Tras más de 40 años de prohibiciones, los ganaderos podrán matar sus propias vacas y vender la carne de res en Cuba, luego de cumplir los «compromisos con el Estado». Según explicó el nuevo ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, de ahora en adelante, «los productores podrán comercializar la carne bovina, o utilizarla como autoconsumo, una vez cumplidos el encargo estatal y siempre que garanticen que no haya decrecimiento de la masa ganadera». También tendrán la posibilidad de vender libremente leche y sus derivados.

Pérez Brito agregó que el plan de recuperación ganadera incluye también incrementos en los pagos del acopio y el acarreo de la leche, y en los percibidos por la ceba de toros.

CARNE DE RES EN CUBA U ORO MOLIDO: PROHIBICIÓN DE OTROS TIEMPOS

El sacrificio de ganado vacuno de forma privada y la venta de carne de res en Cuba proveniente de esas fuentes se formalizaron como delitos en noviembre de 1979, cuando el primer Código Penal del período revolucionario pretendió interrumpir el lento pero sostenido decrecimiento de la cabaña ganadera nacional. Era el segundo paso de una cadena de esfuerzos gubernamentales. Once años antes se había apostado por que la supervisión de los animales se realizara a través del Centro Nacional de Control Pecuario (Cencop), el ente burocrático que todavía está a cargo de esa función.

Desde los comienzos de la Revolución, el sacrificio de ejemplares bovinos —sobre todo, de vacas en edad fértil— había sido objeto de fuertes críticas por parte de las autoridades. En diciembre de 1961, al presidir la graduación de un curso de inseminadores artificiales, Fidel Castro resaltó: «Ya la leche aquí en la capital no alcanza. La capital está consumiendo el doble de litros de leche que consumía antes […]. Lo primero que hay que hacer es elevar el índice de natalidad; lo primero que había que hacer ya lo hemos hecho o lo hemos estado tratando de hacer: que no se mate una sola vaca. ¿Contra quién hemos tenido que luchar, primero que todo, para que no se mate una sola vaca? Primero que todo, contra el eterno vicio capitalista, el interés privado de los individuos que les importa un bledo la economía de la nación y de la república […]. ¡Hay que salvar las vacas!; ¡hay que salvar las vacas!».

En los dos años siguientes, el Gobierno ensayaría fórmulas como la designación de miembros de las ORI (las Organizaciones Revolucionarias Integradas, antecesoras del Partido Comunista) para que supervisaran el trabajo de los mataderos, la creación de los Registros Pecuarios (que tiempo después se integrarían a la estructura del Cencop) y la promulgación de las primeras condenas contra acusados de sacrificar animales sin los permisos correspondientes.

Antes de 1979 los ganaderos todavía podían solicitar al Registro Pecuario la baja de alguno de sus animales por razones como los accidentes, y reservar la carne para consumo familiar y de vecinos. La Ley 1279, firmada por el entonces presidente Osvaldo Dorticós, establecía que en las circunstancias mencionadas el dueño del animal debía solicitar la presencia de un agente de policía, quien podía ordenar que la carne fuera «aprovechada en la zona» si comprobaba «la imposibilidad de su distribución en la forma establecida». La norma tampoco contemplaba sanciones para los propietarios afectados por el extravío o la sustracción de cabezas de ganado, y en los casos en que prescribía multas, estas eran de una cuantía modesta.

Fueron márgenes que el Código Penal de 1979 pretendió eliminar, al definir sanciones para quienes incurrieran en delitos relacionados con el ganado bovino. Ocho años más tarde, tras la promulgación del todavía vigente Código Penal, que extendió la veda a los ejemplares equinos, el punitivismo se hizo más marcado, para lo cual se fijaron penas conjuntas de hasta diez años de prisión; y en 1999, la ley modificatoria aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular elevó el techo de condenas hasta los 23 años.

