En Cuba a nadie se le ocurriría exigir, al menos en espacios públicos, que las mujeres ganaran menos dinero que los hombres por el mismo trabajo o que los bares se reservaran el derecho de admisión según el color de la piel de los clientes, a pesar de que persisten cotidianas expresiones de machismo y racismo.

La razón es sencilla: desde el triunfo de la Revolución de 1959, en el archipiélago es políticamente incorrecto discriminar por género o raza. Por lo tanto, a pesar de que existe una legislación deficiente para castigar la violencia por estos motivos, en el imaginario popular está clara al menos la idea de que son actos reprobables y censurados en los espacios de socialización colectiva. Sin embargo, pareciera que la misma regla no se aplica en todos los escenarios.

La reciente Declaración Oficial de cinco denominaciones religiosas cubanas, que públicamente condenan el derecho de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y otras, a contraer matrimonio, demuestra que opinar desde la discriminación todavía es aceptable para un grupo de personas; aunque desde hace 11 años el gobierno y el Partido Comunista de Cuba han respaldado el trabajo del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) en favor de plenos derechos de la comunidad LGBTIQ+.

A la carta, publicada en el perfil de Facebook de la Iglesia Metodista en Cuba y que desde hace varios días genera reacciones diversas en las redes sociales, le siguió una convocatoria a marchar en favor de los valores tradicionales de la familia, por la misma calle 23 por la que durante años se ha bailado conga contra la discriminación hacia las personas con sexualidades no heteronormativas.

Ambas acciones aparecen en un momento crucial, en el que una de las principales incertidumbres en torno a la reforma constitucional es, a falta de más y mejor información, si por fin incluirán el matrimonio igualitario en la propuesta.

Esta no es la primera vez que las iglesias con posiciones más conservadoras se pronuncian sobre el asunto.

En el año 2008, con motivo de las nacientes Jornadas Cubanas Contra la Homofobia y la Transfobia organizadas por el CENESEX, la propia Iglesia Metodista en Cuba así como la Iglesia de Dios del Evangelio Completo y las convenciones bautistas Oriental y Occidental, emitieron tres documentos en los que defendían el concepto del matrimonio bíblico conformado por un hombre y una mujer, y su interés por que se mantuviera de esa forma en el Artículo 36 de la Constitución de la República de Cuba.

Esta sí es, por el contrario, la primera vez que se unen varias denominaciones en un mismo frente de activismo religioso, lo que demuestra que el movimiento fundamentalista, que muchas personas creían disperso, ha sido capaz de agruparse y manifestarse ante una coyuntura en la que considera amenazado uno de los pilares esenciales de su credo.

La oposición de las iglesias al reconocimiento de los derechos de los colectivos LGBTIQ+ es tan antigua como las instituciones religiosas, y si en Cuba no se ha manifestado con más fuerza se debe, entre otros factores, y en criterio de quien escribe, al papel más bien discreto y secundario que han tenido las organizaciones basadas en la fe en la vida pública y mediática de un país laico como el nuestro, junto al carácter del movimiento por los derechos sexuales en el país, nucleado por una entidad estatal y con un tono moderado y avances muchas veces ambiguos.

En los últimos años también el contexto religioso cubano ha experimentado cambios importantes con la aparición de posiciones cada vez más progresistas, como lo evidencia el nacimiento en el año 2015 de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Cuba (ICM), que según su pastora Elaine Saralegui Caraballo, practica un ministerio radicalmente inclusivo hacia las personas LGBTIQ+ y defiende el derecho que tienen a vivir su sexualidad sin el estigma con que la tradición cristiana los ha cubierto.

La propia ICM ha reunido a pastores y pastoras de diferentes iglesias que comparten su lectura desprejuiciada de la Biblia durante las Jornadas socio-teológicas “Género y sexualidades no heteronormativas” que celebra desde 2014 en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas.

Para activistas a favor y en contra del matrimonio igualitario, la declaración de las iglesias protestantes plantea un conflicto evidente: según la actual Constitución cubana, el Estado reconoce y garantiza la libertad religiosa y la libertad de expresión (esta última conforme a los fines de la sociedad socialista) pero ¿qué sucede cuando en nombre de esas libertades una institución desafía lo que el propio Estado ha decretado como justo y necesario para sus ciudadanos y ciudadanas? ¿Puede una organización exhortar públicamente a la violación de los derechos humanos que el Estado tiene la máxima responsabilidad de proteger?

Aun cuando no sabemos si la propuesta de reforma constitucional contemplará por fin el matrimonio igualitario –escenario en el que las iglesias signatarias de la carta parecen tener una fe que nadie agradece tanto como los y las activistas– hasta la fecha todo indica que se han dado pasos irreversibles en el camino de la inclusión social plena de las personas LGBTIQ+.

En lo adelante, tendrán que materializarse las transformaciones necesarias para lograrlo y garantizar, de paso, que quien quiera hablar sobre el tema desde el odio o la violencia tenga que hacerlo donde nadie lo escuche.