Después del martes 24 de marzo, cuando Cuba cerró sus puertas, mandó de vuelta a sus países a muchos turistas, mientras otros fueron aislados en hoteles y hospitales, y el Gobierno solicitó a la ciudadanía aislamiento en los hogares, saltaron las alarmas sobre la posible agudización de la violencia de género.

En ese contexto, la comunidad rural llamada El Indio, más allá del centro de Cuba, trascendió en medio de la pandemia del SARS-CoV-2 por un hombre que asesinó a una mujer y sus hijas de dos y cinco años de edad. La agencia Interpress Service (IPS) reportó el 20 de abril en su página de Facebook este primer femicidio que ocurrió el 16 de abril, durante los días de aislamiento social.

La nota explica que el hombre ya no vivía con las víctimas; se llama al hecho por su nombre aunque en Cuba no está tipificado el delito y, en su ausencia, lo procesan como homicidio. El Código Penal data de 1987. No solo la ley, quizá también la situación nacional de aislamiento desde mediados de marzo favorecieron al asesino. Lo mismo que a dos agentes de la Policía que el mismo día en La Habana, según fuentes alternativas al Gobierno, abusaron sexualmente de dos adolescentes. Las familias realizaron la denuncia e iniciaron en la medida de lo posible el protocolo para los abusos sexuales a menores de edad, que el Título XI del Código Penal Cubano tipifica como «Delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la Familia, la Infancia y la Juventud» y se castiga con penas entre siete y 30 años e incluso pena de muerte.

No importa la forma en que hayan violentado a una mujer y si esto le provocara la muerte. No es noticia. No en Cuba, no para el modelo de prensa estatal, salvo que el escándalo se propague entre la población y genere demasiado repudio público. Sin embargo, la llegada de los datos móviles cataliza el proceso; las redes sociales resultan una plataforma expedita para la denuncia y remueve desde los cimientos el sistema legislativo y penal de la nación, en tanto activistas abogan por una Ley Integral de Género.

Antes y durante la pandemia de la COVID-19 que afecta de modo particular a mujeres y niñas en situación de aislamiento junto a sus agresores habituales —sus convivientes—, en el país se impulsa la consultoría a víctimas de violencia de género. Al mismo tiempo que se ofrece acompañamiento a personas cuyos derechos sexuales hayan sido vulnerados a través del correo electrónico sojcenesex@gmail.com del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

De manera paralela al Estado y sus varios canales de trabajo de prevención y asistencia a personas violentadas, desde la ciudadanía emergen alternativas como la Consejería para mujeres del Centro ecuménico Oscar Arnulfo Romero y la plataforma online independiente YoSíTeCreo. Ambas proponen acompañamiento psicológico y legal mediante correo electrónico. La consejería tiene sede en La Habana, con una línea telefónica habilitada antes de la situación con la nueva pandemia que impide el trabajo presencial. Por su parte, YoSíTeCreo, que operaba únicamente a través de Facebook y correo electrónico, lanzó en marzo una línea de consejería telefónica para facilitar el acceso a sus servicios en estas condiciones de emergencia sanitaria global que obliga a mujeres a convivir a tiempo completo con sus agresores, así como naturaliza la sobreexposición de estas al rol de cuidadoras o amas de casa.

De acuerdo con el medio cubano Tremenda Nota, YoSíTeCreo ha atendido a 13 mujeres de diversas maneras, y ha mantenido el seguimiento de los casos que ya tenían antes.

Sin embargo, la señal de alarma ya estaba encendida desde que el estado de emergencia generara llamados de Naciones Unidas sobre el aumento de los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente la violencia doméstica.

Desde 2008 el Sistema de Naciones Unidas en Cuba, a través de la Oficina de la Coordinadora Residente, bajo la coordinación de la Unesco y el UNFPA, y con la participación del PNUD, la Unicef y la Fao, se integró a la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres con el objetivo de promocionar actividades, tanto en el campo de la capacitación como de la sensibilización, encaminadas a poner fin a una de las violaciones a los derechos humanos más generalizada en el mundo: la violencia contra la mujer. La conceptualización que prevalece en las academias cubanas y grupos de trabajo en los que la campaña influyó abarca las violencias psicológica, física, económica y sexual. “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.

