El 25 de septiembre de 2022 los cubanos serán testigos, por primera vez desde 1959, de un referendo destinado a aprobar una ley, el Código de las Familias. Se trata de una ley que lleva varias décadas en estudio y redacción. Su borrador ha tenido más de 25 versiones en un período que abarca más de dos décadas.

El Gobierno cubano plebiscitará una norma técnicamente superior a la vigente y la cual reconoce ―al menos desde lo normativo― derechos humanos, a pesar de que nunca ha sometido a votación las disímiles leyes que ha aprobado y que restringen derechos y libertades.

El referendo del Código de las Familias ha venido acompañado, además, por una fuerte campaña gubernamental en favor del sí. Ha sido ofrecido como la nueva expresión del humanismo de la «Revolución», regalo de la generación histórica (la de los hermanos Castro) que ahora parece superar los prejuicios para permitir la promulgación del Código.

Sin embargo, al tiempo que la propaganda y los gobernantes se refieren al Código como un regalo, se desentienden mediante un referendo con vocación plebiscitaria de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar ―con independencia del criterio de las mayorías― los derechos humanos de todas las personas.

Por eso, muchos consideran que la campaña gubernamental en favor del Código es hipócrita. Sucede que, en realidad, la consulta popular del Código de las Familias, el referendo para su aprobación y la campaña gubernamental de apoyo son parte de un juego de ingeniería política. En él, tanto los sectores conservadores (opuestos al reconocimiento de muchos de los derechos e instituciones reguladas en el Código), como quienes apoyan el reconocimiento normativo y real de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, han sido fichas.

El juego de ingeniería política comenzó en el verano de 2018 con la consulta popular del primer borrador de la Constitución de 2019. Su predecesora (la Constitución de 1976) no establecía la necesidad de realizar una consulta popular para reformar la carta magna. La consulta popular de 2018 no fue un acto formal imprescindible para impulsar la reforma constitucional, sino una herramienta de distracción. Un mecanismo para aportar números vacíos que pudiesen utilizarse para maquillar los déficits democráticos del proceso.

El artículo 68 del primer borrador de la carta magna que modificaba la regulación constitucional del matrimonio fue trascendental en ese movimiento distractor. Para regular el matrimonio igualitario en Cuba era imprescindible eliminar el obstáculo constitucional establecido en el texto de 1976. El texto reconocía de manera expresa que el matrimonio solo podía concertarse entre un hombre y una mujer.

La necesidad de modificar la regulación constitucional del matrimonio como paso previo e indispensable para el reconocimiento posterior del matrimonio igualitario tuvo un papel preponderante en la comunicación gubernamental desde la presentación oficial del proyecto en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). La fórmula del artículo 68 ofrecía una protección expresa a todas las «personas» que quisieran casarse y así fue amplificado por la propaganda.

El enfoque en un tema social sensible se sumó a la exclusión de la consulta de otros políticamente relevantes (como el monopolio del Partido Comunista y el carácter irrevocable del modelo político-económico socialista).

El resultado era esperado. La mayoría de las intervenciones durante la consulta se concentraron en el artículo 68. De acuerdo con cifras oficiales, el artículo «recibió 192 408 opiniones, el 24.57 % del total de la consulta, y fue mencionado en 88 66 reuniones (66 %)». También se conoció que la mayoría de quienes aludieron el tema propusieron «sustituir la unión concertada entre dos personas y volver a que sea entre un hombre y una mujer, como está en la actual Constitución» (la de 1976).

A partir de los resultados de la consulta y luego de lograr su objetivo de distracción, los redactores de la nueva Constitución decidieron modificar la fórmula utilizada en el artículo 68. Al concluir la consulta, colocaron la mirada en el referendo aprobatorio. Un referendo en el que el voto no podía ser parcial y en el que el no implicaría tanto el rechazo al matrimonio igualitario como al modelo político propuesto por el texto. Un referendo que constituye el primer y único ejercicio plebiscitario al que se había enfrentado el poder cubano en más de 40 años.

Un ejercicio plebiscitario que, de antemano, sabían no contaría con igual sustento al de otras oportunidades (el referendo aprobatorio de la Constitución de 1976 terminó con el apoyo de más del 98 % del electorado) y que, por ende, necesitaban sostener la idea de que el pueblo cubano o su amplia mayoría apoyaba y defendía a la Revolución socialista.

