Este jueves, 5 de enero de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció nuevas medidas de control fronterizo que incluyen un nuevo proceso de libertad condicional para ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua, el cual antes se aplicaba solo para Venezuela.

El procedimiento admitirá que entren cada mes a EE. UU. por vía aérea 30 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, a través de un programa de acogida que les permitirá residir de manera legal en el país hasta dos años y recibir permiso para trabajar durante ese período. Los migrantes necesitarán un patrocinador que viva en la nación estadounidense y responda por ellos. En caso de que califiquen, deben usar la aplicación CBP One para programar citas y presentarse en los puntos de entrada.

La aplicación puede descargarse gratuitamente en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, así como en el sitio web de U.S. Customs and Border Protection. Mediante el uso de CBP One se aspira a reducir significativamente los tiempos de espera y las multitudes en los puertos de entrada de Estados Unidos. De esta manera, se establecerá un procesamiento seguro, ordenado y humanitario.

Las personas que utilicen la aplicación CBP One podrán programar una cita para presentarse en los siguientes puertos de entrada: Nogales en Arizona, Brownsville en Texas, Hidalgo, Laredo, Eagle Pass, El Paso (Paso del Norte), y Calexico y San Ysidro (Peatonal Oeste - El Chaparral) en California. Durante el proceso de inspección, los emigrantes deben dar fe verbal de su estado de vacunación contra la COVID-19 y proporcionar, si se solicita, un comprobante de vacunación de acuerdo con los requisitos del Título 19.

«[Quienes] carezcan de base legal para permanecer en Estados Unidos serán objeto de expulsión o devolución inmediata», declaró el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. «Las personas a las que se proporciona un camino seguro, ordenado y legal hacia Estados Unidos tienen menos probabilidades de arriesgar sus vidas recorriendo miles de kilómetros en manos de contrabandistas despiadados, solo para llegar a nuestra frontera sur y enfrentarse a las consecuencias legales de la entrada ilegal», agregó.

El objetivo de las nuevas medidas es «mejorar la seguridad de las fronteras, limitar la inmigración irregular y crear procesos adicionales, seguros y ordenados para que las personas que huyen de crisis humanitarias puedan llegar legalmente a Estados Unidos», especifica la nota publicada por el DHS. También, controlar la cifra récord de migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua que han entrado de manera irregular por la frontera sur en el último año. La problemática se ha convertido en uno de los mayores retos políticos de la actual Administración de Estados Unidos y ha sido objeto de disímiles críticas a la gestión de Biden. 

El mandatario estadounidense explicó que es necesario reducir el número de personas que arriba a la frontera de manera ilegal. «Quédense en su país y acójanse al programa desde su patria», insistió Biden. «Si no califican en la solicitud y tratan de cruzar la frontera de manera ilegal, en ese momento serán devueltos a su país y habrán renunciado al derecho de acogerse al nuevo programa», especificó.

Muertes de migrantes cubanos: historias poco contadas

En los últimos dos años al menos de 70 cubanos se han tenido que llorar sus muertes producto de la migración irregular; mientras que más de 150 se han reportado como desaparecidos. Esta es la historia de Alfredo, que no lo logró.

La Casa Blanca anunció que Biden viajará la próxima semana a México para reunirse con su homólogo Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es tratar temas bilaterales, entre los que se incluye la situación migratoria. Se prevé que México acepte hasta 30 mil migrantes irregulares cada mes que sean expulsados desde la frontera sur de Estados Unidos provenientes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.

Según declaraciones oficiales del Gobierno de Estados Unidos, a quienes no puedan ser ubicados en territorio mexicano se les aplicará un proceso de deportación conocido como «expulsión acelerada». La expulsión acelerada permite la deportación inmediata de quienes no alegan temor de persecución o tortura o que no muestren un temor creíble después de la entrevista con un oficial de asilo, de acuerdo con los procedimientos establecidos. Las personas procesadas de esta manera están sujetas a una prohibición de admisión de cinco años y un posible proceso penal en caso de que intenten ingresar nuevamente.

El comunicado del DHS asegura que se continuará el monitoreo en la frontera suroeste y se acelerará o implementarán medidas adicionales, según sea necesario, de conformidad con las órdenes judiciales aplicables. Agrega que las personas que ingresen a Estados Unidos, México o Panamá sin autorización después del anuncio de hoy (5 de enero de 2023) no serán elegibles para asilo. «Podemos brindar ayuda humanitaria de acuerdo con nuestros valores, acabar con las organizaciones viciosas de contrabando y hacer cumplir nuestras leyes», dijo el secretario Alejandro N. Mayorkas.

