Feministas cubanas y organizaciones de la sociedad civil independiente pidieron al Gobierno declarar «estado de emergencia por violencia machista», ante el aumento de feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas que se han registrado en los últimos meses.

Las estadísticas no mienten. Los testimonios y el dolor de las familias tampoco. YoSíTeCreo en Cuba es la primera plataforma cubana de apoyo y acompañamiento a personas en situación de violencia machista. Por tercer año consecutivo, en un comunicado emitido a través de sus redes sociales, la plataforma junto a otros organizaciones ha alertado sobre los numerosos hechos de extrema violencia registrados en poco tiempo.

«Nos están matando», inicia la misiva en la cual se explica que el estado de emergencia es un mecanismo que permite «establecer medidas para prevenir y erradicar conductas que promuevan la violencia de género, junto a protocolos de protección para sobrevivientes».

A la par, como forma de luto y protesta, varias activistas lanzaron una convocatoria ciudadana en redes sociales: subir una foto mostrando una cinta negra junto a los hashtags «2028 Está Muy Lejos», «Estado Feminicida» y «La Calle Será Testigo».

«Por nuestras hermanas víctimas de feminicidios en Cuba e hijos, sobrevivientes, y víctimas de feminicidios vicarios», escribió en Facebook la periodista y activista Marta María Ramírez. «Una cinta negra por ellas».

Cartel: YoSíTeCreo en Cuba

Primeros casos de 2023

Leidy Bacallao Santana tenía 17 años cuando fue asesinada por su expareja en la madrugada del 4 de febrero. El feminicidio ocurrió en la propia Estación de Policía de Camalote, Camagüey, donde la menor había ido a buscar refugio. Elesvan Hidalgo, de 49 años, la siguió y agredió de forma mortal con oficiales como testigos. 

Dos días antes del terrible hecho, la espirituana Rachel Ruiz Izquierdo, de 25 años, también fue asesinada por su expareja. El feminicida se quitó la vida luego de acabar con la de ella. El 30 de enero apareció en Matanzas el cuerpo sin vida de Yailanis Lázara Pérez Camacho, de 36. Si bien el caso se encuentra bajo investigación, las características de las agresiones indican que fue un feminicidio. A solo tres días del inicio de 2023, en Guantánamo, Damari Rodríguez Domínguez —madre de una niña— también era asesinada. El agresor, que había mantenido una relación de pareja con la víctima, se entregó a las autoridades.

Recientemente, la plataforma YoSíTeCreo en Cuba pudo confirmar otros dos avisos de feminicidio: Arletis Almarales Alberteris, fisioterapeuta de 40 años, agredida en la vía pública de San Germán, Holguín, por su expareja el pasado 26 de enero; y Yanet Rodríguez, de 33 años, también asesinada por su expareja el 3 de febrero, en San Agustín, capitalino municipio La Lisa.

La identificación y verificación de estos hechos violentos ha sido posible gracias al Observatorio de Género de Alas Tensas, el Observatorio de Feminicidios de YoSíTeCreo en Cuba y La Red Femenina de Cuba. El trabajo de las asociaciones independientes se complejiza al no poder acceder a información oficial en la mayoría de los casos, y depender del apoyo ciudadano; además del hostigamiento y acoso al que están expuestas sus activistas.

Con Leidy, son seis los casos confirmados de feminicidios en lo que va del presente año. Un dato alarmante que se une a los 36 asesinatos por razones de género registrados por observatorios independientes en 2022.

Apuntes legales a propósito del feminicidio de Leidy Bacallao

La desprotección de las mujeres en Cuba no solo se debe a un vacío legal o a la ausencia de una ley integral contra la violencia de género, sino a la falta de voluntad política.