Por esa razón, los gobernantes cubanos renunciaron a la defensa de una idea que uno de los artífices principales del texto constitucional, Homero Acosta Álvarez (secretario de la ANPP y el Consejo de Estado y miembro de la comisión redactora de la Constitución), había defendido públicamente.

En octubre de 2019 ―unos meses antes de anunciar los cambios al borrador inicial―, Homero Acosta reconoció que los constituyentistas habían optado por asumir el reto de ofrecer y mantener en el texto un nuevo concepto de matrimonio. Alegó que lo habían hecho «a sabiendas de que su inclusión podía generar discrepancias atendiendo a razones culturales, prejuicios y visiones estereotipadas que no se transforma[ban] de un día para otro». Terminó la justificación de su razonamiento con un par de interrogantes: «Si la Constitución proclama el reconocimiento con amplitud del derecho de igualdad, ¿por qué debe limitar que personas con diferente orientación sexual puedan alcanzar el matrimonio? ¿Tendrá que seguir este concepto anclado en visiones superadas por el tiempo o modificarse y reconocerse como un derecho, al igual que va ocurriendo paulatinamente a nivel planetario?».

A pesar de lo anterior, después de la consulta popular, Homero Acosta y los decisores cambiaron la fórmula del artículo 68 por una más generalista que cumplía con las expectativas del sector conservador que se había opuesto al reconocimiento del matrimonio igualitario. Las concesiones no solo alcanzaron la modificación del artículo 68, sino también la disposición de la celebración de una nueva consulta popular y un referendo para debatir y aprobar la norma que pudiese regular ese y otros derechos de la comunidad LGBTIQ+: el Código de las Familias. Los conservadores creyeron haber triunfado en aquel entonces o, al menos, haber ganado tiempo.

El Estado, a su vez, se mostraba como un actor que escuchaba y recepcionaba los cuestionamientos de la ciudadanía y no renunció a los objetivos que pudo declarar con anterioridad. Al tiempo que complacía a los conservadores, el poder cubano tuvo la suficiente inteligencia y habilidad política para eliminar la prohibición constitucional tácita heredada del texto de 1976 y dejar entreabierta la puerta para una futura nueva discusión sobre el matrimonio igualitario en el término de dos años.

El referendo del 25 de septiembre de 2022 será el capítulo de cierre de un ejercicio diseñado por el poder cubano, pensado más en su beneficio que en el de la comunidad que dice defender a través del Código.

Luego del referendo, el Gobierno cubano habrá alcanzado los resultados que esperaba en el referendo constitucional (el que más le importaba en realidad). Habrá mantenido, además, entretenidos y enfrentados entre sí a activistas y sectores conservadores opuestos al Código. El auge del conflicto entre ciudadanos habrá evitado que el Gobierno fuera señalado como lo que es: el principal responsable de garantizar ―sin someter a votación popular― los derechos de las minorías.

Asimismo, el Gobierno habrá logrado exportar un mensaje que simula democratización e impulso de agendas de derechos humanos a la comunidad internacional, los organismos internacionales y los aliados de izquierda que le quedan en la región latinoamericana y en el resto del mundo.

¿Qué tan democrático es el referendo del Código de las Familias en Cuba?

Ni la Constitución vigente ni otra disposición normativa cubana, establecen las reglas para realizar un referendo legislativo. ¿Qué garantías existen entonces para el referendo del Código de las Familias? La politóloga Johanna Cilano comenta al respecto en el siguiente texto.

Pero, al tiempo que envía ese mensaje mediante la campaña gubernamental en favor del Código de las Familias, en realidad lo que hace es desentenderse de su responsabilidad de garante de derechos y trasladarla al electorado. El electorado al que ha sido incapaz de consultar para promulgar ―en paralelo a la aprobación del Código de las Familias― normas que limitan derechos y libertades como el Código Penal.

El envío de un mensaje al mundo sobre sus teóricos deseos de profundizar el reconocimiento de derechos humanos es fundamental para el Gobierno cubano. Sobre todo en un contexto en el que es ampliamente señalado por el aumento de la represión y la limitación de derechos civiles y políticos. En ese esfuerzo, el Código de las Familias es indispensable y la comunidad LGBTIQ+ (traicionada durante el proceso de reforma constitucional, pero que ve en el Código el paso definitivo para el reconocimiento de derechos por los que luchan hace años) parece ser ―en muchos casos sin quererlo― su mejor aliada. Pero esa percepción no disminuye la justeza del reclamo de derechos humanos para una comunidad que, además, lleva años luchando por ellos.

