Desde 2013, los ganaderos de Camagüey han dejado de cobrar más de 270 millones de CUP. Esa cifra debería haberles correspondido como pago por sus ventas a la empresa láctea de la provincia, la cual, según una resolución del año 2012, está obligada a bonificar con diez centavos CUC cada litro de la leche que destina a sus producciones en divisas.

Un enrevesado esquema burocrático –del que forman parte empresas agropecuarias, cooperativas y la delegación local del Ministerio de la Agricultura– es el encargado de garantizar que el dinero llegue a los campesinos. Al menos en teoría.

En la práctica, los hechos van por otro rumbo, según reveló un reciente reportaje del periódico territorial Adelante. El monto de la ‘divisa lechera’ retenida en esa suerte de limbo financiero, sumaba al momento de la indagatoria 11,3 millones de CUC (que al cambio oficial para el sector privado, 24 CUP por 1 CUC, suma 271,2 millones de pesos) que no podían ser abonados a los productores por razones tales como que una norma del Banco Central de Cuba obliga a las cooperativas agropecuarias a operar exclusivamente con cuentas en CUP.

Preguntado sobre el tema, el viceministro primero de la Agricultura, Idael Pérez Brito, se limitó a declarar que “la política actual es no abrir cuentas en CUC, porque el país va hacia la unificación monetaria”.

Con seguridad, el fenómeno se extiende a otras provincias. Atendiendo al antecedente de que Camagüey tributa entre un 20 y un 30 por ciento de la producción lechera nacional, si extrapolamos proporciones podemos suponer que a los ganaderos cubanos –en general– podrían estársele debiendo más de 700 millones de CUP, solo por este concepto.

Cuando producir menos es más rentable

A comienzos de 2019 entraron en vigor nuevos impuestos para el sector agropecuario. Desde enero, están sujetas a gravamen las tierras ociosas y las utilidades de las Cooperativas de Créditos y Servicios; además, a los productores individuales no cañeros les corresponde presentar una liquidación anual de sus ingresos mediante declaración jurada.

No faltaron los sorprendidos por el hecho de que –precisamente ahora– se decidiera implementar unas cargas impositivas que habían permanecido ‘congeladas’ desde 2012. La inquietud se hacía más justificada por el efecto que pudieran tener las nuevas contribuciones sobre la ya maltrecha actividad porcina. Pero en mayo, durante una entrevista con el sitio Cubadebate, el viceministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, consideró que tal inconformidad partía de “cuestiones relativas (…) No se está cobrando el impuesto por el cerdo que no nació, no engordó o no se entregó; se está cobrando por ese valor creado en el ejercicio de la producción y la comercialización”.

En otras palabras, la escasez de insumos (sobre todo alimento animal) experimentada desde 2018 no era razón suficiente para reconsiderar la pertinencia de la medida.

Al detallar los pagos que habrían de asumir los criadores, el funcionario resaltó que se moverían en una escala de entre el 10 y el 45 por ciento de los “ingresos imponibles”, calculados luego de descontar un “mínimo exento” de 10 mil 500 CUP y gastos equivalentes al 70 por ciento de los ingresos totales. Parecen valores justos…

Pero menos contagiado por el optimismo está el economista y profesor universitario Pedro Monreal. “El artículo (de Cubadebate) incluye un interesante gráfico (… que) indica que la carga tributaria total es de 14,9%. Parecería reflejar una carga impositiva baja, pero el problema es que se ha construido un mal indicador, pues se divide el total de impuestos pagados entre el ingreso bruto, lo cual no tiene sentido”.

Siempre sobre la base del ejemplo planteado por el viceministro de Finanzas y Precios, un productor que vendiera al Estado mil cerdos (completando alrededor de 90,9 toneladas) obtendría como ingresos brutos un millón 954 mil 465 pesos. “Asumiendo que el costo total coincidiera con el gasto ‘deducible’ indicado en el gráfico (1 millón 368 mil 181 pesos) el ingreso neto sería de 586 mil 364 pesos (… y con estos, se pagarían) los tres componentes de carga fiscal”, detalla el catedrático.

En esas circunstancias, la propia estimación de Cubadebate eleva la cuantía de los impuestos hasta 290 mil 650 CUP; es decir, 49,5 por ciento de los ingresos netos.

“¿Qué cosa extraordinaria tendría que ocurrir para que un productor porcino se sintiera estimulado a producir cuando tiene que transferir el 50% de sus ingresos netos al presupuesto?”, se pregunta Monreal.

Por si fuera poco, la ‘progresividad’ de los tributos (se paga más mientras más se ingrese) tampoco contribuye a estimular el crecimiento del sector. Los titulares de los mayores convenios para la cría de cerdos están obligados a asumir una carga exponencialmente superior a la de sus homólogos con menor cantidad de animales.

Echando mano a sus números, Monreal define el límite a partir del cual es inevitable sufrir una “tasa de impuesto confiscatoria”. La frontera se ubica en el ‘cerdo #78’: “la tasa de impuestos da un salto descomunal (se multiplica 7,5 veces)  y en vez de pagarse 20 mil pesos de impuestos por 77 cerdos, habría que pagar 147 mil pesos por 78 cerdos”.