¿Qué cambios supone el estado de emergencia? Experiencia internacional

 El reclamo por un estado de emergencia por violencia de género no es un pedido nuevo. En abril de 2021, en los momentos más duros de la cuarentena por la COVID-19 y cuando muchas mujeres se vieron encerradas con sus agresores, redes feministas argentinas presentaron ante el Congreso un proyecto de ley que no solo pedía declarar emergencia nacional, sino la puesta en práctica de un grupo de medidas que garantizaran un aumento sustancial de los recursos para el «acompañamiento económico y la asistencia integral a víctima» y «el fortalecimiento de organizaciones que integran redes comunitarias para la promoción de la autonomía de las mujeres y diversidades». En aquel entonces, las cifras eran de un feminicidio cada 30 horas.

Asimismo, en julio de 2022 se extendió el estado de emergencia en Puerto Rico ante el aumento de casos de violencia de género. La medida, decretada en la Ejecutiva OE-2021-013, se dispuso para dar prioridad política a la prevención y atención de la violencia de género en todas sus manifestaciones, luego del reclamo de varias organizaciones especializadas en la materia.

Con la proclamación del estado de emergencia se creó un Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la violencia de género (Comité PARE), encargado de revisar procedimientos de solicitud y expedición de órdenes de protección. En conjunto, se indicó al Departamento de Seguridad Pública dar seguimiento y verificar la seguridad de toda persona con una orden de protección por violencia de género; se ordenó al Departamento de Justicia explorar alternativas para atender con mayor sensibilidad y efectividad los casos; se desarrolló una aplicación para dispositivos móviles que permitiera solicitar asistencia de forma rápida en situaciones de emergencia; se implementó el Plan Alerta ROSA, un protocolo a seguir por agencias de seguridad y entidades públicas ante la posible desaparición o secuestro de una mujer.

¿Por qué es necesario declarar estado de emergencia en Cuba?

De acuerdo con la plataforma YoSíTeCreo en Cuba, y las diversas organizaciones que suscriben la petición, el estado de emergencia se hace urgente. La ciudadanía —y sobre todo, los cuerpos feminizados— carecen de mecanismos y protocolos efectivos de prevención que garanticen su protección. Aademás, se evidencian incumplimientos de las órdenes de alejamiento y malas prácticas en los procedimientos de recepción de denuncias.

De los feminicidios registrados en 2022, el 42 % fueron perpetrados por exparejas de las víctimas. De los victimarios, el 9 % tenía antecedentes conocidos de violencia machista. Las cifras, sin embargo, podrían llegar a ser mucho mayor considerando el silencio cómplice de las instituciones, la ausencia de un registro oficial de feminicidios y la dificultad en la recogida de datos que presentan las asociaciones independientes.

«Nos están matando porque muchos de los agresores identificados tenían antecedentes de violencia, lo que habla de la ausencia de la prevención y de estrategias para la reinserción de estas personas», señala la plataforma.

La rehabilitación de agresores es una de las tantas deudas del Gobierno cubano con la prevención, y de difícil implementación ante la ausencia de una perspectiva más integral de atención a la violencia machista mientras impera el enfoque punitivista, también con varias deficiencias en su aplicación.

En el comunicado, YSTCC puso en duda la efectividad de los escuetos programas y acciones de prevención impulsadas desde el oficialismo, que en el día a día han demostrado ser ineficientes. En resumidas cuentas, quedarse «en papeles».

En septiembre de 2022 quedó aprobado un nuevo Código de Familias en el que se reconocen derechos —como el matrimonio igualitario y la prohibición de formalizar las uniones tempranas ante la ley— y se amplían las herramientas legales para atender la violencia familiar. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en el área legislativa.

El nuevo Código Penal, que entró en vigor tres meses después de su aprobación, recoge varias modificaciones relacionadas con la violencia de género pero mantuvo un enfoque punitivista —se limita al aumento de penas—. Su vacío más importante fue no tipificar el feminicidio como delito. Tampoco incluyó en su cuerpo legal otras formas específicas de violencia como el ciberacoso y la violencia obstétrica.

Atención a la violencia de género. ¿Cómo llega Cuba a 2023?

