El comunicado que en nombre de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana (UH) fuera publicado hace unos días ha traído al debate público —otra vez— la inconformidad e impotencia de una parte de la juventud cubana con la realidad actual. 

En este caso, la nulidad del accionar estudiantil llega hasta el punto de verse imposibilitados de firmar una protesta debido a las posibles represalias que podrían enfrentar en caso de hacerlo.

«Somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Un lugar adonde llegamos, hace varios años, con la ilusión de estudiar una carrera de prestigio. Veníamos con la idea de hacer el Bien para el Pueblo. Eso fue antes de descubrir que no puede haber Justicia donde se prostituye el Derecho. Ahora estamos decepcionados, a medio camino entre nuestra vida de estudiantes y un futuro profesional incierto».

El sentimiento expresado en la carta no es exclusivo de estos muchachos. Desde 2021 se han sucedido varias declaraciones escritas del estudiantado cubano en reclamo de derechos legítimos ante detenciones y expulsiones de compañeros y profesores de forma injustificada, o por la imposibilidad de acceso al estudio en otros casos, presuntamente por motivos de diferencia política e ideológica con el poder que rige en Cuba.

La carta de los estudiantes de Derecho afirma que provienen de familias entregadas al proceso revolucionario, pero que sus padres están llenos de tristeza, temor y decepción. Hoy solo quieren que sus hijos tomen los títulos y se vayan a otro lado para poder vivir dignamente, sin miseria y con libertad.

Sus palabras se ven confirmadas en la más reciente ola migratoria que vive Cuba, —solamente a Estados Unidos llegaron 300 mil cubanos en 2022. Gran parte de los emigrados son personas menores de 35 años, algunos incluso sin terminar su carrera universitaria. 

No son necesarias las cifras o estadísticas para confirmar las aseveraciones de los estudiantes de Derecho. Basta mirar hacia dentro de las familias cubanas, o hacia afuera en las redes sociales, para reconocer la apatía y la decepción de muchos cubanos. 

¿Profesores contra estudiantes?

Poco o nada se conoce de los debates ideológicos —que seguramente suceden— en las aulas universitarias cubanas. Aunque las noticias de alumnos y profesores expulsados o sancionados por tener un «criterio opuesto» cada vez son más frecuentes y visibles, muchos prefieren no «salirse del aro» para terminar la carrera, obtener su título e irse de Cuba. En los reportes de la prensa estatal, las frases «juventud comprometida», «confiar en los jóvenes» y «somos continuidad» son frecuentes en los dirigentes estudiantiles. 

Sin embargo, algunos estudiantes sí denuncian en sus redes sociales las injusticias que se cometen a diario, vinculadas o no con su futura profesión. 

En el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, los firmantes de la carta denunciaron la hipocresía de sus profesores, su falta de ética como maestros y juristas y al compromiso con la verdad; los privilegios de los oportunistas; los encarcelamientos de cientos de personas por manifestarse exigiendo un país mejor; la aprobación de «un Código Penal criminal, que parece sacado de los libretos de Batista o Pinochet»; las multas por las publicaciones críticas al Gobierno cubano en las redes sociales o por comprar o vender mercancías que no pueden adquirirse en las tiendas con el salario que paga el Estado.

«De nada de eso hablan nuestros profesores en la Facultad —continúa la declaración—. No les falta conocimiento, lo que les falta es dignidad. Pero les sobra cinismo y oportunismo. Se la pasan todo el tiempo cazando puestos, viajes al exterior y encargos del Gobierno. En nuestras clases no se habla de derechos humanos y cuando se hace se hace mal, de pasada, como si fuera algo lejano, abstracto. No se discute tampoco de cómo en un país como este puede haber una Constitución democrática y a la misma vez se pisotean los derechos ciudadanos. En esas condiciones, ¿para qué estudiamos Derecho?», se preguntan los firmantes.

En la misiva, los futuros juristas mencionan a los profesores y doctores en Ciencias Jurídicas Julio Fernández Estrada y René Fidel González, ambos despojados de sus profesiones por «incómodos».

Visión de vencido

Yo confieso que he sido vencido. Han ido por nosotros al detalle, sin equivocarse. A los oportunistas y a los arribistas no los han tocado. A los mediocres y cobardes los han entronizado.

En el caso del profesor René Fidel González, una declaración de la Universidad de Oriente (UO) reconoció que había sido expulsado por sus publicaciones en sitios como La Joven Cuba, Cuba Posible, Rebelión y Sin Permiso, estas dos últimas, replicadas y reseñadas por la prensa cubana cuando les son convenientes. 

El comunicado de la UO reconocía la influencia que tenía el profesor González sobre sus estudiantes, a quienes «confundía» con sus planteamientos. La nota se contradice al asegurar que es una «falacia» la discriminación política y la expulsión de docentes de las universidades cubanas, mientras todas las razones que expone para justificar la expulsión de René Fidel están basadas en sus publicaciones y opiniones críticas. 

