Testimonios de madres y familiares de presos políticos muestran la creciente preocupación por la salud de los detenidos tras las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021. A la deficiente atención recibida en los centros penitenciarios se unen los impedimentos para que reciban medicamentos, en algunos casos como castigo por las declaraciones públicas de los familiares.

Varias de las denuncias se dieron a conocer durante las «Jornadas Cívicas Conjuntas», organizadas por la Federación Hispano Cubana de Exiliados por la Libertad (Fexcu), que tuvieron lugar el 9, 10 y 11 de diciembre a propósito del Día de los Derechos Humanos. 

«Él me dice que está bien solo para mantenerme tranquila. Siempre me transmite mucha positividad, pero puedo percibir que mi hijo no es el mismo», asegura Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Veliz, profesor de Educación Física, de 28 años de edad, quien fue sentenciado a seis años de privación de libertad.

En el video publicado en la página de Facebook «Mi Madre es mi Patria», Ailex cuenta que Ángel Jesús fue detenido el 18 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey. A partir del arresto y posterior traslado a la prisión Kilo 8, el joven, quien según su madre siempre fue saludable, comenzó a presentar problemas de salud. Entre ellos, granos en la piel, erupciones e hipertensión. 

Ailex ha tomado las enfermedades como indicador de que su hijo, por más que diga lo contrario, no se siente bien. 

Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, hijo de Migdalia Gutiérrez, fue sentenciado a 15 años de privación de libertad por —presuntamente— formar parte de las movilizaciones del 11J en el reparto capitalino la Güinera. No tenía antecedentes penales y se entregó sin resistencia a las autoridades el día en que fueron a buscarlo, asegura su madre. Hoy, cumple una condena injusta y su estado de salud, mental y físico está deteriorado. 

«Está triste, deprimido. No está de acuerdo con la sanción que le han puesto», señala Migdalia. 

Elizabeth León, por su parte, tiene tres de sus cuatro hijos encarcelados: José Antonio, Frandy y Santiago de 35, 27 y 22 años, respectivamente. Los tres, por hechos relacionados con las protestas masivas y con la respuesta represiva del Gobierno cubano durante el 11 y el 12 de julio en la Güinera. La última vez que los vio —explica— fue el 2 de noviembre de 2022. 

«Físicamente, Santiago sufre todavía de muchas cosas que no admite. Mentalmente, está muy mal», señala la madre, quien cuenta que los tres hijos tienen muchos granos en la piel, sobre todo Frandy. 

«Mis hijos no están bien».

A Ailex, a Migdalia y a Elizabeth las une el dolor por la separación y las injustas condenas impuestas a sus hijos. Las madres fueron testigos de violentas detenciones y de su posterior deterioro físico y mental. Sobre todo, tras juicios arbitrarios, plagados de irregularidades y manipulaciones. Las tres aseguran que cambiarían su libertad por la de sus hijos.

ADRIÁN BRUSNELVIS CABRERA GUTIÉRREZ: LA BATALLA POR LA JUSTICIA Y UNOS ANTIBIÓTICOS

Según relata Migdalia, contrario a lo expuesto por las autoridades, Adrián no formó parte de las protestas populares del 11 de julio de 2021. El día de los hechos se encontraba, primero, en una piscina y luego fue a trabajar a una finca. Pero la Fiscalía no tomó en cuenta las declaraciones expuestas por cuatro testigos durante el juicio, quienes confirmaron el paradero del joven. 

«Apenas los dejaron hablar», dice Migdalia. 

Durante el juicio —en el que también estaban otros 15 presuntos manifestantes, entre ellos una mujer embarazada—, sí escucharon con atención los alegatos de otros «testigos». La gran mayoría, militares, delegados y policías. Poco importó que el abogado de Adrián pidiera que se tuviera en cuenta la corta edad del acusado —tenía 20 años en el momento de su arresto— o su cooperación con las autoridades. Los fiscales fueron severos. 

Adrián recibió 15 años de condena; otros tres acusados, 30 años. Durante los tres días que duró el juicio, los familiares se sintieron acosados. Por cada preso había dos guardias. 

La represión continua: nuevo juicio a manifestantes del 11J

El juicio a varios manifestantes del 11J, entre quienes se encuentra Jonathan Torres Farrat, se celebrará durante el 23 y 24 de noviembre de 2022 en el Tribunal de Diez de Octubre, La Habana.

Desde su arresto, Adrián ha sufrido múltiples inflamaciones en el oído. Migdalia conecta los reiterados casos de otitis —algunos derivados en fiebre y abundante supuración— con los baños de agua fría, la falta de condiciones higiénicas y de buena atención médica en la prisión. 

«Yo tuve que ir una vez y batallar para que le dejaran pasar unos antibióticos porque me llamó y me dijo: ​​“mamá, no puedo más del dolor, no puedo ni hablar por teléfono (…), me mandaron un antibiótico y no tengo”. Tuve que ir a la prisión y batallar para que me dejaran pasar los medicamentos porque no querían», explica.

