«Ayuda a los valientes del 11J» fue uno de los proyectos nacidos luego de las protestas del 11 de julio de 2021, las cuales dejaron un saldo de más de mil presos políticos. Precisamente, son estas personas y sus familias el centro de la iniciativa ciudadana.

El proyecto santaclareño surgió como una idea de Andy García Lorenzo, uno de los encarcelados, quien fue condenado a cuatro años en régimen abierto, luego de diez meses presos y de un juicio de apelación.

En los primeros meses de su encierro, cuando su familia le llevaba comida en las visitas, él siempre pedía más, algo que les llamaba profundamente la atención a su madre y hermana. Por la premura, la difícil situación económica y por ser la primera vez que se enfrentaban a una situación semejante, ellas apenas podían conseguirle algunos alimentos.

Su familia intentó que nunca le faltara lo básico, pero ante su insistencia de pedir más comida no quedó de otra que confesar que aquello era todo lo que podían conseguir. Entonces Andy explicó que no era para él, sino para otros presos a quienes sus familiares no tenían cómo ayudar. Él había pasado hambre, sabía lo que era acostarse con el estómago vacío y quería ayudarlos de alguna manera.

Por aquel entonces, luego de las denuncias por las irregularidades del caso, la familia de Andy había alcanzado bastante relevancia en las redes. «Muchas personas se brindaban a ayudarnos, lo mismo con una recarga o con sumas de dinero que nosotros nunca aceptamos. Entonces decidimos recibir esas ayudas, por lo menos las económicas, para tener un fondo y apoyar a esos presos que estaban pasando hambre», relata Jonathan López, esposo de Roxana y cuñado de Andy.

La comida de las cárceles cubanas nunca ha destacado por su calidad y cantidad, a pesar del reciente intento de lavado de cara realizado por el periodista Humberto López. «Andy nos decía que desayuno, almuerzo y comida cabían en un plato», explica Roxana.

Así empezaron, desde noviembre de 2021, con «Ayuda a los valientes del 11J», un proyecto que recauda fondos para comprar «sacos» con alimentos y aliviar la economía de los familiares. Al inicio, ayudaban solo a 15 familias santaclareñas, pero con el aumento de las donaciones, han extendido su mano hacia personas necesitadas en otras provincias.

Un proyecto que no para de crecer

Roxana, Jonathan y Pedro López, padre de este último, son quienes encabezan la iniciativa. Entre ellos tres reparten las responsabilidades: Jonathan lleva la contabilidad y compra los sacos; Pedro se dedica a la promoción y a atender a los familiares, y; Roxana los apoya a ambos.

Según explica Pedro, al principio podían destinar solamente mil pesos a cada saco. Ahora suman tres mil entre maní, queso, galletas, chicharritas, refresco, sirope o lo que puedan comprar en el momento. Aunque reconoce que no es suficiente debido al precio excesivo de casi todos los productos en el mercado informal y el desabastecimiento del minorista estatal.

La iniciativa tiene como principal fuente de ingreso las donaciones de cubanos en la diáspora, principalmente desde Estados Unidos y España. «Donan particulares, no recibimos fondos federales como acostumbran a decir», aclara Pedro refiriéndose a las falsedades que usualmente emplea la Seguridad del Estado para desacreditar tanto el proyecto como a quienes lo dirigen.

Jonathan refiere que las reciben a través de la cuenta de PayPal de la Fundación Víctimas del Comunismo, Inc. Para que la divisa no pase por manos del Gobierno, el dinero donado se envía a la isla a través de personas particulares que lo entregan en pesos cubanos. 

Los donativos han crecido también dentro de Cuba y para ello habilitaron tarjetas en pesos cubanos y en moneda libremente convertible (MLC). «Cuando Roxana está comprando en algún lugar, personas desconocidas le han dado mil pesos para la compra y otros donan a la tarjeta, cuyo número es público. Muchas veces revisamos la tarjeta y encontramos que hay dos mil, tres mil pesos que no sabemos quién los donó y automáticamente los transparentamos», relata Pedro.

Otras personas prefieren donar suministros de manera directa. «Nos contactan primero con mucho miedo. Miedo hasta para dar algo, que no es ningún delito. Incluso nos han dado los alimentos en otros lugares para no llegar a nuestra casa porque saben que está marcada», comenta Jonathan.

Transparentar y extender la solidaridad

Para transparentar las transacciones, crearon un primer grupo en Facebook; Ayuda a los valientes del 11J, en el cual se actualiza el destino de los donativos, cómo se invierte y qué preso recibe la ayuda. Además, sirve para divulgar el proyecto. Ahora también cuentan con un grupo en Telegram.

Pedro creó un documento Excel, compartido públicamente, con cada una de las donaciones y su empleo. De esta forma quien dona puede hacer el seguimiento de su dinero y conocer a quién ayuda. 

