El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPD) alertó desde el mes de marzo sobre el ascenso de la violencia de género durante el confinamiento. Desde diferentes latitudes se difunde información acerca de líneas rápidas de atención, teléfonos para ayuda psicológica y asesoramiento legal, ampliación de los cupos en los refugios de acogida. A la vez, las organizaciones feministas gestionan sus propias iniciativas, algunas con el debido respaldo estatal y otras como alternativa a la desidia de los gobiernos.

Los refugios son espacios imprescindibles para afrontar la escalada de violencia contra las mujeres. Su existencia ha evitado muertes antes y durante esta crisis.

También conocidos como casas o centros de acogida, los refugios brindan alojamiento a mujeres (y si fuera el caso en compañía de sus hijas e hijos) que sufren violencia de género principalmente por su pareja sentimental, expareja u otro integrante de la familia. Además, ofrecen servicios de ayuda psicológica, asesoramiento legal, transporte y colaboración para el sostén de la vida. Hay tantos tipos de refugios como combinaciones en cuanto a servicios y financiamiento se puedan acordar entre el sector público y las iniciativas privadas o comunitarias.

En 1995 la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing instó a gobiernos centrales y locales, organizaciones comunitarias y no gubernamentales, y a los sectores público y privado a: “Brindar refugios bien financiados y apoyo de socorro para niñas y mujeres sometidas a violencia, así como servicios de asesoramiento médico, psicológico y de otro tipo y asistencia legal gratuita o de bajo costo, donde sea necesario, así como la asistencia adecuada para que puedan encontrar un medio de subsistencia”.

Es decir, desde hace 25 años las Naciones Unidas solicitan a los gobiernos incorporar en sus políticas públicas la creación de refugios como respuesta a la violencia de género y como recurso para lograr la igualdad de género.

En 1971 en Chiswick, Reino Unido, se tiene referencia documentada del primer refugio para mujeres que sufrían violencia doméstica; fundado por la feminista británica Erin Pizzey como una iniciativa personal, aunque derivada del movimiento de mujeres de la época.

En América Latina parece ser que el primero fue el centro de acogida “Voz de la Mujer”, fundado en Perú, en el año 1982, por iniciativa de Rosa Dueñas. Más tarde, en São Paulo, Brasil, tras inaugurarse la primera Comisaría de Defensa de la Mujer (1985), se crea el primer refugio para mujeres en ese país, esta vez como una respuesta pública del gobierno estatal a la violencia intrafamiliar.

Sin embargo, los refugios comienzan a formularse como parte de las políticas públicas del panorama latinoamericano en la última década. En 2015, el Informe Regional sobre Desarrollo Humano en América Latina y el Caribe para el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) identificó que, de un total de 18 países de la región, 7 habían declarado no tener casas de acogida para mujeres en situación de violencia. En la actualidad, todos los países referidos en el informe cuentan con alguna red de refugios.

¿Por qué los refugios como respuesta necesaria de políticas públicas?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró desde 1996 que la violencia contra la mujer tenía que ser un asunto de salud pública para todos los países y, por tanto, los Estados tienen la obligación política de atenderla. La violencia es, en efecto, una de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años. La violencia de género en particular, afecta a más de un tercio de la población femenina mundial.

Se estima que en 2017 fueron asesinadas en todo el mundo 87 000 mujeres, de las cuales el 58 % murió a manos de sus parejas o familiares, unas 137 diariamente. El 35 % de las mujeres de todo el mundo ha sufrido, en algún momento de su vida, violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental. En nuestro continente, suman por día 12 feminicidios: aproximadamente dos mujeres mueren por el hecho de serlo cada 2 horas y, de cada tres de estos feminicidios, dos son cometidos por la pareja.

Todo lo anterior indica un foco rojo de violencia contra las mujeres al interior de sus hogares. De ahí la necesidad de crear refugios como políticas públicas de los países.

Refugios en Cuba

Aunque las casas de orientación a la mujer y la familia de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), pueden ofrecer asesoría a mujeres en situación de violencia machista, en nuestro país no contamos con ningún centro de acogida, y las políticas de prevención y protección a las víctimas son tibias o inexistentes.