Adrián también sufre dolores en una rodilla, una vieja lesión de cuando era futbolista. Su madre hoy «lucha» para que le permitan pasar unos ibuprofenos, pero el régimen de visitas es «caótico». Antes de darse a conocer la condena podía verlo cada dos semanas; ahora, cada 40 o 41 días cuando las visitas deberían ser mensuales. Migdalia asegura que esta es una forma que han encontrado las autoridades para castigarla por su activismo. Así le han afirmado. Cualquier cosa que haga afecta a su hijo. 

«Ellos son los que salen perjudicados», cuenta Migdalia que suelen decirle como amenaza. «Seguiré denunciando. No me van a callar. Tengo un hombre ahí que se mantiene firme con sus ideas. Y como madre me mantengo firme con las mías también». 

ÁNGEL JESÚS VELIZ MARCANO, EN CELDA DE AISLAMIENTO Y SIN ATENCIÓN MÉDICA 

En el hospital de la penitenciaría Kilo 8, a Ángel Jesús Veliz Marcano le fue diagnosticado un estafilococo. Hasta la fecha, el joven camagüeyano ha podido recibir tres tratamientos gracias a la gestión de su madre Ailex, quien ha adquirido los medicamentos en Revolico al precio «de la calle». 

La venta ilegal de fármacos a exorbitantes precios se deriva de la escasez existente en farmacias y hospitales. En el mercado negro un blíster de Amoxicilina puede llegar a costar 500 CUP y un espray de Salbutamol, 180. 

«Resolvía por un tiempo, por unos días y volvía de nuevo a presentar lesiones en la piel. Por denunciar, por ser tan frontal, por decir no a las situaciones de la cárcel, parece que ellos [los oficiales] tomaron medidas y no aceptaron que le llevara el cuarto tratamiento», explica Ailex. «Me dijeron que ellos contaban con todo tipo de medicamentos, pero no es real».

El 12 de octubre de 2021, Ángel Jesús fue conducido a un interrogatorio ante el jefe de Kilo 7, establecimiento al cual no pertenecía. Allí, Torres Olazábal, jefe de Reglas Mínimas y representante de cárceles y prisiones de Camagüey, lo agredió; el motivo: una foto en la que aparecía Ailex junto a otras madres de presos políticos en la Iglesia de la Merced de la ciudad agramontina cuando pedían libertad para sus hijos. 

Ángel Jesús tenía más de un centenar de fotos —subraya Aliex— en su celda, pero los guardias le ocuparon esa en específico. Después del encuentro, se acentuaron las represalias contra el joven. 

Hoy se encuentra en una celda de castigo que mide un metro por un metro. Para descansar cuenta con un muro de piedra de 40 centímetros con un colchón, que se lo retiran todos los días a las 7:00 a. m. y se lo devuelven a las 7:00 p. m., durante el «conteo». 

«En ese pequeño espacio no hay higiene, no hay la necesaria iluminación ni ventilación (…). Me preocupa que, al estar en solitario, no tenga un tratamiento constante o verificación de un médico de su presión arterial», explica Ailex. 

«Esto para mí es un asesinato en vida, porque es un joven que no ha cometido ningún acto delictivo ni ha atentado contra nadie», agrega la madre. 

Madres de presos políticos del 11J reclaman justicia para sus hijos

Estas mujeres piden que se les escuche y que no se condene a sus hijos a 20, 25 o 30 años de privación de libertad.

JOSÉ ANTONIO, FRANDY Y SANTIAGO VÁZQUEZ LEÓN: BRUTALIDAD Y TORTURA PSICOLÓGICA

El 12 de julio de 2021, alrededor de las 4:00 p. m. Elizabeth salió de su casa porque sintió gritos. En ese instante, un oficial cogió a su hermana por el cuello. Ella intentó detenerlo, pero fue en vano. La empujaron al suelo y le dieron varios golpes. Al percatarse de lo que sucedía, su hijo José Antonio lanzó una piedra a los militares como advertencia para que soltaran a su madre. 

«[José Antonio] recibe un tiro de goma que le parte un diente y la boca, lo cual le provoca una hemorragia. La policía lo agarra por una pierna y, al caer al suelo, le provoca tres fracturas (…). Le empiezan a dar patadas, como si fuera un animal», recuerda Elizabeth. 

«Yo veía y daba gritos. No podía acercarme porque los policías me empujaban con unos escudos transparentes». 

Ese día fueron detenidos José Antonio (por salir en defensa de su madre) y su hermano Santiago (por participar en las movilizaciones del 11J). Menos de una semana después, un grupo aproximado de 30 oficiales vestidos de negro se llevaron a Frandy, el tercero de los hermanos. Los agentes le apretaron las esposas y lo amenazaron. Si salía corriendo le dispararían.  

