No resulta frecuente que en Cuba el análisis intelectual-académico se comparta de manera pública. Por lo general, los debates suelen circunscribirse al ámbito institucional —universidades y centros de investigación—; la prensa oficial solo en esporádicas ocasiones se hace eco de ellos. La acogida por parte de muchos —entre los que me incluyo— del panel de sociología publicado por Alma Mater y en el que participan las sociólogas María Isabel Domínguez, del CIPS, y Giselle Armas, de FLACSO, fue optimista. No puede resultar sino esperanzador que los análisis de cientistas sociales sobre la realidad cubana se compartan con los ciudadanos.
El panel, presentado por sus realizadores como una contribución de las ciencias sociales cubanas desde una mirada que se autodefine reflexiva y crítica respecto a la realidad cubana pos-11J, pone en contacto a los lectores con términos como crisis, estallido social, ciudadanía, procesos políticos, sujetos sociales, conflictos sociales —por lo general poco utilizados como categorías analíticas sobre la sociedad cubana en la prensa—. En realidad, hay que reconocer el carácter novedoso del dosier, pues abre un espacio dialógico incipiente entre academia y sociedad.
Sin embargo, en el panel en cuestión, lo que podría ser alentador se diluye en análisis formalistas y acomodaticios, con una tibia criticidad. Las entrevistadas recurren a reduccionismos que enfatizan la condición de «víctima» del Gobierno cubano y la «heroicidad» del pueblo. De manera constante se alude al bloqueo norteamericano, al enemigo externo, al asedio a la «revolución», al auge de la derecha internacional, a la financiación de la disidencia. Lo externo como «locus de control», exculpatorio de la responsabilidad gubernamental en los conflictos y problemas sociales que marcan las nuevas dinámicas sociales. En muchos momentos de la conversación cuesta distinguir el lenguaje académico de la retórica política.
«Las dificultades económicas se han visto agravadas por el constante acoso en el plano ideopolítico —del que forma parte el propio bloqueo— por tratarse de un modelo alternativo al capitalismo y un mal ejemplo para otros países de la región» (Dra. María Isabel Domínguez).
De esta manera, una oportunidad que pudo aprovecharse para comunicar a la sociedad un conocimiento científico en el cual se reconociera, que le permitiera comprender(se) y abrir cauces para el diálogo entre los diversos grupos sociales —sobre los tópicos más relevantes para la sociedad— sucumbió al formalismo o, lo que es peor, a los miedos y cálculos equilibristas.
Una oportunidad para hablarle al poder —desde la crítica a su ejecutoria— sobre el impacto de los errores, falencias y fracasos relacionados con las estrategias de desarrollo, las políticas públicas, la toma de decisiones, el funcionamiento institucional, las inconsistencias entre el discurso y la praxis gubernamental se diluyó en análisis evasivos, simplistas, especulativos (por la falta de datos, cifras, de evidencia empírica que sustentara muchos de los planteamientos) para concluir con el refuerzo de una comprensión reduccionista de las actuales dinámicas sociales —comprensión que evade reconocer conflictos sociales reales en las relaciones con el poder e invisibiliza sujetos sociales con un rol cada vez más colectivo y protagónico—.
SOCIOLOGÍA PARA LEGITIMAR AL PODER HEGEMÓNICO
El panel nos muestra una sociología, a todas luces, enfrascada en defender la legitimidad del ejercicio de gobierno y que, en consecuencia, deja de problematizar fenómenos sociales reales, que autocensura la imaginación sociológica y deviene conocimiento limitado, distorsionado y empobrecido de una realidad social desbordada de conflictos.
Es arduo establecer la distinción entre análisis científico y narrativa del poder cuando una de las sociólogas entrevistadas —al referirse a los cambios en política económica y social implementados en la década de los noventa en Cuba y sus efectos en la acentuación de problemas como la desigualdad social— necesita acotar que el Período Especial «fue una etapa de resistencia heroica» y que a pesar de ello dejó «sus huellas». La apropiación de la narrativa gubernamental como argumento científico, además de maniqueo y carente de imaginación, produce sesgos analíticos muy profundos.