En su caso salió a relucir nuevamente que «la universidad es para revolucionarios», una frase que contradice el supuesto derecho de todos los cubanos, sin discriminación, a los estudios superiores.

Por otro lado, el profesor Julio Antonio Fernández Estrada se vio obligado a abandonar la Universidad de La Habana debido a la persecución de los dirigentes de la Facultad de Derecho. Si bien estuvo unos años como profesor del curso para trabajadores en la municipalización, le fue cerrado posteriormente su contrato como profesor también en esa sede. Aunque protestó y escribió cartas, el antiguo rector de la Facultad de Derecho le respondió que la Universidad no tenía ningún problema con él y que no lo contrataba por decisión administrativa.

«Conservo cada carta, firma, recibo, de todos estos años, incluida la carta en la que mi padre, profesor de Mérito de la UH, pide su baja. Ocho años después otro profesor de la Facultad pidió la baja en protesta por la prohibición de mi contrato como profesor de los cursos por encuentros, los únicos que conservaba desde 2008.

«Al ejército de docentes, sin trabajo por injusticias cometidas en procesos laborales, administrativos, de censura política, les hablo. A los ciudadanos y ciudadanas de Cuba les pido que atiendan nuestro reclamo. En silencio hemos soportado por años esta discriminación. Da lo mismo si somos comunistas o liberales, socialistas o amantes del libre mercado. Hemos sido privados de nuestro derecho a trabajar como profesores porque alguna comisión nos considera inadecuados», ha demandado el jurista.

Los estudiantes de Derecho cuya carta se ha hecho pública recientemente, afirman que escriben la declaración como denuncia, al sentirse impotentes por no poder cambiar desde dentro lo que está pasando. Dicen que duele tener que hacerlo, al referirse al centro donde se están formando y del que obtendrán su título, «pero debemos pagar nuestra propia deuda con la sociedad que nos formó, diciendo la verdad».

Julio Fernández se vio obligado a dejar Cuba, mientras el profesor René Fidel desde hace años ha presentado varias quejas a la Fiscalía por violaciones a la legalidad en su proceso; sin embargo, no ha tenido respuesta. 

Las expulsiones, cierres de contratos o cambios de condiciones a profesores críticos con el poder que rige en Cuba se han vuelto prácticas comunes. Otros casos han sido los de Omara Ruiz Urquiola con el Instituto Superior de Diseño (ISDi) y su hermano Ariel en la Facultad de Biología; el doctor Omar Everleny, quien fue expulsado del Centro de Estudios de la Economía Cubana; el profesor Roberto Peralo, de la Universidad de Matanzas; José Raúl Gallego, profesor de Periodismo en la Universidad de Camagüey, expulsado por colaborar con medios digitales no gubernamentales, y Dalila Rodríguez, profesora de la Universidad Central de Las Villas Martha Abreu, por «dañar la formación de los estudiantes», aunque no pertenecía a ningún grupo político. 

El caso más reciente fue el del profesor y periodista José Luis Tan Estrada, quien fue inhabilitado de ejercer la docencia en la Universidad de Camagüey por sus publicaciones en las redes sociales.

Otras demandas estudiantiles

A mediados de 2022, le fue negada la entrada al doctorado en Ciencias Históricas en la UH al joven intelectual católico Leonardo Fernández Otaño. 

Fernández Otaño sufrió encarcelamiento por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021, y en febrero de 2022 —aunque le habían asegurado lo contrario—, se le informó que había sido excluido del programa de posgrado de la UH. La justificación de tal decisión fue la ausencia de vínculo laboral del intelectual, lo cual le impedía acceder a un doctorado, además de la renuncia de su tutora a la mentoría de su tesis. Ambos argumentos fueron desmentidos por el propio historiador. 

Falso que «en Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar» (breve listado de ejemplos)

Es falso que «en Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar o por expresar sus opiniones». Esta afirmación es parte de una declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ejemplificamos situaciones que demuestran lo contrario.

«(...) La Seguridad del Estado y sus ramificaciones en la Academia Cubana, que debería estar llamada a respetar la diversidad de pensamiento por su apego a las ciencias sociales y humanísticas, han desplegado un grupo de acciones encaminadas a excluir mi presencia en un espacio de formación doctoral al cual accedí por méritos científicos y en conformidad con derechos ciudadanos», publicó Fernández Otaño.

A raíz de ello, casi un centenar de estudiantes y egresados universitarios cubanos dirigieron una carta abierta al Comité Académico del Doctorado en Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la UH, en la que exigían la transparencia de los procedimientos y de las decisiones académicas y administrativas.

