no nos dieron respuesta, nos decían que había muchos detenidos y que no sabían decir dónde estaba», recuerda su hermana Roxana García. Fue un amigo de Andy quien, debido a rumores que escuchó en una unidad policial, supo de su paradero y le informó a la familia. Andy se encontraba en Instrucción Municipal. Permanecería allí 14 días.
«En Instrucción recibió amenazas —hasta de fusilamiento, especifica Roxana—, torturas psicológicas…». En esos 14 días se le permitió a Andy dos visitas de su mamá que tuvieron una duración de cinco minutos. En esas dos visitas Andy vistió de enguatada y pantalón para que su madre no viera las marcas de las golpizas, logró decirle. Se le permitió solicitar un abogado y así lo hicieron.
El 16 de julio de 2021, la fiscal Dayli Carranza Rodríguez emitió un auto de imposición de medida cautelar que dictaba la prisión provisional para Andy y para otros ocho detenidos.
«Con el propósito de crear disturbios en [el] reparto Condado de la ciudad Santa Clara provincia Villa Clara —recoge el auto— y aprovechando la compleja situación epidemiológica que presenta el municipio (…) salieron por las calles del reparto y comenzaron a vociferar palabras ofensivas contra los líderes del país y en contra del proceso revolucionario e incitando a las personas que se encontraban en las inmediaciones de su zona de residencia a sumarse a las ofensas que gritaban en contra de la figura del presidente de la República de Cuba y del orden social establecido, a botar basuras y a realizar otros actos violentos».
El 14 de septiembre de 2021 se emitieron las Conclusiones Provisionales para el caso de Andy y otros acusados. La Fiscalía considera que Andy es responsable de los delitos de desórdenes públicos y desacato simple y agravado.
¿CUÁLES SON LOS HECHOS QUE LLEVAN A LA FISCALÍA A CONSIDERAR QUE ANDY MERECE PERMANECER SIETE AÑOS TRAS LAS REJAS?
Haberse manifestado de manera pública por las calles de Santa Clara el 11 de julio de 2021.
No hay un solo hecho en las Conclusiones Provisionales de la Fiscalía ni una sola imputación que implique un acto materialmente violento cometido por Andy. Por el contrario, la propia Fiscalía reconoce que Andy disuadió a algunos manifestantes para evitar la profundización de altercados verbales que se produjeron durante las protestas entre manifestantes y fuerzas del orden.
Sin embargo, la Fiscalía considera que reunirse y protestar contra el Gobierno en Cuba es un desorden público. Un desorden público agravado por la condición de pandemia que vivía el país y por el recrudecimiento del bloqueo norteamericano. Este último considerado la causa de las penurias económicas por las que pasaba el pueblo cubano en julio de 2021. La Fiscalía cree, además, que el hecho de que Andy gritara «policía, pinga» y «policías singaos» constituye no un acto de libertad de expresión, sino un delito de desacato de la figura básica. Asimismo, entiende que decirle «singao» a Díaz-Canel, por su condición de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, es un delito de desacato de la figura agravada.
La Fiscalía propone para Andy sanciones de cuatro años por el delito de desórdenes públicos, un año por el delito de desacato de la figura básica y tres años por el delito de desacato de la figura agravada. Si se atiende a ese cómputo —en el que todas las variables propuestas implican la máxima de las sanciones contempladas en el Código Penal vigente—, la Fiscalía sugiere como sanción conjunta para Andy, siete años de privación de libertad.
Puede que, por esos hechos, los tribunales cubanos sancionen a Andy a menos tiempo en prisión o dispongan su libertad —asunto poco probable—. Sin embargo, con independencia del resultado del juicio de Andy, por salir a protestar, por gritar, por mostrar su insatisfacción con un Gobierno y con funcionarios públicos que son vistos como herramientas de represión y no como veladores del orden público, nadie debería pasar ni un día recluido.
Andy lleva más de cinco meses en prisión. Su abogado ha solicitado en tres ocasiones un cambio de la medida cautelar que sufre. En las tres oportunidades esas solicitudes fueron negadas; las respuestas se ofrecieron solo de manera verbal, detalla Roxana.
EL VÍA CRUCIS DE ANDY
Una vez cumplidos los 14 días en Instrucción, Andy fue trasladado para La Pendiente donde permaneció unos meses. Aproximadamente hace 30 días fue reubicado en la prisión de Guamajal —sin notificarle a la familia— lugar en que se encuentra en este momento.
Andy estuvo en huelga de hambre 10 días. Solicitaba atención médica para sus compañeros y que se le entregara la correspondencia de su familia que había sido incautada por la Seguridad del Estado.
En Guamajal Andy García está aislado del resto de los detenidos del 11J, las visitas que le permiten son también aisladas, solo con su familia. En estos momentos está privado de recibir llamadas telefónicas a causa del proyecto Ayuda a los valientes del 11J en el que participa de manera activa su familia, cuenta Roxana.
Antes del 11 de julio de 2021, García Lorenzo trabajaba, por temporadas, en Los Cayos de Villa Clara como modelo, y en una paladar de la ciudad.
El juicio de Andy García, de conjunto con otros detenidos del 11J, comenzó a celebrarse el 10 de enero de 2022 en el Tribunal Provincial de Santa Clara y debe extenderse de dos a tres días. Familiares de los detenidos han reportado fuerte presencia policial y de agentes de la Seguridad del Estado. Las inmediaciones del Tribunal han permanecido acordonadas para impedir cualquier acceso.
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