Mientras el Gobierno se enfocó durante 2022 en reformas legislativas como vía para abordar el problema de la violencia machista, la sociedad civil independiente posiciona el acceso a la justicia, la reparación y el acompañamiento a las sobrevivientes como una prioridad a atender.

Por otra parte, políticas públicas como la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y la Violencia en el Escenario Familiar y el Programa de Adelanto de la Mujer no parecen estar siendo efectivas en materia de prevención y atención de la violencia, si se consideran los testimonios y cifras a más de un año de su aprobación. Mientras que otros servicios, como la solicitada Línea de atención a mujeres violentadas (113), tuvieron una deficiente implementación. En muchas ocasiones, el operador que atendía era un hombre, lo que puede condicionar la percepción de espacio seguro de las sobrevivientes —según denunciaron varias mujeres— o era utilizada en paralelo para otros fines, lo cual también atenta contra la calidad de la atención.

«La línea 113 se usaba para adicciones e información sobre COVID-19», denunció Marta María Ramírez en un reciente artículo publicado en la revista independiente El Estornudo.

Las mujeres cubanas también carecen de refugios y redes de protección que salvaguarden sus vidas y la de su descendencia. En 2022 se registraron dos feminicidios vicarios; entre ellos, un bebé de cinco meses. El infante y su madre Eriday Soto Martínez, de 26 años, fueron asesinados por la expareja de ella el 24 de marzo en la localidad de Jobabo, provincia Las Tunas.

La creación de refugios para víctimas de violencia de género ha sido un reclamo reiterado por parte de la sociedad civil. El informe «Casa Escucha: Violencias basadas en Género en Cuba 2019-2020» logró recopilar el testimonio de más de 400 mujeres. Además, indicó que el hogar continúa siendo el lugar más inseguro para las mujeres, con un 77 % de los casos ocurriendo dentro de este entorno.

El 2028 está muy lejos

La violencia de género es un problema social que demanda atención urgente en Cuba y cada día se hace más imperante la existencia de una ley integral que permita la articulación de normativas más centradas en la prevención, en la reparación social y que incorporen otras alternativas de justicia más efectivas. Sin embargo, esto ha demostrado no ser prioritario dentro de la agenda del oficialismo y una ley integral al parecer no entrará en discusión dentro del cronograma legislativo hasta después de 2028.

Ley contra la violencia de género en Cuba, la solicitud que no ha sido escuchada

La petición de una Ley Integral contra la violencia de género se ha mantenido en la agenda pública en los últimos cuatro años. Sin embargo, la respuesta del Gobierno cubano, hasta el momento, no da certezas de que esta se apruebe en el futuro inmediato.

Mientras las cifras de feminicidios continúan in crescendo y casos como el de Leidy, Rachel, Yailanis, Damaris y el resto de las víctimas fatales siguen inundando las redes sociales, el Gobierno mantiene una actitud criminalizadora contra activistas feministas y sexodisidencias, al sofocar cualquier iniciativa que venga de estos grupos.

«Los proyectos firmantes no podemos declarar un estado de emergencia con los recursos y el alcance que sí pudiera hacerlo la institucionalidad estatal, pero podemos unirnos para prevenir y hacer un uso ciudadano de lo poco disponible para la protección de personas en situación de violencia de género», llama en su comunicado la plataforma YoSíTeCreo en Cuba.

El Estado cubano ha demostrado, una vez más, cerrar los ojos ante el propio artículo 43 de la Constitución vigente que establece la obligación de «proteger a las mujeres de la violencia de género y crear los mecanismos institucionales y legales para ello». También omite el compromiso asumido con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, de la cual Cuba es firmante y ha ratificado en varias ocasiones ante Naciones Unidas. Ante la ausencia de respuesta, y mientras dure la inacción gubernamental, es importante preservar y apoyar las iniciativas ciudadanas y redes de apoyo que trabajan para evitar el aumento de feminicidios y desapariciones en el país.