El 11 de julio de 2022 las autoridades cubanas presentaron el anteproyecto de ley de Comunicación a los medios de prensa acreditados en el país. El vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), Jorge Legañoa, lo calificó como «inédito, robusto, integrador, estratégico para la construcción de un sistema de comunicación social en Cuba, una oportunidad para educar a nuestros públicos en materia de comunicación e información». 

El anteproyecto es el resultado de la implementación de la Política de Comunicación que desde 2018 se había aprobado. Un documento político-programático que serviría de base a las normas jurídicas que regularían la comunicación en el país.

La comunicación en Cuba ha sido manejada ―desde muy temprano luego de 1959― de acuerdo al criterio leninista y tratada como un recurso indispensable para la subsistencia del sistema. Por esa razón, está directamente regulada y controlada por el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista. Ese control nunca tuvo expresión en una norma jurídica pública sino que se mantenía ―convenientemente― a través de directrices de la organización partidista, para la cual la propaganda sigue siendo estratégica.

Entre las reacciones luego del anuncio de este anteproyecto, se encuentran las de quienes consideran que la intención de regular la comunicación en Cuba a través de una norma jurídica es un paso de avance porque traspasa el control de la prensa del Partido Comunista al Estado. No obstante, ese es un criterio que encuentra dos obstáculos fundamentales. El primero tiene que ver con el hecho de que la práctica ha demostrado que el Partido Comunista ejerce el control del Estado cubano y sus instituciones sin necesidad de que sus funciones estén reguladas en la ley. El artículo 5 de la Constitución es muy claro en ese sentido: «[e]l Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado».

El segundo tiene que ver con el hecho de que la normativa propuesta es un reflejo de la Política de Comunicación que generó el propio Partido y en la cual queda claro que la organización no renuncia al control de la prensa y al establecimiento de la política informativa de los medios. La Política de Comunicación expresa de forma llana que: «el Partido Comunista de Cuba es rector de la comunicación social en el país, traza la política general para su desarrollo y ejerce su control». Asimismo, declara que el principal objetivo de esa política rectora es: «contribuir a garantizar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución Socialista y el Partido».

Para evaluar la real dimensión del anteproyecto de Ley de Comunicación Social habría que preguntarse si cambian algunas de estas declaraciones previamente enunciadas ―indispensables para analizar el sistema de medios en Cuba y la libertad de prensa― en la propuesta. La respuesta es sencilla: no.

LA LIBERTAD DE PRENSA Y LA CENSURA EN EL ANTEPROYECTO

La propuesta presentada por las autoridades cubanas confirma la forma en la que el poder entiende la comunicación y la prensa: como un mecanismo instrumental generador de propaganda. Esa es la función que, sin disimulo, le confiere el anteproyecto a la prensa y esos son los límites que establece para su libre ejercicio.

Al abordar la libertad de prensa, el anteproyecto utiliza la fórmula del texto constitucional de 1976 y ligeramente modificada por el de 2019. Declara que la libertad de prensa es un derecho de las personas, pero aclara que su ejercicio tiene que estar limitado a los «fines de la sociedad socialista».

A pesar de que el anteproyecto no explicita cuáles son esos fines, sí deja claras algunas pistas. Quienes redactaron el documento consideran que una de las principales misiones de la prensa es contribuir a la construcción de una sociedad en correspondencia con «los principios del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista». Ese modelo está conceptualizado en un documento redactado por el Partido Comunista en 2017. Allí se reconoce una forma única y centralizada de ver el futuro de Cuba. La misma que deberá compartir y promover la prensa cubana si quiere ser legal y tolerada.

Los redactores de la propuesta de ley asumen como válida —no podía ser de otra forma en un ambiente cerrado como el cubano— la concepción del poder sobre la prensa. La entienden como un instrumento indispensable para la supervivencia del régimen. Por eso declaran —en consonancia con la Política de Comunicación— que todo el sistema de comunicación social cubano debe contribuir —por principio— a fomentar «el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista de Cuba».

De ahí en adelante, las aseveraciones como declaración de principios que hace el anteproyecto al reconocer la participación popular en el ejercicio de la comunicación, el derecho de acceso a lo que llama información pública de interés social y las necesidades de que la prensa exija que los funcionarios rindan cuentas realmente, suenan meramente estéticas y vacías. Ninguna prensa que esté diseñada para proteger al poder tendrá la capacidad de cuestionarle, de exigirle información o gestionarla cuando no la entreguen. Mucho menos será capaz de favorecer que la ciudadanía participe y cuestione las decisiones políticas.

Para confirmar esa idea basta analizar otra de las funciones que el anteproyecto le reconoce a la prensa y al sistema de comunicación de forma general: «la gestión integrada de la comunicación para prevenir y enfrentar situaciones de crisis». El anteproyecto entiende por «comunicación de crisis» todas las acciones comunicativas que «contribuyen a la prevención, solución o reducción de las situaciones que ponen en peligro el normal funcionamiento de una actividad, sector, institución, territorio o el país y que afectan su credibilidad, reputación e imagen».

Para alguien acostumbrado a escuchar que la promoción del libre intercambio de ideas y el cuestionamiento al poder es una de las funciones de la prensa, una frase como esta puede chirriarle. Sin embargo, hay que reconocer que al expresar esto los redactores del anteproyecto lo que hacen es sincerar la discusión.

La prensa para los totalitarismos es un mecanismo exclusivamente de alabanzas al poder y para el control de daños. La prensa en los totalitarismos no está para generar crisis sino para resolvérselas. El anteproyecto deja claro, sin ambages, que en la excepcional sociedad cubana no hay ni habrá espacios para las influencias nefastas que la prensa internacional ha generado con los casos Watergate, Gürtel o los derivados de los Wikileaks. El totalitarismo cubano no puede permitir esas afectaciones a su imagen y para evitar cualquier situación de ese tipo, no para crearlas, es que está la prensa.

El anteproyecto deja claro que el compromiso del sistema de medios de comunicación cubano no es con la verdad o con el servicio público de informar a la ciudadanía y generar debates en función del fortalecimiento de una sociedad democrática. En Cuba no existe la democracia como la entiende gran parte del mundo. En Cuba existe la democracia y la justicia que se ha inventado el poder; visiones, categorías particulares diseñadas exclusivamente para mantener el monopolio político de una casta.

El anteproyecto reafirma esa necesidad de construir conceptos solo para Cuba. Conceptos que refuercen la teórica excepcionalidad cubana, pero que en el fondo buscan legitimar la inexistencia de libertades. Por eso, los redactores del documento, sin ningún pudor, pretenden dejar plasmado en una ley que el compromiso de la prensa cubana —contrario a las más elementales lógicas del periodismo— es trabajar por mantener la imagen Cuba que se construye desde la visión y la perspectiva exclusiva del Partido Comunista.

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