Omara Ruiz Urquiola es la noticia más reciente. El ejemplo último de la intolerancia oficial dentro de la universidad cubana, justo el sitio donde la divergencia de criterios debería fomentarse como forma de crecimiento intelectual.

El 29 de julio de 2019, el primer día de sus vacaciones, Omara fue citada al Instituto Superior de Diseño (ISDi) donde imparte docencia desde hace una década. La reunión era extraordinaria y, entre la decena de profesores presentes, ella era la única con una asignatura de la especialidad de diseño.

El resumen del encuentro es simple: quienes estaban allí perderían sus puestos como plantilla fija docente y serían contratados por horas a partir de septiembre, según las necesidades de las asignaturas. La universidad ofrecería otras plazas, quizás en otras dependencias. Incluso, si querían irse a otros puestos laborales, la bondadosa directiva del ISDi, estaría feliz de firmar cartas de recomendación.

La decisión se tomaba, dijo Sergio Peña —director del ISDi— porque quienes estaban allí no poseían Maestrías aprobadas, no participaban en líneas de investigación, no estaban vinculados a proyectos educativos, ni coordinaban metodológicamente ningún año de la carrera. El punto más crítico era que su carga docente frente al aula era muy baja. Apenas 32 horas clases, especificó al comenzar. Por supuesto, era imposible que él pudiese defender la plaza fija de un profesor cuyo único contenido de trabajo eran apenas 32 horas clases, dijo.

Omara, en su silla, no entendía qué hacía ella allí. Plantilla fija del ISDi desde 2011, categorizada como Profesora Auxiliar en 2018, al frente de la asignatura Historia del Diseño III (42 horas clases), con carga docente en Cultura cubana (mínimo 32 horas clases, expandibles a 64 si tuviese que impartirlas a las dos carreras que alberga el ISDi), tutora de dos tesis para el próximo año escolar, autora de publicaciones y ponencias en eventos de Diseño en 2019, una de las dos profesoras a cargo de la redacción del futuro libro Selección de lecturas de Historia del Diseño en Cuba, y responsable del adiestramiento de nuevos miembros del claustro. Aquella descripción de “apenas 32 horas clases” no se ajustaba a su trabajo.

Cuando pidió explicaciones sobre su caso, porque evidentemente había un error, el director Peña dijo: “yo no he estudiado en profundidad cada caso. Hicimos este trabajo con los Jefes de Departamento y con el colectivo que hizo el análisis. Pero según yo tengo aquí, tú solo tienes 32 horas clases”.

En esa afirmación, en ese informe que esgrimía la dirección del ISDi, se obviaba su trabajo del último año. De los últimos 10 años en realidad.

Además, Peña pareció no estar tampoco al tanto de que, al prescindir también de los profesores recontratados —como anunció que sucedería—, la carga docente de Omara subiría notablemente, pues muchos de esos viejos profesores habían sido traídos allí para aliviar el peso de la plantilla fija.

Lo que no dijo Sergio Peña en la reunión, ni anunció luego en la página de Facebook del ISDi, es que una vez separados de la plantilla fija, los profesores serán contratados discrecionalmente por la dirección del Instituto. Dicho de otro modo, despojando a Omara de su puesto como profesora de la institución, no tendrían que dar explicación alguna si no la volvieran a contratar a partir del próximo septiembre.

Nada de lo que sucedió ese 29 de julio tiene sentido docente, o lógico. Bajo lo estrictamente profesional, y con los argumentos esgrimidos por la profesora, su separación de la plantilla fija es insostenible. Todo indica que la reunión en el ISDi oculta una decisión que nada tiene que ver con la docencia: Omara Ruiz Urquiola les es incómoda.

Incómoda porque, al igual que su hermano (el investigador y biólogo Ariel Ruiz Urquiola) tiene una posición cívica activa y crítica. Incómoda porque ha denunciado violaciones de derechos civiles, irregularidades médicas, atropellos y arbitrariedades gubernamentales. Incómoda porque no pertenece al rebaño que necesita el gobierno cubano para la postal de la Isla Feliz.

Ariel Ruiz Urquiola, ¿víctima de una injusticia legal?

Pero el de Omara no es un caso aislado. Las expulsiones, cierres de contratos y cambios de condiciones que obliguen al perjudicado a renunciar, han sido un mecanismo sistemático de purga dentro de las universidades cubanas. Lo mismo había sucedido antes con su hermano Ariel en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. En ninguno de los dos casos se esgrime una razón política, sino que se trata de justificarse la cesantía por temas profesionales. A Ariel lo expulsaron por ausentismo: había estado dos días fuera sin certificado médico.

Mucho más burdos fueron los argumentos en otras expulsiones. Para el profesor de Derecho de la Universidad de La Habana, Julio Fernández Estrada, la excusa fueron sus publicaciones en la revista digital OnCuba. Para René Fidel González García, también profesor de Derecho pero en la Universidad de Oriente, “perder el prestigio” por sus publicaciones en Internet. Para Roberto Peralo, profesor en la Universidad de Matanzas, sus artículos en el blog La Joven Cuba. Para José Raúl Gallego, profesor de Periodismo en la Universidad de Camagüey, colaborar con medios digitales no gubernamentales. Para la profesora Dalila Rodríguez, de la Universidad Central Martha Abreu, “dañar la formación de los estudiantes”, aunque ella misma no pertenecía a ningún grupo político; a diferencia de su padre, quien sí formaba parte del Instituto Patmos. Para la estudiante de periodismo Karla María Pérez González, también de la Martha Abreu, por pertenecer al movimiento político Somos+.

Ariel Ruiz, Julio Antonio y René Fidel han apelado o denunciado ante fiscalía tales decisiones administrativas. Ninguno de ellos, aun con la razón de su lado, ha ganado aún el pleito. Omara sabe que con ella sucederá lo mismo, pero igual pleiteará. “Lo hago no porque tenga cómo ganar, sino por principios”, me dice mientras conversamos en su casa.

Cartel homenaje a Omara Ruiz Urquiola compartido por sus alumnos en redes sociales. Autor: Rafael Alejandro

Expulsar a profesores y alumnos de las aulas universitarias no es nuevo. Décadas atrás una foto de los Beatles, el pelo largo, los pantalones ajustados, las melenas, el cristianismo, la homosexualidad, todo englobado bajo el cuño de “diversionismo ideológico”, fue empleado como excusa para separar a quienes no se ajustaban al canon de hombre nuevo que promulgaba el socialismo.

Tal pareciera que la educación y el empleo son entendidos por las autoridades cubanas no como derechos universales, sino como moneda de cambio, como premio por la obediencia.

La universidad, que debería ser ese sitio sagrado para disentir, tener ideas propias y formar profesionales capaces de asimilar críticamente su realidad, ha sido, desde 1960, políticamente domesticada. La misión para ella, desde el poder, es formar profesionales muy calificados e ideológicamente dóciles, maniobrables.

El miedo congénito a la diferencia de criterios —que impulsa al poder político a separar de las aulas a quienes no puede doblegar—, supongo, viene del mismo sitio que les impide reconocer la Autonomía Universitaria que defendió Julio Antonio Mella, que fue reconocida por la Constitución de 1940 y de la que se benefició Fidel Castro y toda una generación para derrocar un régimen dictatorial.

La nueva Constitución de la República de Cuba reconoce en su artículo 42 la igualdad de las personas ante la ley, sin importar “razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana”. Convenientemente, la legislación obvia una de las más evidentes y practicadas formas de segregación oficial en la isla: la discriminación por motivos políticos.

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