Los firmantes instaban a que fuera revisada, debidamente analizada y rectificada la decisión de excluir a Fernández Otaño del Programa de Doctorado que había solicitado, y al que como académico tenía derecho, en virtud de la legislación vigente en Cuba.

«Exigimos que los miembros y directivos de la institución en cuestión expongan públicamente las razones (con sus argumentaciones objetivas) que derivaron en esta polémica e intransigente decisión, y de esa manera despejen las dudas sobre las hipótesis que sostiene este grupo con respecto a la discriminación a la que ha sido sostenidamente sometido Leonardo Manuel Fernández Otaño por motivos políticos e ideológicos», apuntaba el documento.

Días después, los académicos y estudiantes denunciaron que su comunicación no había recibido respuesta de la instancia receptora, la cual se había mostrado indiferente sin emitir argumento o reacción alguna. Agregaron que la decisión intransigente e infundada de no permitir el ingreso a Leonardo Fernández se mantenía y, en consecuencia, también la demanda de los firmantes. Además, se haría entrega de una copia impresa de la carta en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la UH.

Luego de los sucesos del 11J, otro grupo de estudiantes, profesores, egresados y ciudadanos en general manifestaron su preocupación por la situación irregular de los detenidos. Basándose en el artículo 53 de la Constitución de la República que los legitima como ciudadanos a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, se dirigieron a la Fiscalía General de la República y a su titular la fiscal general de la República Yamila Peña Ojeda.

«Nuestra inquietud se exacerba dada la minoridad de los aludidos detenidos, que en ciertos casos, no cuentan siquiera con la edad legal mínima para ser imputados penalmente, a nuestro entender, un punto nada despreciable a tener en cuenta por parte de la institución a la hora de valorar la actitud de las fuerzas del orden durante los correspondientes operativos policiales», alegaron los firmantes.

En el documento se solicitaba la concesión de la libertad inmediata a los estudiantes detenidos, en tanto no se esclarecieran de forma indubitada las cuestiones de forma y fondo que provocaron los arrestos; que se transparentara de inmediato la situación procesal de los ciudadanos detenidos por los aludidos hechos ante sus familiares y la opinión pública en la medida que ello no enervase el derecho a la intimidad personal y familiar de los detenidos, hasta que se dictara resolución administrativa o judicial firme que diera una solución definitiva a su situación legal.

Leonardo Romero y Alexander Hall reaccionan a artículo de la revista Alma Mater

El 7 de septiembre Alma Mater publicó el artículo "Deudas" en el cual tres autores reconstruyeron su conversación con Leonardo Romero Negrín y Alexander Hall Lujardo, estudiantes de la Universidad de La Habana detenidos después del 11 de julio. A partir de este texto, Hall y Romero han publicado una declaración a cuatro manos que elTOQUE reproduce a continuación:

De igual forma, se instó a que, dada la condición de menores de edad de los detenidos, se les dispensara un tratamiento diferenciado que fuera más allá de las garantías procesales penales que establece la legislación y que al amparo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por Cuba, prevaleciera el interés superior del menor y se les proporcionara, de ser necesario, asistencia psicológica a fin de contrarrestar los daños de esa índole que toda la situación les ha provocado.

La página de Facebook Reclamo Universitario ha recogido varios de los pronunciamientos de los estudiantes después de las protestas masivas del 11 de julio de 2021. La descripción del perfil se define como «espacio contra el odio y la opresión, por la solidaridad y la justicia social desde la comunidad». 

Una de las comunicaciones que han publicado se refiere al reclamo que hiciera un grupo de universitarios al Secretariado Nacional de la FEU, al Secretariado de la FEU UH y de las distintas facultades, y a la Rectoría de la UH, en interés y defensa al estudiante Leonardo Romero ante las detenciones que había sufrido desde el 30 de abril de 2021.

Los jóvenes exigieron que la organización universitaria interviniera para que no se tomara ningún tipo de represalia contra Romero dentro de la UH. Asimismo, solicitaban a la FEU que se pronunciara e interviniera en caso de producirse otro hecho similar en el futuro. «Un estudiante universitario, así como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a expresarse pacífica y públicamente ante cualquier situación que lo incomode», apuntaban los alumnos.

Aunque con menor frecuencia, fuera de La Habana, también se ha visto el reclamo de los estudiantes. A mediados de 2022 sucedió una protesta estudiantil que fue más allá de comunicados y cartas dirigidas. La protagonizaron los becados en la sede Agramonte de la Universidad de Camagüey, quienes corearon consignas para exigir el restablecimiento de la electricidad tras casi doce horas de apagón. 

Si bien más tarde algunos profesores intentaron hacer «control de daños» alegando que no había sido una protesta como tal, los videos en las redes sociales y las declaraciones de algunos alumnos demostraron el cansancio y la apatía ante una realidad que no solo les afectaba el período lectivo, sino además su vida personal.