Solo uno de cuatro casos de violencia sexual en Cuba son denunciados, según una investigación que recomienda visibilizar este problema, construir conocimientos con enfoque de género, mejorar el acceso a la justicia y promulgar una ley integral contra la violencia.

El jurista y profesor Lázaro Enrique Ramos dio a conocer la víspera resultados poco divulgados de su tesis doctoral, defendida en junio, durante el III Simposio de violencia de género, prostitución, turismo sexual y trata de personas, que del 2 al 4 de diciembre organiza el estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

En su disertación Retos socio jurídicos para afrontar la violencia sexual en Cuba, Ramos destacó que uno de los primeros desafíos fue encontrar estadísticas acerca del fenómeno, por lo que revisó de las sentencias seleccionadas y publicadas, entre 1974 y 2016, en el Boletín del Tribunal Supremo Popular.

Y realizó una encuesta de victimización sexual y percepción de delitos sexuales a 211 personas en 36 municipios de cinco provincias cubanas.

Se disparan las alarmas

Según el jurista, el análisis de 938 sentencias en materia penal adoptadas entre 1974 y 2016 en un total de 1.182 delitos, 113 respondían a delitos de carácter sexual.

El estudio arrojó que 14 por ciento de las sentencias penales se correspondían a crímenes contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la familia, la infancia y la juventud, solo detrás de los delitos contra los derechos patrimoniales (29,9 por ciento) y contra la vida y la integridad personal (18,8 por ciento).

De acuerdo con el investigador, “nos pareció alarmante que fuera de esta magnitud” y “desde el punto de vista de la prevención es muy importante que la población y los profesionales sepan qué tipo de delitos se están dando”.

Según la investigación, las 113 sentencias revelaron 180 víctimas directas, de ellas 146 del sexo femenino (81,1 por ciento) y 34 (18,9 por ciento) del masculino.

La edad de las mujeres víctimas osciló entre dos y 32 años, mientras en el caso de los varones, la edad se ubicó entre seis y 34 años.

Los análisis realizados por Ramos arrojaron que, de las 146 víctimas femeninas, 113 eran menores de 16 años al momento de los hechos (77,4 por ciento), mientras 33 superaban esa edad (22,6 por ciento). De los 34 hombres víctimas, 32 eran menores de 16 años (94,1 por ciento), solo dos eran mayores (5,9 por ciento) y padecían enfermedad mental.

En el caso de las y los 131 victimarios, cuyas edades oscilaron entre 16 y 74 años, 118 eran varones (90,1 por ciento) y 13 eran mujeres (9,9 por ciento). La edad de las víctimas fue menor que la de los victimarios en más de 98 por ciento de los casos.

Y, en el 75 por ciento de los casos, existía una relación previa entre víctimas y victimarios: de vecindad (31,9 por ciento), familiares o ex parejas (31,9 por ciento), amistad con víctimas o sus familiares (17 por ciento), vínculo entre maestro-alumna (17 por ciento) y doctor-paciente (2,1 por ciento).

“Aunque la mayoría de las mujeres temen pasar por lugares oscuros y que aparezca un extraño, que la agreda sexualmente, los hechos relativos a esto solo cubren el 25 por ciento del total”, destacó el jurista.

Mirar bajo la punta del iceberg

El profesor compartió que, luego de analizar el delito y las conductas que el legislador había decidido criminalizar, se abocó en 2018 a buscar qué está debajo del telón con la encuesta de victimización sexual.

Los resultados arrojaron que 28 por ciento de las mujeres encuestadas reconoció que había sufrido violencia, mientras entre los hombres lo admitió solo dos por ciento.

Según el estudio, de los hechos conocidos por la muestra se denunció poco más de 20 por ciento y quedó sin denuncia más de 70 por ciento, es decir, se denuncia uno cada cuatro casos.

La mayor de las causas para no denunciar identificada en la encuesta fue el miedo a las represalias, que solo existe cuando se conoce al victimario.

También salió a relucir la antigüedad de la victimización: el 68 por ciento de los hechos había sucedido hacía más de cinco años, 16 por ciento en los tres últimos, 13 por ciento ocurría al momento de la encuesta, y tres, en los doce meses anteriores.

Una comparación entre los hechos ejecutados por agresores con vínculo anterior con sus víctimas arrojó que las cifras de la encuesta exceden lo registrado por las sentencias.

En el caso de los horarios, coincidieron los arrojados por el análisis de las sentencias y las encuestas de victimización, con preponderancia para el horario nocturno, seguido de la tarde y la mañana y por último la madrugada, lo que refuerza la relación entre víctimas y victimarios.

Los lugares de ocurrencia de los hechos fueron la casa de la víctima (32 por ciento), la casa del agresor (16 por ciento), centros de trabajo (13 por ciento), escuelas (10 por ciento), zonas recreativas y vía pública (7 por ciento) y zonas rurales, medios de transporte, hospitales y centros penitenciarios (6 por ciento).

En el caso de la frecuencia de los hechos de violencia sexual, la mayoría se produjo una sola vez, seguido de más de dos veces y, en último lugar, dos veces.

Al respecto, criticó Ramos, el apartado dos del artículo 11 del Código Penal vigente desde 1987, establece que si las acciones son realizadas contra la misma víctima, tienen carácter continuado, por lo que existe una reducción en la imposición de la sanción, “algo que resulta completamente ilógico porque el agresor se está aprovechando de la impunidad”.

Entre las consecuencias de la violencia sexual, las encuestas arrojaron miedo e inseguridad, trastornos psicológicos (que no están recogidos expresamente en la ley penal), lesiones, alejamiento de las relaciones, conductas suicidas, infecciones de transmisión sexual/VIH, embarazo e infertilidad.

 

Este texto fue publicado originalmente en IPS Cuba. Se republica íntegramente en elTOQUE con la intención de ofrecer contenidos e ideas variadas y desde diferentes perspectivas a nuestras audiencias. Lo que aquí se reproduce no es necesariamente la postura editorial de nuestro medio.