El Observatorio Cubano de Derechos Humanos liberó lo que parece ser parte del informe criminalístico correspondiente al análisis realizado por las autoridades cubanas al cadáver de Diubis Laurencio Tejada.

Laurencio Tejada murió el 12 de julio de 2021 como resultado de un disparo recibido durante las protestas desencadenadas en el barrio la Güinera, en La Habana. Fue reconocido de manera oficial como el único fallecido en las protestas masivas que iniciaron en San Antonio de los Baños el 11 julio (11J).

El documento compartido por la organización protectora de derechos humanos reconoce que al momento del examen el cadáver de Diubis Laurencio presentaba una «herida contusa situada en el hemitórax izquierdo por el plano posterior». Esa declaración, común en el argot criminalístico, es un indicativo de que el disparo que recibió Laurencio Tejada fue por la espalda.

Además del orificio de bala, el informe declara que Diubis tenía un «edema y congestión encefálica y una fractura superior de la octava costilla y un orificio en el pulmón». El documento también concluye que la primera causa de la muerte pudo haber sido una anemia aguda; la segunda, la existencia de una herida transfixiante de tronco pulmonar con hemitórax de 2 000 ml; y la tercera, el efecto de un proyectil de arma de fuego.

El informe muestra otras evidencias que certifican que Diubis Laurencio pudo haber recibido un disparo por su espalda, lo que enrarece la posibilidad de justificar un acto de legítima defensa por parte de su agresor. Los peritos indicaron que la camisa que usaba Diubis al momento de producirse su fallecimiento presenta un «deterioro u orificio de aproximadamente 1 cm de ancho en su parte posterior».

Al momento de anunciar el fallecimiento de Laurencio Tejada, el periódico Granma afirmó que la muerte se había producido como resultado de un enfrentamiento entre «manifestantes que fueron interceptados por fuerzas del Ministerio del Interior y la población, y en su intento por evadir la actuación, vandalizaron viviendas, incendiaron contenedores y afectaron el tendido eléctrico; al propio tiempo que agredieron con armas blancas, piedras y objetos contundentes a los agentes y civiles en el lugar».

Tras liberar los documentos, Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, exigió «una investigación de forma urgente, porque los documentos criminalísticos y forenses muestran graves contradicciones entre la declaración del policía que disparó mortalmente a Laurencio Tejeda y los resultados de la propia autopsia».

La publicación de estos documentos ratifican la aclamada necesidad de que actores independientes sean quienes impulsen o, como mínimo, contrasten las investigaciones de posibles violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios cubanos. La documentación liberada por el Observatorio rememora, además, lo acontecido en 2020 con Hansel Ernesto Hernández Galiano. Rodríguez Galiano fue baleado también por la espalda en lo que fuera calificado por las autoridades del Ministerio del Interior como un acto de legítima defensa, justificado por el peligro que la magnitud de las agresiones de Hansel Ernesto representaba para el oficial que le ocasionó la muerte.

Claves legales para reflexionar sobre la muerte de Hansel Ernesto

Cinco días después de la muerte de Hansel Ernesto apareció un comunicado del Ministerio del Interior. Si el caso no se investiga en el marco de un proceso penal o se sobresee, y no se transparenta y contrasta el resultado de la investigación por la opinión pública, la ciudadanía cubana no tendría ni la posibilidad de recibir detalles de lo acontecido.

La necesidad de una investigación independiente es también el reclamo de algunas víctimas de violaciones de derechos humanos y torturas después de la represión gubernamental a las protestas del 11J.

De acuerdo con informes de organizaciones y actores independientes de la sociedad civil cubana, cientos de manifestantes del 11J permanecen detenidos o sujetos a medidas cautelares. Sin embargo, ninguna información oficial ha corroborado la existencia de oficiales del orden público imputados por actos violentos de los que existen pruebas testimoniales y gráficas abundantes.

Por el contrario, la Fiscalía General de la República informó que, después de los sucesos del 11J, un total de 215 personas se acercaron a sus dependencias motivadas por los hechos. De esas 215 personas, solo 47 establecieron reclamaciones. De esas 47 quejas presentadas hasta el 4 de agosto habían sido respondidas 12 y en ninguna de ellas habían sido detectadas violaciones a la legalidad.

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