El más visible de ellos es el otorgamiento de una especie de condición de variable ubicua al bloqueo/embargo. La magnificación del impacto de las sanciones económicas impuestas por el Gobierno norteamericano se corresponde con una minimización de los efectos de las decisiones políticas y la ejecutoria gubernamental cubana.
La Revolución, esa entelequia, es un poder político en el Gobierno desde 1959, pero las investigadoras eluden ese hecho social incuestionable. En consecuencia, declinan analizar la relación entre decisiones políticas, gestión de gobierno, ejercicio del poder y los múltiples problemas sociales que marcan la realidad nacional. Si la narrativa oficial insiste en la unidad y continuidad, la indagación sociológica funcional al poder nos dice que Estado-pueblo y Partido es una dicotomía «creada» por intereses foráneos, y elige no problematizar las relaciones y conflictos entre estos actores sociales.
«Desde estos antecedentes se pueden entender algunos de los objetivos de la Tarea Ordenamiento, independientemente de si era el momento de aplicarla o no, debe contrastarse con los reduccionismos que intentan crear la dicotomía Estado-pueblo, y Partido. El ordenamiento intenta fortalecer y restructurar la clase trabajadora, estimular a largo plazo el empleo como fuente fundamental de producción y reproducción de la vida. Es un intento por reacomodar la movilidad social y la pirámide invertida» (MSc. Giselle Armas Pedraza).
Desde esta mirada sesgada y reduccionista, un fenómeno como la desigualdad social —estrechamente relacionado con condiciones estructurales, políticas públicas ineficientes o inexistentes y relación entre grupos sociales y poder político—, se presenta como un problema social emergente de la crisis económica de los noventa, matizado por la aparición del trabajo por cuenta propia, la despenalización del dólar o los empleos en sectores más dinámicos de la economía —como el turismo—.
«Hubo una división entre ocupados en sectores de la propiedad, tradicionales y emergentes, en donde se quiebra la relación proporcional entre calificación profesional e ingresos. Al mismo tiempo, se potenció la diversificación profesional y la “recampesinización” del agro cubano (…). Se crearon las condiciones, junto a la polarización en la concentración de los ingresos y desiguales accesos a las oportunidades universales, para que aparecieran franjas de personas en situación de vulnerabilidad» (MSc. Giselle Armas Pedraza).
Los argumentos que exponen las entrevistadas dejan ver una postura analítica desde la cual se sugiere que la desigualdad social en Cuba se reduce, en exclusiva, a las dimensiones económicas —ingresos, capacidad adquisitiva y estatus socioeconómico— y no considera los factores que lo vinculan con procesos de exclusión social e inequidad relacionados con ineficiencias y fallas del ejercicio gubernamental o con los conflictos —inevitables— entre sujetos sociales, institucionalidad y poder político.
Es, cuando menos, llamativo que un axioma básico y aporte esencial del marxismo a la cultura sociológica —la persistencia de los conflictos sociales, como aportara Wallerstein (2007)— sea obviado de esta manera en el análisis de las dinámicas sociales internas. Parece insólito que haya que reclamarle a la sociología cubana menos Parsons, más Marx.
SOCIOLOGÍA PARA INVISIBILIZAR A LOS SUJETOS SOCIALES
Un posicionamiento elusivo ante los conflictos que definen las dinámicas sociales actuales es congruente con la estrategia de invisibilización de sujetos sociales que desde el poder político recurre a la estigmatización no solo de los participantes en las protestas sino de cualquier disidencia, activismo e incluso creación intelectual. La heterogeneidad social que rompe con la idea de «unanimidad» como «valor revolucionario» es presentada como emergente del contexto sociopolítico y económico del Período Especial, manipulada por los «enemigos externos» para provocar un estallido.
«La filósofa y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Giselle Armas, es del criterio que incidieron también en los hechos del 11 de julio otros factores como la conservatización de algunos sectores de la sociedad y el intento creciente de separar la dimensión política revolucionaria de los cambios y permanencias que están ocurriendo en Cuba. De igual modo, apunta que se intentó, subterráneamente, sustraerle a la Revolución su independentismo y antimperialismo para movilizar a grupos sociales e individuos» (Extracto del panel sociología).