A José Antonio le imputaron una condena de siete años por el delito de «atentado» y «desacato». Santiago, por su parte, recibió una sanción de siete años de privación de libertad por «sedición, altercado público y propagación de epidemia». Mientras que la condena de Frandy fue de seis años por los actos de «sedición, desacato y propagación de epidemia».

Frandy y José Antonio, quienes al igual que su hermano Santiago permanecen en el Combinado del Este en La Habana, padecen de asma. Pero las autoridades han impedido el ingreso de medicamentos para tratar su padecimiento. Así lo denunció Elizabeth León, en un audio difundido por la activista Carolina Barrero.

«Les llevé medicamentos que tuve que comprar aquí en la calle, porque no los hay. Me sacrifiqué y se los llevé, y la policía del Combinado no les ha hecho llegar esos medicamentos», cuenta Elizabeth. «Psicológicamente, los están torturando, qué están esperando, que esos niños se mueran ahogados o qué».

«¡No podemos seguir con este abuso!», subraya. 

DERECHO INTERNACIONAL QUE CUBA NO RESPETA

La Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) procesó a cerca de 790 personas por las protestas masivas del 11 y 12 de julio de 2021. La mayoría de las acusaciones fueron por los delitos de «desorden público», «desacato», «resistencia» y «sedición». Un total de 168 manifestantes fueron acusados de «sedición», bajo el amparo del antiguo Código Penal, vigente hasta diciembre de 2021, que recoge el delito en su artículo 100. 

Desde entonces, varias organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han alertado sobre el tratamiento al que han sido sometidos los manifestantes del 11J dentro del sistema penal. 

En el informe titulado «Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba» se revela que gran parte de los detenidos han tenido acceso limitado o nulo a medicamentos, agua limpia o protección para evitar el contagio de COVID-19. Así como otras violaciones de derechos humanos. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su manual de «Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas» reconoce que los presos tienen derecho a la salud. Entendido el derecho como «el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social», lo cual incluye, entre otros: «la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial» y «el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos». 

Sin embargo, con los testimonios queda en evidencia una vez más la hostilidad del oficialismo cubano sobre los cuerpos y mentes de los presos políticos. Las deficientes condiciones sanitarias registradas constituyen un trato cruel, inhumano y degradante.

Mientras las violaciones ocurren dentro de las prisiones, afuera son cada vez más las iniciativas de organizaciones y miembros de la sociedad civil en pos de los derechos de los presos políticos (sea desde las denuncias articuladas o mediante redes de apoyo). 

Cuatro iniciativas para ayudar a los presos políticos cubanos y a sus familiares

Dentro y fuera de Cuba se han consolidado iniciativas para recolectar ayuda, acompañamiento psicológico y asesoría legal para los presos y sus familiares.

Entre ellas está Fexcu, integrada por seis asociaciones radicadas en España, que busca ser una plataforma que permita a madres y demás familiares de presos políticos contar su historia y desmentir la retórica impulsada por el régimen cubano. El valor de la federación radica, en especial, en sus deseos de coordinar los esfuerzos de la oposición en la diáspora, una «asignatura pendiente» durante décadas, según contó a elTOQUE Agustín Pi Martínez, uno de los portavoces de Fexcu y parte del comité organizador de las Jornadas Cívicas. 

«Son tiempos de organizar eventos colaborativos, de convocar manifestaciones conjuntas, de presentar, de manera grupal y en las instancias pertinentes, documentos de denuncia; de organizar y coordinar cada uno de nuestros esfuerzos personales en la causa común: la instauración de un sistema verdaderamente democrático y representativo en Cuba», agregó. 

Según pudo constatar Pi Martínez, los diversos padecimientos —sobre todo en la piel— son una preocupación entre madres de presos políticos del 11J. Sus hijos, antes de su encarcelamiento, eran jóvenes sanos. Se repiten los casos de escabiosis, estafilococos y lesiones en forma de granos. Así como un claro deterioro de su salud mental. 

«Varios no han asumido que están presos o por qué lo están. Y en declaraciones de sus familiares se evidencia la impotencia que sienten al no poder ayudar a sus madres, que están pasándola peor que antes de sus detenciones. (…) Eso duele», comenta el integrante de Fexcu. 

Por otra parte, señala Pi Martínez, la situación se hace más difícil de sobrellevar porque el régimen de visitas es altamente irregular, lo que impacta también en la salud de las madres. «Varias presentan hipertensión. Antes de las detenciones de sus hijos, este padecimiento no existía o era leve».

A pesar de los obstáculos para visitar de forma regular a sus hijos o asistirlos con medicamentos, la posición de varias madres y familiares es continuar denunciando, como única vía para obtener justicia o al menos un trato digno. «No voy a dejar de denunciar. Siempre voy a estar aquí, por la libertad de mi hijo y la libertad de todos los presos políticos», sentencia Migdalia.