En junio de 2022, al cumplirse siete meses de iniciado el proyecto, según compartieron en Facebook, se habían entregado 135 sacos de alimentos y realizado 264 ayudas económicas, tanto en efectivo como por transferencias. En total se habían recaudado casi 75 mil pesos cubanos.

Extender el proyecto a otras provincias siempre fue una necesidad, pero no era posible por la falta de recursos. «No teníamos —ni tenemos aún— los fondos necesarios para expandirnos, pero decidimos hacerlo de todos modos. O sea, compartir lo poquito que tenemos aquí en Santa Clara, con Occidente y con Oriente» explica Pedro.

Desde Holguín, Yanet Rodríguez Sánchez, conocida en redes como Ochuncita, apoya a los presos y familias de Oriente. Hasta el momento suman 13 beneficiados: seis de Santiago de Cuba y siete de Holguín.

Ella compra el saco de dos de los reclusos cuyas familias no pueden ocuparse; a los demás les envía el dinero y se asegura de que realicen las compras.

Según relata, en un principio solo ayudaba a tres familias, pues el resto se mostraba temerosa de las posibles represalias por vincularse al proyecto. «Tenían dudas, me daban las gracias y me decían que no; pero al explicarles que la ayuda no estaba condicionada se han ido sumando», contó a elTOQUE Yanet. 

Unos ayudan; otros reprimen

El Gobierno cubano rara vez permite proyectos que empoderen a la sociedad civil, mucho menos si su razón de ser son los mismos presos políticos de los que reniegan. Con «Ayuda a los valientes del 11J» no fue diferente.

Al inicio acosó a los familiares de Andy García con detenciones, amenazas, chantajes, actos de repudio. La Seguridad del Estado (SE) parecía obviar la iniciativa familiar que ganaba relevancia en las redes.

La situación cambió el 28 de junio pasado cuando Pedro López fue apresado en Instrucción tras presentarse allí para saber de su hijo Jonathan, detenido poco antes.

El oficial Leandro fue el encargado de un interrogatorio que se tornó altamente violento, en medio de amenazas directas a él y a su familia. «Me dijo que Coco Fariñas podía hacerme los cuentos, que cuántas cuchilladas no tenía en su cuerpo; que nosotros no sabíamos nada y que nos iban a instruir de cargos a mí y a Jonathan si seguíamos en las redes denunciando las arbitrariedades del sistema y si continuábamos con el proyecto de ayudas».

Leandro, junto a otros dos oficiales, lo amenazaron con acusarlo por ayudar al enemigo, un delito tipificado en el actual Código Penal —y en el nuevo que entrará en vigor en agosto— , con penas de hasta 20 años de prisión e, incluso, la muerte.

Finalmente, a él y a Jonathan les abrieron un proceso por instigación a delinquir porque, supuestamente, convocaron a un levantamiento en las redes. «Nosotros no hemos incitado a nadie a salir a las calles, pero, aun si lo hiciéramos, no consideramos que sea un delito porque el derecho a manifestarse está previsto en la carta magna», refiere.

Hasta el momento de las detenciones, el acoso había recaído sobre los beneficiarios de las ayudas. En distintas ocasiones, los familiares fueron amenazados con mayores condenas a los presos, el retiro de las llamadas telefónicas o cualquier otro beneficio, si continuaban el vínculo con la familia de Andy.

También la campaña de descrédito a través de las redes ha sido constante con la publicación de información falsa sobre la iniciativa o sobre alguno de sus gestores.

Saily Núñez, esposa del preso político Maikel Puig, quien durante un tiempo fue coordinadora del proyecto en Occidente, recibió amenazas si mantenía su colaboración pues estaba «financiando la contrarrevolución».

En Holguín, Yanet refiere que no ha recibido ninguna intimidación directa, pero varios agentes de la SE merodean su barrio, recaban información sobre su nivel de vida y posibles beneficios por ser parte del proyecto.

El acoso por parte del Gobierno con el fin de impedir o desalentar las ayudas para Jonathan no tiene mayor explicación que el intento gubernamental por evitar más muestras de solidaridad y que más cubanos dentro de la isla abran los ojos y se sumen a estas iniciativas. Mayor conciencia ciudadana se traduce en mayor empoderamiento de la sociedad civil y, por tanto, en mayor presión social.

Mientras la SE no cesa en sus intentos por intimidar a los miembros de «Ayuda a los valientes del 11J», ellos continúan con su trabajo y la denuncia de todas las arbitrariedades. Como consuelo, más allá de la satisfacción de una ayuda desinteresada, quedan las personas anónimas que se acercan y les dicen: «Gracias por lo que hacen, por no olvidar a las personas que salieron y que dieron la cara por nosotros».

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