El Estado cubano es declarado responsable por la muerte de los disidentes políticos Oswaldo Payá y Harold Cepero. Así lo resolvió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

En un informe aprobado el 9 de junio de 2023, la institución ofreció detalles de la investigación llevada a cabo. La Comisión indicó tener «indicios serios y suficientes» que involucran a «agentes estatales» con el choque automovilístico en el que perdieron la vida, el 22 de julio de 2012, el fundador del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y el joven Harold Cepero.

La CIDH recibió una petición del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy para realizar una investigación sobre el suceso en abril de 2013. Desde entonces, recopiló pruebas y declaraciones sobre el caso, incluidos los testimonios de los familiares de Payá. La Comisión aseguró, además, que posee las declaraciones de un testigo directo que confirmó la colisión premeditada en una carretera de Granma de un vehículo estatal contra el carro en el que viajaban Payá y Cepero. El político español Ángel Carromero manejaba el automóvil colisionado, como copiloto iba el ciudadano sueco Jens Aron Moding; ambos sobrevivieron.

Luego del choque, Carromero y Moding fueron trasladados a un hospital en el que, según declaró Carromero una vez que estuvo fuera de Cuba, estuvieron bajo custodia militar constante. El español denunció, además, que fue drogado, golpeado y obligado a corroborar bajo coacción la versión oficial de los hechos. A saber: que el impacto se produjo debido al exceso de velocidad y la pérdida de control del auto que manejaba Ángel Carromero. 

«Repliqué que era mentira, que no había ocurrido ningún accidente, sino un ataque flagrante. [Un militar] me golpeó en la cara. Con tono calmado, que contradecía los bofetones, recalcó: “eres muy joven para quedarte en la isla durante años, debes decidir si colaboras o no. Te podremos tratar bien o mal, pero solo tú serás el responsable. De tu confesión dependerá tu futuro”», declaró Carromero en audiencia con la CIDH.

Ángel Carromero fue procesado por el accidente y sentenciado a cuatro años de prisión por homicidio imprudente vehicular. Luego de varios meses en la cárcel, el Gobierno español negoció su regreso a la Península. Después de su llegada a España, concedió entrevistas en las que aclaraba que había sido torturado y obligado a declarar. Aseguró que un auto rojo, marca Lada y con matrícula estatal, había provocado el choque.

A los familiares de Payá se les impidió viajar a Granma para acompañar el traslado del cuerpo del opositor. Las autoridades tampoco accedieron a entregar los resultados de la autopsia. La televisión nacional transmitió un largo reportaje que ofrecía la versión gubernamental del «accidente», con las declaraciones editadas de los sobrevivientes y de presuntos testigos del choque.

Como exigen los protocolos de la CIDH, el Estado cubano fue notificado sobre la investigación, que concluyó en diciembre de 2022, y sobre el derecho a aportar elementos en su defensa. La Comisión no recibió respuesta alguna desde La Habana. Por esa razón, la CIDH otorgó «valor probatorio a la serie de indicios que [surgieron] del expediente sobre la participación de agentes estatales en estos hechos». 

Payá y el Proyecto Varela

Oswaldo Payá fue uno de los opositores cubanos con mayor reconocimiento internacional y en la isla. Desde los años noventa, debido a su activismo y a la fundación del Movimiento Cristiano Liberación, sufrió acoso, actos de repudio, vigilancia y denunció atentados a su vida.

El 10 de mayo de 2002, Payá presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) una iniciativa legislativa popular: el Proyecto Varela. El proyecto se apoyaba en la posibilidad constitucional, todavía existente, de proponer —apoyado con al menos 10 000 firmas— la discusión en la ANPP de un proyecto de ley. 

Payá y sus colaboradores presentaron en una primera oportunidad más de 11 000 firmas de conjunto con un proyecto de ley que proponía, entre otros, una amnistía para los presos políticos, la apertura a la iniciativa privada y la celebración de una consulta popular para determinar el apoyo real de la ciudadanía cubana al modelo político imperante. 

El Parlamento cubano no contestó oficialmente la propuesta o solicitud formulada por el MCL. Sin embargo, el 26 de junio de 2002, luego de un movimiento político impulsado por las organizaciones sociales y de masas del país, aprobó una reforma constitucional que declaró la irrevocabilidad del sistema socialista en Cuba.

Alrededor de 75 opositores —más de la mitad de ellos involucrados en el Proyecto Varela— fueron encarcelados y condenados a penas de entre 6 y 28 años un año después (2003). A este período de represión y persecución (que se extendió por la isla con allanamiento de casas, confiscación de bienes privados, interrogatorios y arrestos) se le llamó la Primavera Negra.

Proyecto Varela, 20 años de un ejercicio de oposición cívica en Cuba

A 20 años del Proyecto Varela, el siguiente texto recuerda los orígenes y el devenir de la iniciativa legislativa popular más relevante que se ha intentado impulsar en Cuba tras el triunfo de la Revolución.

El Gobierno intentó por disímiles medios desacreditar y debilitar la figura de Oswaldo Payá quien, a pesar de las prohibiciones de salir de la isla, la limitación de movimiento a la que estaba sometido y la intimidación de la Seguridad del Estado a sus amigos, esposa e hijos, se convirtió en una figura internacional de gran relevancia en la lucha por los derechos humanos. Fue merecedor del Premio Andréi Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorga el Parlamento Europeo y nominado varias veces al Premio Nobel de la Paz.

A la misa oficiada en La Habana luego de su muerte, presidida por el entonces cardenal Jaime Ortega, asistieron decenas de personas. Concluyó con el arresto de unos 50 ciudadanos que se manifestaron contra el Gobierno tras la ceremonia. Otros activistas fueron citados o detenidos en sus casas para impedir que asistieran al templo.

La CIDH, en su reporte, acusa además al Estado cubano de otras violaciones de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana (derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona; derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión; derecho de la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar; derecho de asociación; y derecho de movilidad y tránsito).

Asimismo, la Comisión —que detalla en el informe el acoso que sufrieron Payá y Cepero meses antes de su fallecimiento— exige una investigación minuciosa y profunda de los hechos, reparación para los familiares de las víctimas, medidas penales para los involucrados, y que se establezcan condiciones de retorno voluntario para quienes se vieron forzados a abandonar el país por su relación con los movimientos opositores y sus líderes.