 

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UNA GANADERÍA MALTRECHA PERO FUNDAMENTAL

En 2015, al ser entrevistado por la cadena británica BBC, el abogado Camilo Loret de Mola —quien ejerció en Cuba entre 1989 y 1999— recordaba cómo a lo largo de la década de 1990 el sacrificio de ganado mayor era un delito común en los tribunales; «en La Habana podían realizarse hasta cinco juicios diarios por ese motivo». Un documental del realizador Gustavo Pérez sobre los dramáticos viajes en tren de la época recogía el episodio de dos reses amarradas sobre la línea férrea para que la locomotora las golpeara, y mostraba cómo varias personas terminaban arrestadas bajo la acusación de provocar el accidente.

«La carne de res se convirtió en una especie de oro rojo», señaló Loret de Mola. La demanda llegó a ser tal que en 2011 Raúl Castro reconoció ante el Parlamento la magnitud de un negocio en el que compartían responsabilidades «matarifes, jefes y especialistas de empresas estatales, unidades básicas de producción cooperativa, agricultores pequeños, veterinarios, directores municipales y otros funcionarios que se supone deberían velar por el crecimiento de la masa ganadera». Para poner fin a aquel orden de cosas, la Policía y otras instituciones unirían fuerzas en contra del «cuatrerismo de los campos cubanos».

Comenzó así la llamada Operación Tauro, que desde mediados de 2011 se ha mantenido en oleadas sucesivas. De tiempo en tiempo, se activan los operativos en distintos puntos del país, y aunque las detenciones y posteriores juicios deben haber implicado a cientos de personas, ni el Ministerio del Interior ni instancias como la Asamblea Nacional —a la que en ocasiones se ha informado— han hecho públicas estadísticas sobre el tema.

Más allá de las miles de reses robadas cada año por los cuatreros, el Ministerio de la Agricultura tampoco ha sido capaz de superar el drama de la temporada seca, los meses de menos precipitaciones, cuando un número mayor de cabezas se pierde por falta de alimentos y agua. Solo en Camagüey, la provincia que concentra un quinto de la producción ganadera del país, en 2020 murieron por esa razón más de 41 mil animales y de los sobrevivientes varias decenas de miles deberán ser sacrificados si se demoran las lluvias en este mayo.

«Casi siempre, desde antes de empezar la seca, se sabe que ese “ganado depauperado” no llegará a la primavera. Son animales que uno tiene que mantener porque no puede sacrificarlos ni vendérselos a la empresa ganadera o al “cárnico”. En definitiva, no le queda más remedio que gastar en ellos parte del agua y la comida que le harían falta para cuidar a sus mejores ejemplares», lamentó en 2020 Yolexis, un finquero del municipio camagüeyano Florida. Los protocolos dictados por el Ministerio de la Agricultura para el manejo de la cabaña ganadera han sido, durante años, más un obstáculo que un beneficio para los criadores, al pretender reglamentar incluso los detalles del trabajo rural; «de la Agricultura exigen mucho, pero por lo regular no contribuyen ni con un rollo de alambre», contó otro criador camagüeyano.

Un cambio radical en ese orden de cosas es el objetivo manifiesto de la filosofía ganadera recién anunciada. Pero más allá de lo prescrito desde cómodas oficinas capitalinas, la evidencia última de la verdad solo podrá encontrarse en los potreros y fincas. Así lo anticipaba, en septiembre del año anterior, el economista Pedro Monreal, al recordar que en los modelos chino y vietnamita —tan admirados por la nomenclatura cubana— las reformas se iniciaron por el campo. «El contexto internacional para la reforma económica en Cuba no podría ser peor, [pero] llevarla adelante es un imperativo que no debe dilatarse más», señala el programa de modernización planteado por Monreal y otros prestigiosos economistas.

Las nuevas medidas para la agricultura en Cuba parecieran tomar como referencia muchas de las propuestas recogidas en aquel documento, aunque en un hilo de Twitter el propio Monreal insiste en no dejarse llevar por un optimismo infundado: «Los datos de 2014 a 2019 no permiten visualizar una recuperación rápida. En ese período, la masa ganadera bovina se contrajo 7%».

Casi sesenta años después de los primeros llamados a «salvar las vacas», con condenas judiciales por el camino y dos millones de cabezas de ganado menos, el Gobierno pretende ahora que la carne de res en Cuba se convierta en parte de la normalidad. No podría imaginarse un reto más simbólico. Ni más difícil de coronar.

 

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