Es un hecho social innegable la configuración de nuevos sujetos sociales, sujetos que han encontrado en el activismo sobre asuntos y tópicos diversos (movimiento LGBT, feminismo, animalistas, artistas e intelectuales, periodistas independientes, emprendedores, entre otros) la posibilidad de generar formas de organización al margen de las lógicas del control político-institucional, y que reclaman para sí lo público como espacio de lucha.
Estos sujetos son cada vez más visibles para la población, en cierta medida gracias a la reacción gubernamental (la represión y las campañas de desprestigio en los medios de información estatales); pero también porque la toma del espacio público mediante marchas, plantones, cartas públicas y actos individuales de activistas o grupos de ellos no ocurren en un vacío social, sino en la cuadra, el barrio, el pueblo, la ciudad en la que se habita. Desde esos espacios cotidianos de socialización, la solidaridad y la comunión al encontrar válidos y justos los reclamos amplían las influencias y el impacto.
Que el acceso a Internet (en especial a las redes sociales) pudo desempeñar un papel importante en la capacidad movilizativa, en la extensión y réplicas de las protestas en diferentes pueblos y ciudades, así como en la solidaridad y amplificación inmediatas fuera de las fronteras del país, es una hipótesis plausible. Pero corresponde a la investigación social salir del terreno de lo especulativo, aportar datos, cifras, evidencias empíricas que sustenten las afirmaciones que las sociólogas entrevistadas hacen, algunas de ellas, absolutamente cuestionables por su sesgo.
«En el mundo globalizado en que vivimos hoy, las experiencias sociales que se producen en determinados contextos tienen un efecto de demostración y son replicables. Las manifestaciones que han tenido lugar en los últimos años en diferentes países de nuestro propio continente, ya fueran manipuladas para derrocar Gobiernos incómodos como las ocurridas en Venezuela o reales manifestaciones populares como las sucedidas más recientemente en Chile y Colombia, son un referente pedagógico para protestar contra los Gobiernos aun cuando el carácter de esos Gobiernos y los significados de las protestas difieran de forma radical» (Dra. María Isabel Domínguez).
Asociar las protestas del 11J a un «efecto pedagógico» de las manifestaciones en otros países latinoamericanos es muy poco sutil en su propósito no ya de invisibilizar sujetos sociales, sino de suprimir/demeritar la existencia de una conciencia crítica ciudadana que permite la construcción de identidades en conflicto con el poder político y sus instituciones, sin importar la ideología del poder cuestionado.
Desde el campo de estudio de los movimientos sociales, se reconoce en las protestas una forma de acción colectiva en la que diversos grupos interpelan al poder de forma confrontacional (Tilly, 2005). Aunque se trata de un fenómeno novedoso en el contexto cubano, las protestas no son desconocidas en tanto objeto de estudio del campo disciplinar. Por lo que la valoración de las sociólogas, respecto a la falta de racionalidad en los sujetos de la acción —justo en los países donde existen Gobiernos ideológicamente afines al cubano—, contiene una intencionalidad nada discreta de complacencia con el poder emplazado por el sujeto popular en las calles de los diferentes Estados.
En lo personal, puedo aportar referencias concretas respecto al caso venezolano, país en el que vivo y trabajo desde hace 11 años. Como investigadora, como docente, como activista, he acompañado a grupos sociales y comunidades en protestas disímiles. Desde aquellas motivadas por la carencia de bienes y servicios —en general dirigidas a los Gobiernos regionales y locales—; otras que reclamaban exigencias específicas por parte de grupos sociales y gremios —como la de los docentes universitarios—; hasta las masivas protestas que movilizaron a la ciudadanía en la defensa de la democracia, violentada por las prácticas autoritarias del Gobierno bolivariano.