En un país donde los datos no son abiertos, lo único medible es aquello que se registra por iniciativa de la sociedad civil, instituciones religiosas y no gubernamentales. Tras la habilitación el día 17 de marzo de la línea de YoSíTeCreo, se cuentan cinco víctimas: dos de ellas de abuso sexual, tres femicidios. Todas el mismo día, pero nadie sabe qué número representan en las estadísticas de Cuba. La nota fue compartida por la plataforma en sus redes sociales. A pesar de que existe en la Isla una decena de canales oficiales para prevenir y mitigar la incidencia de la violencia de género, algunos funcionales para el territorio nacional como la Policía Nacional Revolucionaria, la Línea Ayuda de la Fiscalía y la Federación de Mujeres Cubanas, no es posible acceder a sus archivos ni a estadísticas actualizadas.

Los índices nacionales de violencia hacia las mujeres al interior de las relaciones de pareja son altos. Según la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género realizada en noviembre de 2016 —lo más reciente a lo que se puede acceder—, el maltrato y la violencia es un problema reconocido por las mujeres cubanas. Aunque el 51.9 % de la población encuestada considera “poca” la violencia contra la mujer, el 26.6 % de las mujeres fueron víctimas de violencia en sus relaciones de pareja en los 12 meses previos a la encuesta, y el 39.6 % dijo haber sufrido violencia en algún momento de su vida. Sin embargo, la búsqueda de ayuda institucional no es una práctica recurrente. De las mujeres que han sido víctimas, solo el 3.7 % la solicitó. Los datos anteriores sugieren que las mujeres víctimas de violencia carecen de redes de apoyo eficientes e información que les facilite buscar asistencia y, además, que las instituciones existentes pueden no considerarse seguras, confiables o viables.

YoSíTeCreo se impulsó como alternativa luego de que una cantante denunciara públicamente la violencia que ejerciera sobre ella su expareja, el músico José Luis Cortés, conocido como El Tosco. A partir del cuestionamiento de la acusación contra este hombre con poder, en las redes sociales se destacó la etiqueta #DiosaYoSíTeCreo, teniendo en cuenta que la Policía había desestimado inicialmente la denuncia.

A su vez, datos oficiales de 2016 publicados en 2019 dan cuenta de una tasa de femicidios de 0.99 por cada 100 000 adolescentes y mujeres a partir de los 15 años. Así, aproximadamente una mujer por semana fue asesinada por su pareja o expareja. En 2016 CEPAL dio una cifra de 47 mujeres asesinadas por su pareja o expareja. En un solo municipio, Moa, de la provincia de Holguín, dos investigadoras revelaron estadísticas elevadas de mujeres víctimas, que muestran un promedio anual de 155 denuncias en la Policía hasta 2014: 482 casos de 2002 a 2006; 19 casos en 2009; 166 en 2010; 1 en 2011; 14 en 2012; 22 hasta junio de 2013; y 86 de julio de 2013 a marzo de 2014. No solo resaltan los números sino las formas de agresión: se identificaron mujeres arrastradas por caminos de piedra o tierra, tiradas por el pelo; mujeres puestas a correr delante de todos y perseguidas con cuchillos; violación sexual incestuosa a niñas y adolescentes; mujeres amenazadas y/o golpeadas con machetes a la vista de todos, y apuñaladas en el portal y arrastradas hacia adentro por el pelo.

Por todas ellas, por travestis y personas trans violentadas por los órganos policiales y legislativos, es que desde la sociedad civil cubana se ha pedido atender a la violencia de género que se pueda producir en los hogares en el contexto de las medidas de confinamiento o restricción de la movilidad que se han tomado para contener la propagación de la pandemia del SARS-CoV-2.

Como en otros países latinoamericanos, las mujeres cubanas se enfrentan de manera desproporcionada a los trabajos de cuidado y doméstico. Ahora, con el cierre de las escuelas y la afectación de sus empleos formales o informales, su carga se multiplica. Además de que estar en casa significa mayor oportunidad para el agresor habitual, con más silencio y a puertas cerradas.