No obstante, es innegable que quienes desde siempre han apoyado el matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBTIQ+ han terminado envueltos (y discriminados) en una red que fue diseñada por el poder que debió garantizar ―sin excusas― esos derechos. Una red que perseguía ofrecer la imagen de una simbiosis entre los intereses de los gobernantes y de la comunidad LGBTIQ+. Una simbiosis que es inexistente. Pero denunciarlo implicaría rechazar de manera tácita el Código que les garantiza derechos por primera vez.

La comunidad LGBTIQ+ ha sido incapaz de sobreponerse a ese entramado y oponerse, no a los sectores de la ciudadanía que apuestan por negarles derechos, sino a quienes decidieron que sus derechos debían ser consultados y dependientes del voto del electorado. De esa decisión son responsables el Partido Comunista y los gobernantes cubanos. Sin embargo, una parte de la comunidad LGBTIQ+ se ha concentrado más en embestir a quienes los atacan que en señalar a quienes los colocaron en esta situación.

No obstante, el Gobierno ha jugado por igual con la comunidad LGBTIQ+ como con los sectores conservadores que se oponen. Sectores que, en 2018, creyeron ser escuchados o temidos por el poder y que vieron en el referendo constitucional una victoria parcial o una ganancia de tiempo.

Los conservadores vuelven hoy a oponerse al Código de las Familias. Pero más que un rechazo al Código en su conjunto, es (en lo fundamental) un rechazo a los contenidos que involucran a la comunidad LGBTIQ+ y los cambios en la concepción tradicional de la familia. El matrimonio igualitario, el derecho de las parejas homosexuales a adoptar, la implementación de la gestación solidaria o los cambios en la educación y los derechos de los hijos para determinar sobre aspectos de su vida (incluso cuando sean menores de edad) han sido algunos de los elementos más señalados por quienes dicen no al Código.

Para oponerse a los cambios en la concepción de los derechos de los niños y niñas, con frecuencia, recurren a los teóricos peligros que representa para ellos la llamada «ideología de género» que, aseguran, guía el Código. Apelan también a lo dañino que puede ser la intervención del Estado en las decisiones de padres y madres sobre sus hijos.

Sin embargo, muchos de esos conservadores que hoy se oponen al Código ―sobre todo vinculados a comunidades religiosas― en 2018 prefirieron no oponerse ―o al menos no hacerlo con igual vehemencia a como lo hicieron con el matrimonio igualitario― al monopolio que la Constitución le garantiza al Estado cubano sobre la educación. Un monopolio que permite, como norma, el adoctrinamiento de niños y niñas en unos valores e ideología que propugna el ateísmo y la adoración al Estado encarnado en un partido político.

Pero esos conservadores terminaron por ser fichas del diseño político ingenieril del poder cubano. Los mismos conservadores que ayer evitaron insistir en temas políticamente más conflictivos para impedir, a su vez, el reconocimiento de derechos. El Gobierno siempre lo supo y además comparte muchos de los ideales defendidos por los conservadores. Por eso, después de la consulta popular de la Constitución continuó entregándoles otras «victorias» que, a la distancia, parecen haber sido solo distractoras.

Patria potestad o responsabilidad parental: quién criará a nuestros hijos

El riesgo de la suspensión de la patria potestad o la responsabilidad parental no radica en el cambio de denominación introducido por el anteproyecto del Código de las Familias. El anteproyecto no define cuándo o qué podrán hacer los menores de edad en contra del deseo de los padres.

Por ejemplo, en septiembre de 2021 ―a tres años de la consulta popular que definió la eliminación de la protección constitucional al matrimonio igualitario―, el Ministerio de Educación aplazó la entrada en vigor de una resolución emitida en febrero de ese año y que implementaba el programa de Educación Integral en Sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional de Educación.

Al anunciar la suspensión, las autoridades cubanas dijeron que las condiciones no estaban creadas y alegaron falta de recursos para imprimir materiales, y el hecho de que el nuevo Código de las Familias no se había aprobado. Consideraron que el texto del nuevo Código era imprescindible para perfeccionar el programa.

A pesar de las «concesiones» a los conservadores, luego de su participación en el juego político diseñado por el poder terminarán siendo víctimas de la falta de garantías que ofrecen los procedimientos que, en 2018, utilizaron para lograr sus objetivos.

Los conservadores prefirieron recibir con júbilo sus «victorias» y pagarlas con moderación en la denuncia de hechos y circunstancias también contrarias a sus ideales e intereses, pero que eran políticamente mucho más sensibles para el poder. Se profundizaba así lo que ha sido ―salvo excepciones individuales y no institucionales― un concordato tácito entre las iglesias y el Gobierno cubano.