En esas protestas —que sucedían en todo el país— participaban personas de diversos estratos sociales y afiliaciones ideológicas, con diferentes motivaciones, métodos y objetivos en la acción. El cuestionamiento a la racionalidad de los actores involucrados en las protestas —en especial de sus motivaciones— se ha hecho desde posturas político-partidistas que defienden intereses del poder, pero su validez es muy cuestionable a partir del ejercicio científico social.
Durante la participación en una protesta, sin dudas, existen variados elementos psicosociales en juego, pero esa retórica en la que quienes protestan son una masa infantiloide, ingenua, manipulable, empujada por intereses instrumentales a un poder que les utiliza es insultante para quienes participan en estas acciones y para cualquier cientista social. La emergencia de un nuevo sujeto popular que se reconoce en su capacidad de agencia sobre los procesos sociales macro y la toma de decisiones políticas, que reta al poder y lo desafía, es un hecho social incuestionable.
En el contexto cubano, corresponde a la sociología, la psicología y otras disciplinas, acercarse a la realidad desde una posición ética, crítica y reflexivo-comprensiva para interpretar de manera adecuada lo que ocurre. El resto sería apelar a una ciencia social sin sujetos, un oxímoron. No hacerlo solo conduce a lo que vemos: la colonización de la acción colectiva desde el saber disciplinar, un ejercicio de violencia epistémica sobre el sujeto popular que niega su agencia, su racionalidad y concluye siendo útil (por funcional) solo para el poder.
A quienes nos formamos en las universidades cubanas y ejercimos la profesión como docentes o investigadores en la Isla, no nos resulta desconocido el impacto del control político gubernamental sobre el desarrollo de la disciplina (que ha tenido sus manifestaciones más visibles en su exclusión como oferta de carreras universitarias durante más de una década, en la subordinación de la aprobación de diversos proyectos investigativos a la decisión del Departamento Ideológico del PCC y en las prohibiciones a quienes la ejercen para crear organizaciones gremiales).
En consecuencia, se evidencia un débil avance institucional que, en comparación con otras disciplinas afines (como la psicología o la economía), ha influido de manera negativa en su evolución y consolidación, tanto dentro del ámbito académico como en el campo de las investigaciones empíricas. La sociología es, en el mundo institucional de las ciencias sociales cubanas, una suerte de «hermana menor» obligada a ir de la mano de otras, reducida por ello a servir de disciplinar auxiliar, con subdisciplinas con escaso o ningún desarrollo.
Del ejercicio sociológico se espera capacidad crítica para cuestionar la realidad, para escudriñarla hasta develar lo que se oculta, se invisibiliza y las razones por la que tal ocultamiento ocurre. Incluso, aquellos ocultamientos en los que el profesional de la sociología se involucra, porque no hay «pureza», sabemos: existen intereses y compromisos, pero estos solo conducen a la producción de un conocimiento científico si podemos reconocer sus mediaciones y límites, si somos capaces de posicionarnos de manera crítica ante ellos.
Recordemos a Bourdieu (1980) cuando nos decía que las posibilidades de la sociología para contribuir a la producción de un conocimiento verídico dependían en esencia de dos factores: «el interés en saber y hacer saber la verdad —o de ocultarla y ocultársela a sí mismo— y la capacidad para producirla».
El 11J desafía a la sociología cubana como expresión del disenso, obliga a romper con una práctica intelectual que ha servido como aparato de legitimación de un poder hegemónico y autoritario. Demanda con urgencia la interpelación a ese poder desde un ejercicio riguroso, demanda también la formulación de preguntas relevantes, pertinentes al momento; y exige eliminar el velo que ha lastrado la capacidad de la disciplina para realizar un aporte significativo al desarrollo del país.
Referencias:
Bourdieu, P. (1980) Sociología y Cultura. Grijalbo: México.
Tilly, C. (2005). Los movimientos sociales entran al siglo XXI. Política y Sociedad, 42(2), 11-35.
Wallerstein, I. (2007) Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido. Una ciencia social para el siglo XXI. Siglo XXI Editores: México.
** Este texto forma parte del dosier «Desafiando el “consenso”».
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Yoandy Vega Peña