La gestión del Estado en tiempos de la COVID-19

Medidas en materia laboral, salarial y de seguridad social, enfocadas principalmente en el sector estatal, expresan la gestión del Estado cubano para que ni trabajadores ni sus familias se vean afectados ante la situación que vive el país a causa de la COVID-19.

Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), aseguró que “nadie quedará desamparado”, pero en la práctica las medidas dictadas no llegan a todos por igual. Los principales beneficiados son quienes trabajan en el sector estatal —aproximadamente el 69 % de la fuerza laboral—, quienes recibirán todo su salario si pasan a la modalidad de teletrabajo. Muchos trabajadores no tienen Internet en sus casas, mientras otros cuentan con ADSL o móviles que paga el Estado a dirigentes y algunos empleados.

Si se reubica temporalmente al trabajador, recibirá el salario del nuevo puesto sin perder el cargo anterior. Si no es posible lo primero ni lo segundo, recibirá el 100 % de su salario durante el primer mes y el 60 % del salario en lo sucesivo, mientras dure la paralización.

La medida estaba bien. El problema vino después, cuando se dejaba en claro que no era aplicable para: las madres trabajadoras con hijos en el círculo infantil, porque esas instituciones se mantenían ofreciendo servicio; las madres trabajadoras con hijos en la secundaria; las madres de los y las preescolares que reciben cuidados en guarderías privadas que hayan cerrado por la emergencia sanitaria; las personas que estén a cargo de un menor que reciba cuidados en un círculo infantil pero que se suspenda su asistencia por catarro; los trabajadores con responsabilidades familiares por el cuidado de sus padres ancianos.

Solicitudes (feministas) a la sociedad política y a la sociedad civil

Luego de varios reclamos de la ciudadanía en las redes sociales, la ministra de Trabajo y de Seguridad Social anunció el 15 de abril durante el programa televisivo Mesa Redonda que la medida se ampliaría a los casos de personas a cargo de menores en edad preescolar.

En los casos restantes, la persona empleada no perderá su trabajo, pero no recibirá por ciento alguno de su salario. Si lo necesita, podrán solicitar una licencia no remunerada.

Suponiendo que los menores que cursan la Secundaria Básica (adolescentes entre 12-15 años de edad) pueden valerse por sí mismos en cuanto a aspectos muy básicos en ausencia de un adulto, ¿por qué excluir a las personas al cuidado de los ancianos? ¿Acaso las estadísticas que apuntan que el 20.4 % de la población cubana tiene 60 años o más, entiéndase segmento de alto riesgo en tiempo de la COVID-19, no son suficientes para replantearse esta medida? Al igual que en el resto del mundo, en Cuba las mujeres son las principales cuidadoras de menores, de personas con necesidades especiales y de la tercera edad.

Todas estas iniciativas tomadas por las autoridades cubanas parecen olvidar a aquellos que trabajan para el sector privado o están autoempleados. Al respecto, la académica y activista feminista Ailynn Torres Santana recuerda que los trabajadores del sector privado no tienen protección salarial en una crisis como esta. Además, el empleador no tiene la obligación de continuar pagando una remuneración al personal contratado y, en este caso, las mujeres suelen ser las contratadas, no las dueñas de negocios y por ende quienes se ven más afectadas económicamente por esta crisis.

Del otro lado de la moneda se encuentran las que aún en edad laboral están fuera de la Población Económicamente Activa. A ellas, que representan el 50 % de esta comunidad femenina, no las encuentras entre las ocupadas con vínculo laboral formalizado, ni entre las desocupadas sin vínculo laboral estable, pero que en algún momento buscaron tenerlo.

Torres Santana asegura que estas mujeres o son cuidadoras a tiempo completo o laboran en los sectores de trabajo informal. En cualquiera de los dos casos, están desprovistas de derechos laborales, al margen de las medidas que toma el Estado para enfrentar la crisis. “Esa mitad de mujeres en edad laboral, según la legislación cubana, no trabaja. Según las estadísticas, no están económicamente activas. Según el discurso político, no se incluyen en sectores productivos. Según una parte del sentido común, son solo ‘amas de casa’”.

 

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Esta pieza fue producida por la 4ta generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y dos periodistas aliadas. “Violentadas en cuarentena”, una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la COVID-19.