Sin embargo, la violencia machista es un problema en Cuba. Según la Encuesta Nacional de Igualdad de Género de 2016, el 26,7 % de las mujeres entre 15 y 74 años fueron víctimas de alguna manifestación de violencia en su relación de pareja durante los 12 meses previos al estudio, y un 22,6 % lo fue, además, en “algún otro momento de su vida”. Pero como consecuencia del débil tejido institucional de protección eficiente, las mujeres no recurren a las instituciones. Solo el 3,7 % de las mujeres cubanas que declaran haber sufrido violencia al interior de sus relaciones de pareja han solicitado algún tipo de ayuda institucional.

Por otra parte, la tasa de feminicidios íntimos en Cuba (aquellos perpetrados por parejas o exparejas) es de 0,99 por cada 100 000 mujeres de 15 años o más, según cifras de 2016. Un análisis realizado a raíz de ese dato informó que, para ese mismo año, el Anuario Estadístico de Salud había registrado que 121 mujeres murieron a causa de agresiones; entonces, el 41 % de las muertes de mujeres por agresiones fueron a manos de parejas o exparejas. La autora del estudio llamó la atención sobre el hecho de que en el mundo ese tipo de asesinatos representan alrededor del 30 % del total. Por tanto, la cifra cubana supera el promedio global.

El problema, entonces, es notable. Pero su solución y contención se enfrenta a barreras provenientes de las omisiones al respecto en nuestras políticas públicas y en nuestra legislación. No estamos atemperados con los avances que en el contexto internacional se desarrollan y practican en pos de la igualdad de género y contra la violencia. No contamos con una Ley Integral contra la Violencia de Género. No tenemos tipificado el feminicidio en el Código Penal. Una de las barreras más robustas es la ausencia de refugios de acogida temporal para mujeres. Ello contraviene lo instado por la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer sobre la necesidad de, también, entender el asunto como un problema de salud pública a resolver por los Estados.

Durante el confinamiento

En México las solicitudes de asilo en refugios para mujeres aumentaron un 30 %; las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda por violencia de género, un 60 %, según la Red Nacional de Refugios de este país.

En Argentina, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad indicó que las llamadas a la línea de emergencia proporcionada por el gobierno para la atención a mujeres en situación de violencia, creció en un 39 %. A la par, desde que inició el confinamiento, sumaron 19 los feminicidios, y de ellos el 45 % (casi la mitad) fue por la pareja actual. Por ello habilitaron tres líneas de teléfonos por WhatsApp y una casilla de email para atender las urgencias de manera más desconcentrada.

Por su parte España, durante la primera semana de la cuarentena, contabilizó un aumento de las llamadas de emergencia de atención a víctimas de violencia de género en un 18,2 %, por lo que ese país implementó la campaña “Estamos contigo”, de la mano del Ministerio de Igualdad.

En Cuba no sabemos aún. No existe una línea estatal dedicada exclusivamente a las emergencias por violencia de género. No se sabe si el número de urgencias de la Policía Nacional Revolucionaria (106) lleva un registro de estos casos. No tenemos refugios. Algunas instituciones como la Fiscalía General de la República y la FMC anunciaron que sus líneas de siempre también podrán atender casos de violencia de género. La consejería del Centro Oscar Arnulfo Romero habilitó un correo electrónico para el mismo fin, y la plataforma de acompañamiento a mujeres en situación de violencia, creada desde la sociedad civil, YoSíTeCreo en Cuba, abrió a su vez una línea de emergencias. Son los escasos recursos que se pueden enumerar, escuálidos, si no cuentan con la debida articulación institucional.

Esperemos que el Estado cubano atienda con especial énfasis la pandemia histórica de la violencia de género para estos tiempos de confinamiento, tal y como insta con insistencia la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

“El Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a todos los gobiernos a que hagan de la prevención y la gestión de la violencia contra las mujeres una parte fundamental de sus planes de respuesta nacionales ante la COVID-19. Los refugios y las líneas de atención para las mujeres se deben considerar como un servicio esencial en todos los países, y deben contar con financiación específica y amplios esfuerzos destinados a mejorar la difusión de su disponibilidad”.

Y si sucede, ojalá sean medidas y estrategias que se conviertan en políticas públicas. Ojalá también las respuestas públicas en atención a las mujeres en situación de violencia en Cuba lleguen para quedarse.

 

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