¿Vale la pena, entonces, crecer?

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Brazos (y soluciones) que faltan

Cada día la población rural del archipiélago es menos numerosa y más envejecida. Entre los censos de 1982 y 2012 su proporción dentro del padrón nacional pasó del 30,03 por ciento (2 millones 981 mil habitantes) al 23,11 por ciento (2 millones 597 mil). Casi el 90 por ciento de tal descenso correspondió al apartado censal conformado por personas de 15 a 39 años de edad, que hacia 2012 agrupaba a alrededor de 911 mil individuos.

La escasez de fuerza de trabajo para la agricultura y la ganadería (con todo y constituir las mayores empleadoras, con 783 mil trabajadores en nómina) implica un reto formidable. Afrontarlo con éxito pasa por disponer de un suministro seguro de combustible que sostuviera la mecanización de las labores del campo, toda vez que alternativas tan publicitadas como la tracción animal solo son funcionales a pequeña escala, o en regiones y cultivos muy específicos, como el café en el Oriente, y el tabaco en Sancti Spíritus y Pinar del Río.

Pero la política del Estado ha tomado otros derroteros. De hecho, tras la promulgación el decreto-ley 259 (en 2008) se hicieron norma los reportajes periodísticos que resaltaban los ejemplos de usufructuarios que habían limpiado a golpe de machete sus parcelas. En fechas más recientes la idea ha vuelto a ganar terreno debido a las dificultades en la importación de hidrocarburos.

Abrirse paso por entre los enmarañados trámites burocráticos que jalonan el proceso de entrega de tierras, ponerlas en condición de producir y obtener ganancias que premien el esfuerzo, supone un esfuerzo de tal magnitud que muchos han terminado desistiendo. De acuerdo con el economista y profesor emérito de la Universidad de Pittsburg, Carmelo Mesa-Lago, el número de usufructuarios de tierras estatales ociosas “menguó de 312.752 en 2013 a 274.635 en 2017”, a pesar de nuevas disposiciones promulgadas en 2012  (decreto-ley 300) que mejoraron las condiciones de entrega pactadas en 2008. Sin embargo, la situación no mejoró en 2018, fecha para la cual se aseguraba que existían sólo 155 mil contratos de usufructo vigentes, lo cual llevó a decretar la tercera ley en 10 años (decreto-ley 365) para ampliar la extensión de los terrenos a recibir, y la duración de los contratos individuales y para personas jurídicas.

En un artículo publicado en diciembre de 2018, Mesa-Lago enumeró como causas del problema “el ineficiente sistema de propiedad, acopio, circulación e incentivos”, orden de cosas que las nuevas disposiciones no se propusieron alterar.

Contrario a lo planteado en el discurso oficial, para el también catedrático Pedro Monreal, las soluciones no pasan porque la “empresa estatal recupere su liderazgo”, sino por “facilitar las condiciones de funcionamiento del sector de propiedad y de gestión líder de la oferta nacional de alimentos –el sector privado– (… Esa) parece ser la manera más rápida y más efectiva de aumentar en el corto plazo la oferta nacional de alimentos del agro, especialmente de renglones agrícolas”.

No son concesiones que el Gobierno esté dispuesto a otorgar. Las estrategias más recientes para el sector han apostado por un retorno a la ‘estatización’, en detrimento de los iniciativas ‘privatizadoras’ que en la última década se han ensayado.

Su ejemplo paradigmático son los polos productivos, un “programa nacional para la asignación diferenciada de recursos” emprendido a finales de 2015 y que en el último año ha cobrado vitalidad.

Sus principios fueron ratificados el sábado 13 de julio de 2019 por el primer vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, durante una reunión en la provincia de Artemisa reseñada por la televisión nacional. Por lo regular, los polos se establecen en áreas con garantía de fuerza de trabajo y abasto de agua, suelos fértiles, y facilidades de acceso. Todas sus cosechas tienen por destino el sistema estatal de Acopio.

Hasta ahora, en ninguna provincia han tributado los frutos que de ellos se esperaban. Las visitas de trabajo del presidente Díaz-Canel y su equipo ministerial así lo han comprobado. Si se revisan las historias previas de polos como el Hermanos Barcón, en Pinar del Río, y El Hoyo, en Camagüey, se descubre que no cumplen las expectativas con las que fueron creados dos o tres años atrás.

Ni siquiera tener a la mano estadísticas que demuestran al sostenido abandono de áreas de siembra (entre 2002 y 2016 la extensión cultivada cayó de 3.5 millones de hectáreas a 2.9 millones) y el insuficiente crecimiento de la agricultura (que de 2007 a 2017 promedió un raquítico crecimiento de sólo el 1,8% por ciento) parece ser suficiente para modificar la política estatal para el sector en Cuba. Y mientras la ruta trazada continúe, no deberían esperarse milagros en las tarimas de los agromercados ni en las mesas de los cubanos.

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