La aprobación de la enmienda 3097 por el Senado de los Estados Unidos busca proveer libre acceso a Internet a los residentes en Cuba y podría constituirse en un evento de gran importancia si el Gobierno federal y sus agencias logran salvar los problemas tecnológicos asociados a esta iniciativa. 

La resolución, promovida por los senadores por la Florida Marco Rubio (R) y Rick Scott (R), fue aprobada de forma unánime el 10 de agosto y en breve podría alcanzar la categoría de política de Estado una vez que el ejecutivo acepte las recomendaciones de ese cuerpo legislativo. Es difícil que el Gobierno de Joe Biden ofrezca alguna resistencia a una posibilidad que se maneja desde hace un tiempo y que el propio presidente y su equipo han mencionado. 

En busca de abandonar las cómodas, simples, inexactas y casi siempre partidistas categorías de bueno y malo —porque la realidad siempre es mucho más compleja y no existen los absolutos—, todo indica que estaríamos ante un evento muy relevante que, de llevarse a la práctica, podría tener un alto impacto en las múltiples variables que inciden en la realidad de la Isla hoy; así como en las problemáticas internacionales de estos tiempos y el futuro inmediato. 

No es un secreto ni una estrategia oculta llegar a la comprensión de que la herramienta más importante con la que han contado los que le plantan resistencia al Estado cubano y sus fuerzas represivas es justamente el acceso a las redes vía Internet. Tanto por su capacidad de denuncia como por constituirse en instrumento coordinador de esfuerzos cívicos en tiempo real. 

Frente a una iniciativa de este calibre se podrían establecer argumentaciones a favor y en contra. Ambas, según veo, con total validez, por lo que la decisión de emprender este camino dependería entonces de los intereses inmediatos de un Estado en su relación con el otro.  

Difícilmente un evento como este será todo lo negativo y terrible o todo lo positivo y maravilloso que proferirán los extremos del dilema cubano, los aplaudidores acríticos del modelo cubano, los denunciantes absolutos de las políticas de diseño imperial y los emotivos y confesos anticomunistas a tiempo completo del otro lado. 

Esta iniciativa expondría de modo muy claro una demostración de fuerza y poder que supera en mayor cuantía los anteriores intentos del uso del espacio radioeléctrico de un Estado sobre otro (Radio Martí es solo un ejemplo de una lista más larga). Estados Unidos no solo podría llevar a vías de hecho este libre acceso por razones de elemental justicia y respeto a la observancia de un derecho humano básico, sino porque tiene el suficiente poder, el interés y la voluntad para hacerlo. 

Otra cuestión o complejidad de fondo es que se establecería una posibilidad de acceso a la red de redes de manera unilateral y no como resultado de acuerdos multilaterales. 

Es justo de igual manera destacar que hoy un Estado no debería tener derecho a limitar, condicionar e impedir el libre flujo de información y el acceso a Internet a ciudadanos que son sujetos de derecho (también a la organización y la protesta) y sobre los que reside la soberanía de ese contrato social, como bien proclama la propia Constitución cubana. 

¿En qué consiste la enmienda de Marco Rubio para proveer Internet a Cuba?

Conoce detalles de la enmienda que propuso Marco Rubio al proyecto de ley presupuestaria sobre fondos para proveer Internet a Cuba y su aprobación en el Senado.

Esta enmienda del Senado deja bien plasmados los intereses inmediatos y últimos de ambos partidos, republicano y demócrata, comprometidos de forma categórica con el cambio de régimen, y a los que pareciera que los últimos acontecimientos en la Isla y la conformación de alianzas y prioridades políticas los ha acercado en lugar de distanciarlos. 

La medida unilateral norteamericana no busca ni tiene como propósito eliminar las erogaciones de los ciudadanos cubanos que acceden a Internet ni busca promover entre ellos el disfrute de Youtube o Spotify. La medida busca potenciar la capacidad de articulación de la ciudadanía frente a los límites que impone el Estado cubano. 

¿Hasta dónde un Estado tiene derecho a ignorar y pisotear los derechos ciudadanos internacionalmente aceptados? ¿Continúa siendo la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza y las medidas unilaterales de los más poderosos sobre los Estados más débiles la mejor o única forma de canalizar estos conflictos? 

El sistema internacional configurado a través del sistema de Naciones Unidas, sus principios, convenciones y organismos, no hay dudas, ha tenido como principal logro la razón central por la que fue constituido: evitar una nueva conflagración mundial. Sin embargo, cada día se hacen más evidentes sus múltiples limitaciones e incapacidades frente a los dilemas y conflictos contemporáneos. 

Entonces, ¿es positivo que los cubanos puedan tener acceso ilimitado a Internet? Cualquiera diría que sí, que no solo es positivo, sino justo; que no debe existir autoridad superior que la que emana de los derechos consustanciales a los ciudadanos de cualquier parte. Del mismo modo, habría que aceptar las complejidades y los retos que entraña para la paz y la buena relación entre naciones la imposición de estrategias y medidas implementadas por otro Estado, que persiguen sus propios intereses y no los de aquellos a los que dice asistir. 

Aunque este caso parece más claro en función de respetar derechos humanos internacionalmente aceptados, sí constituye un antecedente (a todas luces otro) de la clásica historia del pez grande que al final se come al pequeño. 

Asistimos, una vez más, al profundo carácter asimétrico en las relaciones entre estos dos Estados.

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