«A partir de mañana, los posibles partidarios pueden presentar una solicitud online al DHS para apoyar a las personas elegibles. Las personas y los representantes de organizaciones que deseen postularse como simpatizantes deben declarar su apoyo financiero y deben pasar verificaciones de antecedentes de seguridad para protegerse contra la explotación y el abuso», declara el informe del DHS.

Los nuevos procesos para los cubanos, haitianos y nicaragüenses son similares a los aplicados a los venezolanos, que trajeron como consecuencia una caída del 90 % de inmigrantes de Venezuela en la frontera sur. Asimismo, se basa en el éxito de Unidos por Ucrania, programa que otorga un camino seguro y legal para acoger a los ucranianos.

«El Gobierno de Estados Unidos tiene la intención de dar la bienvenida al menos a 20 mil refugiados de América Latina y el Caribe en el año fiscal 2023 y 2024, poniendo a los Estados Unidos en camino de triplicar las admisiones de refugiados del hemisferio occidental solo en este año fiscal. Ello cumple con el compromiso del presidente en virtud de la Declaración de Los Ángeles para la Migración y la Protección de aumentar las admisiones de refugiados del hemisferio occidental», aclara el informe del DHS.

La publicación alega que las disposiciones se toman a la luz del fracaso del Congreso para aprobar las medidas integrales de reforma migratoria propuestas por el presidente Biden en su primer día en el cargo; también, debido a la inestabilidad económica y política en el mundo que ha propiciado los niveles más altos de migración desde la Segunda Guerra Mundial, incluido el hemisferio occidental. 

La Administración Biden pretende fortalecer las acciones de detención y control fronterizo ante la situación de emergencia que ha provocado la oleada incontrolable de migrantes. De esta manera, se incrementarán los recursos destinados a la frontera y serán ampliadas las operaciones de lucha contra el tráfico de personas y el contrabando. Las medidas anunciadas se aplican mediante una sólida colaboración con México y los Gobiernos del hemisferio occidental, que cumplen sus compromisos bajo la Declaración de Los Ángeles para expandir las vías de inmigración legal.

La Casa Blanca ha informado que Colombia, Ecuador, Costa Rica y Belice implementan nuevas políticas de regularización o protección temporal para brindar estatus legal a cientos de miles de migrantes. Canadá, México y España han ampliado el reasentamiento de refugiados y las oportunidades de trabajo temporal; mientras que México y Guatemala también han aumentado significativamente su sistema de asilo. «Se alienta a las personas a aprovechar esta amplia gama de vías legales en la región y evitar las peligrosas consecuencias de la migración irregular».

Estados Unidos otorgará alrededor de 23 millones de dólares a la asistencia humanitaria adicional en México y América Central. Con ello pretenden ayudar a los Gobiernos de la región para responder a las crecientes necesidades humanitarias y de protección de los migrantes, refugiados y otras poblaciones vulnerables bajo su cuidado.

De igual forma, el DHS y el DOJ están solicitando a los oficiales de asilo y los jueces de inmigración que revisen los casos de refugio en la frontera con mayor rapidez, para así reducir los tiempos de procesamiento inicial de meses a días. Se amplían las capacidades y tecnologías para acelerar los procesos mediante la instalación de cientos de líneas telefónicas y cabinas de privacidad para realizar las entrevistas y procedimientos.

El DHS también contrata y despliega agentes y oficiales adicionales para unirse a los más de 23 mil que trabajan para asegurar la frontera, a la vez que amplía las capacidades de transporte aéreo y terrestre para expulsar a los migrantes cuando se justifique, o transportarlos a sectores fronterizos menos congestionados para continuar con los procedimientos de control de inmigración.

La Administración de EE. UU. anunció, además, que continuará movilizando organizaciones religiosas y sin fines de lucro que apoyan a los migrantes, incluidas aquellas que brindan refugio temporal, alimentos y asistencia humanitaria antes de reunirse con la familia mientras esperan el resultado de los procedimientos de inmigración.

Si bien el Gobierno estadounidense reconoce que el paquete de medidas no solucionará por completo la problemática de un sistema de inmigración disfuncional, afirma que ayudará a resolver algunos de los conflictos más espinosos de la frontera suroeste.

Para obtener resultados más certeros, la Administración Biden afirma que los republicanos en el Congreso deben desbloquear la reforma migratoria integral y las medidas de seguridad fronteriza que propuso el presidente en su primer día en el cargo, así como detener la oposición a los miles de millones de dólares en fondos adicionales que Biden ha solicitado para la seguridad y gestión de fronteras.