Sin embargo, ese concordato que les permitió oponerse de manera abierta al matrimonio igualitario hoy no les vale en absoluto ante el referendo del 25 de septiembre. En aquel momento, llegaron incluso a hacer lo que la oposición política no puede: ocupar espacios públicos para demostrar su rechazo. Los conservadores que ayer apostaron por participar de los mecanismos «democráticos» ofrecidos por el poder cubano (consulta popular o referendo constitucional) para evitar el reconocimiento constitucional del matrimonio igualitario, hoy tienen amplísimas posibilidades de ser víctimas de sus falencias.

Después de lograr la eliminación de la protección constitucional al matrimonio igualitario, hoy enfrentan la posibilidad de que se apruebe un Código de las Familias que reconoce de formas más amplias y técnicamente superiores no solo el matrimonio igualitario, sino también otros derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Sin embargo, en esta oportunidad no tienen garantía alguna de que su voto pueda contar. A diferencia del constitucional, en el referendo del Código de las Familias no hay nada en juego para el poder cubano. Todo es ganancia. Por eso, el Partido Comunista que, en definitiva, controla el Estado cubano (incluidas sus autoridades electorales) no ha dudado en mostrar su apoyo al Código mediante expresiones públicas de sus principales figuras. Las expresiones han sido apoyadas ―y promovidas― por las autoridades electorales que, en teoría, deberían ser y mostrarse imparciales. 

Es difícil dudar del triunfo del sí bajo esas circunstancias. Los resultados oficiales de la consulta popular sobre el Código de las Familias pueden ser un avance de los números que se esperan el 26 de septiembre cuando se ofrezcan los datos preliminares. El Gobierno ha anunciado que cerca del 67 % de los consultados son favorables al sí. Esos avances no son gratis. La transparencia no es una característica del Gobierno cubano, como tampoco lo es el ofrecimiento de datos que, ante la ausencia de sondeos reales, puedan servir para predecir las intenciones de voto. La publicación de los datos es parte del proceso de ingeniería que ha llevado hasta aquí.

Ante los previsibles resultados, a los conservadores y a cualquier ciudadano interesado en que su voto realmente cuente solo les resta intentar fiscalizar al poder mediante mecanismos que escapan de su control. Tal es el caso de veedurías electorales independientes (otro mecanismo que pudiera y debiera intentar activar quien quiera elevar la presión política y hacer que su voto cuente en el próximo referendo).

No obstante, es muy probable que cualquiera de estas acciones para intentar elevar la presión ―sobre todo en un momento de precariedad generalizada― sea reprimida o impedida por el Gobierno cubano mediante otros métodos.

El Código de las Familias es como un teatro de operaciones en el que, además, el Gobierno cubano controla todos los hilos. En el escenario de incertidumbre en el que parece haber sumido al Código, también resuena una idea impulsada por otro sector considerable de la ciudadanía cubana: abstenerse de participar en lo que consideran un espectáculo.

Ante un escenario complejo en el que convergen criterios polarizados, y ante el juego político del Estado cubano en relación con los derechos que concede el Código de las Familias, solo resta aguardar por el resultado final; sea cual fuere. Luego del 25 de septiembre iniciará, con probabilidad, otro camino de resistencia.  

TAMBIÉN TE SUGERIMOS:

¿Dónde están los límites para mi hijo? Autonomía progresiva en Cuba (I)

A partir del amplio debate que ha generado la introducción del término «autonomía progresiva» en el anteproyecto del Código de las Familias, vale la pena indagar si se trata de la primera ocasión en que se utiliza este principio en Cuba.

La oposición oficial de la Iglesia al Código de las Familias

La campaña religiosa en contra de algunos artículos del anteproyecto del Código de las Familias se hace más latente a medida que avanza el proceso de consulta popular de la legislación, extensivo en Cuba hasta el 30 de abril de 2022.

A propósito del Código de las Familias y su referendo

El referendo del Código de las Familias cubano, convocado para el 25 de septiembre de 2022, genera las más variadas polémicas. El jurista Raudiel Peña ofrece sus puntos de vista al respecto.

Si te interesan los temas jurídicos puedes visitar nuestro proyecto elTOQUE Jurídico, en el cual encontrarás análisis y debates sobre las leyes, los derechos y los procesos jurídicos en Cuba. 

Síguenos también en Twitter: @eltoquejuridico