A comienzos de este diciembre, la entrada en vigor de una resolución de octubre del Gobierno capitalino, que establecía precios tope para diversos alimentos, ocasionó que la mayoría de los mercados de La Habana quedaran vacíos.

Con el fin de que las tarimas volvieran a mostrarse surtidas, las autoridades apelaron a envíos excepcionales desde otras provincias y flexibilizaron los controles. Aunque algunas ofertas han reaparecido, otras como la carne de cerdo difícilmente se ajustarán a los precios oficiales.

La Habana recibía en noviembre alrededor de una cuarta parte de las mil toneladas diarias de productos agropecuarios que necesitaba para satisfacer las necesidades de sus habitantes; por eso se imponía un freno a la inflación, declaró a la televisión nacional la directora de Finanzas y Precios en la metrópoli. La respuesta fue establecer la norma de marras, en reemplazo de otra similar dictada en agosto de 2019, que tampoco había tenido éxito.

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No basta con topar los precios

Desde el verano de 2019, cuando el Gobierno central elevó de manera exponencial los salarios del sector presupuestado, ganó fuerza en el discurso público la premisa de que debían reforzarse los controles administrativos sobre la inflación. Por aquellas fechas, el Ministerio de Finanzas y Precios cifraba sus mayores esperanzas en un llamado Observatorio de Precios, que habría de disparar las alarmas ante prácticas abusivas. «Hay que tener más respuesta de las autoridades, que deben y tienen que proteger a los consumidores», reclamaba en enero de este año la titular de esa cartera, Meisi Bolaños. Solo en diciembre de 2019 se habían recibido en la sede del Ministerio más de 730 denuncias sobre violaciones de tarifas, «sin contar las que llegaron a cada territorio».

Fue una política que resultó más o menos efectiva hasta que Cuba entró en la órbita de la COVID-19, y al dramático incremento de sus gastos sanitarios se sumaron los efectos de la crisis en el turismo, el cierre de algunas misiones médicas y la disminución de liquidez en divisas debido al cierre de fronteras.

La necesidad de ingresos impulsó al Palacio de la Revolución a aplicar medidas que habían sido archivadas en «espera de circunstancias más favorables». En varios sentidos, el escenario actual pareciera una reedición de lo vivido en los comienzos de la década de 1990, cuando la ortodoxia revolucionaria se vio obligada a ceder en cuanto al trabajo por cuenta propia, la despenalización del dólar y la inversión extranjera, decisiones todas que resultaron fundamentales para controlar la inflación, según explicó en un reciente Live de Facebook la economista y experta en Políticas Públicas Tamarys Bahamonde.

Los años 1990 motivan posiciones encontradas entre estudiosos de dentro y fuera de Cuba. No pocos consideran que aquel primer impulso reformista fue una gran oportunidad perdida en la pretensión de abordar las deficiencias del modelo de desarrollo nacional.

Es ese un punto de vista compartido por Bahamonde. En su opinión, «la economía cubana afronta problemas estructurales que no se corregirán en el corto plazo». Para validar su afirmación, ningún aspecto resulta tan a propósito como el de los precios, que en Cuba «se establecen de forma completamente equivocada». «La economía es un organismo y los precios son la temperatura. Si tú tienes fiebre, ya sabes que algo está funcionando mal en tu organismo. Lo mismo ocurre con los precios. Si se desboca la inflación, tú sabes que algo está muy mal en tu sistema económico».

Hasta ahora el Gobierno ha insistido en no permitir la «libre expresión» de esa variable. «No sé cuál será el aliviadero del proceso inflacionario para que no se descontrole», confesó Bahamonde. Los topes de precios pueden retardar algo los fenómenos, pero deben ser los actores de la economía los encargados de «absorber la inflación», acotó.

El doctor en Ciencias Económicas Omar Everleny Pérez, una de las voces más autorizadas en el campo de los estudios sobre la economía cubana, consideró durante la mencionada transmisión de elTOQUE que la única forma en que podrían funcionar los límites tarifarios sería garantizando un abastecimiento de tal «magnitud que la gente vea que realmente los pesos cubanos van a tener poder adquisitivo». Pero lo ocurrido en La Habana recientemente evidenció la cohesión de los vendedores privados en su negativa a aceptar los costos normados; y de manera implícita, la incapacidad estatal para superar ese reto y satisfacer las necesidades de la población con mayor oferta.

Precios topados en un contexto de escasez y de unificación cambiaria

Las previsiones de la actual campaña de siembras no son favorables, según las autoridades debido a la escasez de combustibles y otros insumos. Si un año atrás, en una situación mejor y con un plan de nuevas plantaciones menos ambicioso, apenas se completó el 70 % de lo previsto, esta vez la meta fijada se antoja virtualmente inalcanzable.

En 2019 otras ramas de la economía pagaban las compras de alimentos que la agricultura no lograba producir, pero esa posibilidad ahora se encuentra limitada por los pobres ingresos de que dispone el presupuesto nacional.

Una fórmula que conjugue menos producción agropecuaria con menos importaciones solo puede dar por resultado una caída de los abastos para el mercado interno. En esas circunstancias, el Gobierno tiene ante sí tres alternativas: mantener un mercado libre, pero de precios topados (la opción que defienden sus funcionarios); racionar las ventas a partir de precios fijos; o eliminar todo tipo de controles sobre la comercialización y formación de precios.

Cualquiera de ellas implica riesgos notables para una sociedad que desde hace tiempo tiene en la compra de alimentos la principal partida de los presupuestos familiares.

La devaluación confirmada del CUP, como parte de la unificación cambiaria, inevitablemente encontrará fuerte resonancia en la factura nutricional del ciudadano promedio, sin que normas administrativas ni llamados a la conciencia social consigan poco más que visibilizar el problema.

Así lo han demostrado cinco años de precios topados —fue en diciembre de 2015 cuando el malestar ciudadano llegó a la Asamblea Nacional y logró forzar el abandono de la política de laissez faire que defendían los reformistas liderados por Marino Murillo Jorge—. Al año siguiente, las primeras listas de precios topados comenzarían a aparecer en los periódicos provinciales y Cuba alcanzaría su récord en la producción de carne de cerdo. Por entonces, el precio de una libra no pasaba de 25 CUP siquiera en los establecimientos más exclusivos; cinco años después, cuesta encontrarla por el cuádruple de esa cifra en algunas provincias.

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